Nuevo fracaso del PP en su cruzada en Europa contra la amnistía. Esta vez han sido los presidentes autonómicos del PP los que han tratado elevar el tema a Bruselas, en concreto al pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), una institución meramente consultiva que este martes votaba un dictamen sobre la futura directiva contra la corrupción de la UE. Los de Alberto Núñez Feijóo han intentado introducir una enmienda en la que pedían que esa normativa impida la concesión de medidas de gracia, como los indultos o las amnistías, a los condenados por delitos de corrupción, como la malversación de fondos públicos. Pero no ha salido adelante.
El ponente de la iniciativa, el belga Jean-Luc Vanraes (de los liberales de Renew), ha señalado que sus “colegas españoles” le habían pedido incluir el tema de las amnistías, pero ha recordado que es un tema nacional, por lo que ha propuesto una redacción alternativa, que es la que ha salido adelante en lugar del texto planteado por el PP. “Tenemos que recordar cuáles son las competencias de la UE, llevo 40 años trabajando aquí y nunca se ha dado una situación en la que superemos nuestras competencias. Podemos hablar de las amnistías, pero no de casos concretos. En el caso de las amnistías, las medidas punitivas están estrechamente relacionadas con las legislaciones nacionales, con los diferentes ordenamientos jurídicos de cada país”, ha explicado.
El pleno del Comité de las Regiones ha aprobado otra enmienda que asume que la elaboración de amnistías e indultos es una competencia estatal y propone dejar en manos de cada país de la UE “los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación” de estas medidas de gracia para las personas condenadas por delitos de corrupción. Esa enmienda, que ha salido adelante con 102 votos a favor, 75 en contra y una abstención sólo insta a los Estados a “definir con claridad” bajo qué premisas pretenden amnistiar o indultar a condenados por delitos de corrupción, informa la Agencia EFE. Al salir adelante esa enmienda 6R no ha llegado a votarse la planteada por el PP.
La enmienda fracasada la ha defendido en Bruselas el presidente murciano, Fernando López Miras: “El Gobierno de España quiebra el estado de derecho y la separación de poderes y elimina delitos a petición de los delincuentes; a la amenaza que esto supone para nuestra democracia se suma el trato desigual para regiones como la mía”. “Esto es cuestión de todos les pido que no miren hacia otro lado, los españoles les necesitan. Les pido el apoyo para esta enmienda”, ha rematado López Miras en su intervención.
Los argumentos del PP los ha secundado la extrema derecha de ECR (el grupo del que forma parte Vox), cuyo interviniente ha asegurado que la amnistía “socava el estado de derecho” y ha acusado a Pedro Sánchez de querer “borrar delitos”.
Varios representantes socialdemócratas han afeado al PP que utilizara la institución para temas de política nacional. El representante de la Generalitat de Catalunya, Miquel Royo Vidal, ha asegurado que la de la amnistía “es una ley normal” y ha argumentado que se han aprobado más de 50 en el seno de la UE. También ha defendido que es “legal porque forma parte de la Constitución española”.
Más beligerante ha sido el exministro y eurodiputado del PSOE Juan Fernando López Aguilar: “El PP es muy libre de votar en contra, pero no puede faltar a la verdad. Es falso que la proposición de ley de amnistía contemple nada de lawfare, nada de comisiones de investigación ni de control judicial. Al contrario, depende enteramente de su aplicación judicial”. “El PP se dedica a difamar a España”, ha sentenciado López Aguilar, que este jueves se reunirá con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su calidad de presidente de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.
Esa será la primera cita de Bolaños en una jornada que pasará prácticamente en la sede de la Comisión Europea, donde mantendrá sendos encuentros con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, para abordar precisamente la ley de amnistía.
Reynders ha vuelto a insistir este miércoles en que la Comisión Europea llevará a cabo un análisis de la ley de amnistía, pero que la valoración la harán una vez que esté aprobado el texto definitivo. “Ello no nos impide empezar directamente un diálogo y ver en qué medida podemos recibir cierto número de respuestas a las cuestiones que planteemos”, ha respondido a preguntas de los periodistas. El comisario de Justicia, de la familia liberal, envió una carta a Bolaños en plena negociación del PSOE y Junts para pedirle información sobre el “alcance” de la amnistía antes incluso de que el texto estuviera presentado.
El fracaso del PP en Bruselas este miércoles se suma al que sufrió hace justo una semana en Estrasburgo, cuando clamó contra la amnistía en un hemiciclo prácticamente vacío. El debate, al que los conservadores habían dado máxima relevancia, no se sustanció en la votación de una resolución ni logró sacar a Reynders de sus parámetros habituales. Precisamente, es lo que le reprochan desde la derecha, que se haya limitado por ahora a enviar una carta al Gobierno español.
La bronca doméstica se ha trasladado este miércoles también a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, cuya presidenta, la portavoz española Dolors Montserrat, ha intentado paralizar durante 45 minutos una reunión para que llegaran los eurodiputados de su grupo que, según ha dicho, estaban en otra comisión y no les había dado tiempo a llegar al debate con el que la derecha ha aprovechado para cuestionar la independencia judicial en España porque los puntos anteriores del orden del día habían ido más rápido.
A las 15:55 horas, Montserrat ha planteado paralizar la comisión hasta las 16:45 horas para dar tiempo a sus compañeros, pero las eurodiputadas del PSOE Cristina Maestre y del BNG Ana Miranda se han opuesto. Finalmente, el debate sobre la petición impulsada por la asociación Por una Justicia Independiente se ha celebrado a continuación.
La petición, que cuestiona la independencia del sistema judicial en España, la ha defendido Santiago Alvarez-Baron Stoof, que en el pasado presidió Custodia Compartida por Nuestros Hijos y llegó a defender que “es imposible que las mujeres cobren lo mismo que los hombres”. La eurodiputada socialista se lo ha reprochado para dejar claro quién estaba detrás del “teatrillo” con el que se pretendía “decir que España es un estado corrupto”. “Si en caso de separación le quitan la custodia al padre y la madre tiene a custodia exclusiva, lógicamente no se podrá dedicarse en misma igualdad que el hombre”, ha insistido en la Eurocámara Álvarez-Barón. Los representantes de PP y Vox, Javier Zarzalejos y Jorge Buxadé, han reprochado a la socialista que “faltara el respeto” a los peticionarios y han reiterado que el estado de derecho está en riesgo en España.