“Después de la amnistía empieza el juego”. Así resumían en la dirección del PP este miércoles su estupefacción ante el desenlace del “estrambótico” Pleno del Congreso, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, en el que el Gobierno logró este miércoles convalidar dos de los tres primeros decretos de la legislatura gracias a un acuerdo ‘in extremis’ con Junts, mientras la derecha veía cómo sus enmiendas de totalidad a la ley de amnistía decaían. Una ley que sigue en tramitación, lo que, según el PP, permite a Pedro Sánchez mantener su mayoría parlamentaria.
“Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, días y horas no me hubiese dedicado a la política”, dijo Feijóo en una declaración sin preguntas ante los medios alrededor de las siete de la tarde. Quedaba todavía una hora y media larga de sesión parlamentaria después de que un error de un diputado hubiera obligado a repetir varias votaciones. El PP y Vox aprovecharon para reclamar hacerla por llamamiento: de uno en uno, en pie y a viva voz.
“Esta deshonra, esta humillación y esperpento no nos lo merecemos”, dijo un Feijóo que durante el día, y las semanas previas, había fantaseado con que el Gobierno perdiera la votación. Su portavoz nacional, Borja Sémper, ya aseguró el lunes en una rueda de prensa que Sánchez pendía de un hilo y que el Ejecutivo podía decaer tras pocas semanas de andadura.
Durante la jornada, en el PP vieron con interés creciente las idas y venidas entre el PSOE y Junts (además de entre el PSOE, Sumar y Podemos por el decreto del subsidio de desempleo, que no fue aprobado). Pero los socialistas amarraron la mayoría de la investidura para sus dos decretos (el tercero es de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz) a cambio de varias concesiones a Junts que se tendrán que concretar en el futuro y que la derecha ya se plantea llevar al Tribunal Constitucional pese a no conocerse el detalle.
En el PP creen que mientras la ley de amnistía esté en trámite, Sánchez tiene amarrado a Junts, que tiene como objetivo principal lograr el regreso a España de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y el resto de políticos huidos de la justicia para no ser juzgados por el proceso independentista de 2017. Por eso, el “juego” no empezará hasta que la amnistía sea ley.
Pero el PP no quiere que lo sea. Y ante las dificultades para evitarlo no quiere dejar de demostrar su oposición a la norma. Lo hizo este miércoles con una enmienda a la totalidad que plantea introducir en el Código Penal un nuevo delito de “deslealtad constitucional” que permita ilegalizar a los partidos que lo cometan. Un nuevo tipo pensando expresamente para el independentismo.
La mayoría de la investidura lo tumbó. Feijóo quiere definir la estrategia de su partido para este 2024 con los hitos de la triple convocatoria electoral del primer semestre como principales objetivos: revalidar Galicia, ser decisivos en Euskadi y volver a ganar a nivel nacional en las europeas, según dijo en un discurso el martes ante el Comité Ejecutivo.
Para ello ha convocado a toda su dirección a un “retiro” en Toledo que durará desde este jueves al domingo. Un encierro de trabajo para él, la secretaria general, los vicesecretarios y algunos de sus principales colaboradores.
Vuelta a la calle
La amnistía sigue así su tramitación en el Congreso. Luego tendrá que pasar al Senado, donde el PP aprovechará su mayoría absoluta para retrasarla lo máximo posible. De vuelta al Congreso, será definitivamente aprobada, aunque eso no llegará antes de la primavera.
Su primera aprobación en la Cámara Baja sí se espera para finales de enero. Y el PP volverá a la estrategia de movilización contra la amnistía con un acto público en la calle el día 28 de ese mismo mes, según adelantó La Sexta. Apenas un día después de la Asamblea extraordinaria convocada por Vox para ratificar el liderazgo de Santiago Abascal.
El líder de Vox y el del PP han coincidido este miércoles en el Senado (donde se ha desarrollado la sesión por obras en el Congreso). Antes de la última votación, ambos se han dado la mano en la puerta del Hemiciclo y han departido durante unos instantes. Minutos antes, Feijóo y su equipo más próximo mantenían en el mismo lugar una agitada conversación.
La movilización del 28, todavía sin definir exactamente, será la vuelta del PP a las movilizaciones sociales de las semanas previas al cierre de 2023. Desde la tribuna, la secretaria general, Cuca Gamarra, hacía una mención expresa a “todas esas manifestaciones pacíficas reclamando la igualdad de todos los españoles”.
Y regreso a Bruselas
La vuelta a la calle vendrá de la mano de una nueva ofensiva en Bruselas contra la amnistía. El final de enero coincide con una sesión del llamado Comité de las Regiones, al que acudirán presidentes autonómicos del PP para denunciar ante las instituciones de la Unión Europea la ley de amnistía.
Los intentos previos de convertir ese órgano en una caja de resonancia de la ley de amnistía en Europa, donde no ha generado el interés ni la indignación que en el PP preveían, han caído en saco roto. Y eso que Feijóo confía en que sean las instituciones comunitarias las que tumben la amnistía.
El Comité de las Regiones es, de hecho, una de las instituciones con menos repercusión de la UE. Tiene un carácter meramente consultivo en los procesos legislativos europeos con el fin de que las entidades locales y regionales tengan repercusión en las instancias europeas. En el caso de España, tiene 21 representantes. Entre los titulares están los presidentes autonómicos (a excepción de Catalunya, que envía a la consellera Meritxell Serret); el vicepresidente de la FEMP, el alcalde de Estepona, José María García Urbano; y el expresidente y regidor de Vigo, Abel Caballero. La Comisión Europea está obligada a consultar al Comité de las Regiones sobre las propuestas legislativas que afectan a los municipios y regiones (cohesión, fondos, juventud, empleo, asuntos sociales, etc.), aunque su opinión no es vinculante.
El PP español ya llevó el tema de la amnistía al Pleno de noviembre, pero no tuvo éxito. Fracasó en su intento de colar una enmienda en la directiva contra la corrupción con la que pedían prohibir la concesión de medidas de gracia, como los indultos o las amnistías, a los condenados por delitos de corrupción, como la malversación de fondos públicos. “Tenemos que recordar cuáles son las competencias de la UE, llevo 40 años trabajando aquí y nunca se ha dado una situación en la que superemos nuestras competencias”, dijo el ponente del texto, el liberal belga Jean-Luc Vanraes.
Alberto Núñez Feijóo no ha conseguido revolver a Europa contra la iniciativa pactada por los socialistas con las fuerzas independentistas, a pesar de que es un tema que ha llevado a sus reuniones con la presidenta, Ursula von der Leyen, y otros miembros del gobierno comunitario. Eso sí, el comisario de Justicia, Didier Reynders, está analizando el texto presentado y espera a su tramitación definitiva para pronunciarse.
Tampoco despertó mucho interés el debate sobre el asunto en la Eurocámara, a pesar de que el líder del EPP, Manfred Weber, dijera que era el principal asunto del orden del día.
Pero el PP tiene claro que va a usar todas sus herramientas en Europa para cuestionar al Gobierno, como ya hizo en la anterior legislatura con Pablo Casado, primero, y Feijóo, después, en asuntos vitales como el Plan de Recuperación y Resiliencia con el que España recibirá decenas de millones de euros de fondos europeos. Y como lleva haciendo todo el mandato, la jefa de la delegación, Dolors Montserrat, no ha dudado en instrumentalizar la Comisión de Peticiones que preside al organizar una sesión prácticamente monográfica sobre la amnistía y el Estado de derecho el próximo 23 de enero.
Aprovechando la mayoría dado que La Izquierda no había nombrado aún al sustituto de Sira Rego como coordinador en esa comisión tras su marcha al Gobierno, Montserrat incluyó por el trámite de urgencia ocho peticiones sobre ese asunto, entre ellas una de la exdirigente Rosa Díez.