La histórica petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que se modifique la Constitución que, en su redacción actual, se refiere en su artículo 49 a esas personas como “disminuidos”, no podrá ser aprobada esta legislatura por el rechazo de Partido Popular y Vox. Este jueves el Congreso de los Diputados ha debatido las enmiendas de devolución al texto de reforma aprobado en mayo por el Gobierno registradas por ambas formaciones que pugnan desde hace meses por el mismo electorado de derechas.
Esas enmiendas han sido rechazadas en el Pleno, por lo que la reforma continuará su tramitación parlamentaria. Pero el anunciado rechazo de los partidos a la citada modificación de la Carta Magna aventura que, una vez se aborde en ponencia, comisión y Pleno y se someta a la votación de la Cámara Baja –un proceso que puede demorarse durante meses–, el texto no logrará el apoyo reforzado que exige el artículo 167 de la Constitución para este tipo de reformas.
Dicho artículo señala que “los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras”, una suma imposible con la aritmética actual y el rechazo de las derechas, y que “si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado”.
“De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado”, añade la Constitución, “el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma”. Esta opción tampoco sería viable ya que PP y Vox –los dos partidos que rechazan la reforma– suman 140 diputados, por lo que ambas fuerzas alcanzan más de un tercio de los votos del Congreso –compuesto por 350 parlamentarios–, que es de 117 escaños.
El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución aprobado por el Consejo de Ministros hace casi cinco meses modifica, por un lado, la terminología que emplea el precepto constitucional –ahora habla de “disminuidos”– para referirse al “colectivo de las personas con discapacidad”. “Cumplimos un deber que tenemos como sociedad”, ha asegurado este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la defensa de la reforma en el Pleno del Congreso. “Lo importante es anteponer la palabra 'persona'. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirlas”, ha apuntado el ministro en el Congreso. “El respeto a la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del siglo XXI. Proponemos un cambio que afianza la Constitución, nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad”, ha zanjado.
La iniciativa también plantea reformar la estructura del citado artículo para dividirlo en cuatro apartados en los que se refleja una dimensión diferente de la protección de este colectivo. Asimismo, también se modifica su contenido poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad “como ciudadanos libres e iguales”.
PP y Vox rechazan estos cambios. El martes, en rueda de prensa, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, relacionó su rechazo a las alianzas que sostienen al Gobierno progresista. A su juicio, la “apertura en canal” de la Constitución supone “un riesgo que no se ha medido” suficientemente por la “dependencia” parlamentaria del Ejecutivo “de los partidos independentistas”.
Vox, en contra de la “colectivización”
En su enmienda de devolución que, como la de Vox, será previsiblemente rechazada este jueves por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, el PP argumenta además que la acepción “disminuidos” utilizada en el texto constitucional y que rechazan todos los colectivos de personas con discapacidad “no ha supuesto un obstáculo” para que los poderes públicos garanticen los derechos fundamentales de estos ciudadanos, por lo que ve “cuestionable” la reforma constitucional y aprecia necesario alcanzar el “consenso” político.
Los argumentos de Vox son más enrevesados. Según aseguró también el martes su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con su iniciativa de reforma de la Constitución el Gobierno evidencia que “odia a quien no encaja en los patrones de colectivización”. Además, sostuvo que, “en realidad” los grupos que apoyan la modificación de la Carta Magna no defienden a las personas con discapacidad porque han respaldado una “ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad”. “Que dejen en primer lugar que nazcan”, enfatizó.
Ambas formaciones arguyen también que la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el Consejo de Estado aunque, en realidad, el órgano consultivo tan solo realizó unas recomendaciones sobre la redacción de uno de los puntos, respaldando en todo caso el objetivo principal de la modificación que es cambiar el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”.
Si, una vez rechazadas sus enmiendas de devolución, PP o Vox cambian de parecer y, al finalizar la tramitación parlamentaria finalmente apoyan la modificación constitucional, esta sería la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación, en 1975. La primera se produjo en 1992 para que los residentes extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales. En 2011 se realizó la última y polémica modificación acordada por PSOE y PP en el marco de la crisis financiera que estalló en 2008 para introducir el principio de “estabilidad presupuestaria” para priorizar el pago de la deuda de las administraciones y dificultar su endeudamiento.