Han pasado ya tres años de esa foto con la que comenzó su andadura el primer Gobierno de coalición tras la recuperación de la democracia. Algunos de sus protagonistas, como Pablo Iglesias y Adriana Lastra, ya no están en la escena. Y Pedro Sánchez tampoco mira ahora con recelos a Unidas Podemos, que llegó a pisarle los talones, sino de reojo, ante el temor a que la división a su izquierda lleve a un descalabro que contribuya a sacarlo de la Moncloa. A pesar de que los socialistas confían en aguantar ante un 'efecto Feijóo' que ven en caída, la coalición llega a su momento decisivo ante el ciclo electoral menguada en las encuestas, sin un plan claro de candidaturas en el espacio confederal y con un alza en la cesta de la compra a la que han tratado de meter mano con un paquete extraordinario de medidas en el último Consejo de Ministros de 2022.
Nada es como se previó en las estrategias iniciales, incluso con la posibilidad de una ruptura de la coalición que pudiera suponer un golpe de efecto de cara a las elecciones. Primero fue la pandemia la que trastocó los planes, aunque Sánchez salió airoso gracias a la lluvia de millones de los fondos europeos. Y luego la guerra en Ucrania, cuyos efectos se dejan sentir en la economía, especialmente con una inflación desorbitada, que es la principal preocupación de los miembros de ambas formaciones del Gobierno y los presidentes autonómicos ante los efectos que el bolsillo pueda tener a la hora de depositar los votos en las urnas.
En lo macroeconómico, no obstante, el Gobierno respira aliviado: cerró 2022 con un crecimiento de en torno al 5% y la previsión es que este año, aunque haya un frenazo, también se logre una cifra en positivo en un momento en el que la UE se prepara para una recesión y en el que el FMI ha advertido de que 2023 será más duro que el año anterior con un tercio de la economía mundial en crisis. El Ejecutivo sostiene, además, que las medidas que ha puesto en marcha, especialmente enfocadas a la energía, como el tope al precio del gas, han permitido a España ser el país de la eurozona con menor inflación. A esos 45.000 millones de euros, el Gobierno suma ahora un sexto paquete de 10.000 millones que incluye la eliminación del IVA a productos de primera necesidad o un cheque de 200 euros para familias vulnerables.
A pesar de los imprevistos inéditos, la coalición llega a su cuarto año de vida –este sábado es el aniversario de la investidura– con un 66,7% de sus compromisos cumplidos, entre ellos tres Presupuestos Generales del Estado consecutivos, algo que no ocurría desde la mayoría absoluta de Mariano Rajoy que acabó en 2015. El porcentaje escala al 72,8% en el caso de las promesas formuladas por Sánchez en aquel debate y al 68,7% en el del acuerdo programático rubricado por el presidente e Iglesias en diciembre de 2019.
Tras pisar el acelerador en cuestiones complicadas para el bipartito como la 'ley trans', figuran en ese documento medidas estrella que se le siguen atragantando, como la ley de vivienda o la derogación de la mordaza. Respecto a la primera, el gran escollo está en la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Unidas Podemos ha intensificado la presión en las últimas semanas y ha visto con buenos ojos la congelación de los alquileres incluida en el decreto anticrisis. Aunque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado que la negociación con los grupos parlamentarios está “en la recta final”, les ha pedido que abandonen “posiciones maximalistas que acaben frustrando” la aprobación de la norma.
En cuanto a la ley de seguridad ciudadana, a pesar de los avances desde el inicio de la legislatura, está bloqueada en algunos puntos clave como el uso de pelotas de goma o la presunción de veracidad de los agentes de seguridad. Acabar con esa norma de Mariano Rajoy era un compromiso de todos los grupos de la investidura, que confían en que el asunto llegue a buen puerto tras el parón navideño. El escenario preelectoral es pernicioso para llegar a acuerdos, pero puede servir para anotarse un tanto a un conjunto de fuerzas que se ha compactado en las últimas semanas en medio de polémicas como la renovación del Tribunal Constitucional.
“Gobernamos para la gente y estoy convencido de que eso va a dar resultado electoral, digan lo que digan las encuestas del PP”, expresó Sánchez en la rueda de prensa de balance de curso en la que se mostró confiado en sacar rédito electoral de la acción del Gobierno. No obstante, las encuestas no dibujan un escenario especialmente alentador para los partidos de la coalición, pese a la recuperación tras la llegada al liderazgo del PP de Alberto Núñez Feijóo, quien recuerdan tiene un estrecho margen de maniobra y solo podría gobernar con Vox.
Sánchez no prevé romper
Además del voto que puedan movilizar en la campaña, de la mejora económica y de la acción del Ejecutivo, en Ferraz fían el resultado al poder municipal y autonómico que los socialistas reforzaron en 2019 gracias a la ola que generó la llegada de Sánchez a Moncloa, aunque algunas federaciones ven con preocupación la incidencia que pueda tener en su electorado el entendimiento con las fuerzas independentistas. De ahí que Sánchez haya acelerado todo lo posible reformas como la de los delitos de sedición y malversación, un debate que permitió respirar al PSOE cuando el Constitucional irrumpió impidiendo al Senado debatir y votar la ley con la que la mayoría parlamentaria pretendía forzar su renovación.
En todo caso, la cúpula socialista cree que puede retener las nueve autonomías que preside y la mayoría de alcaldías. Con los varapalos que cosechó en Madrid y Andalucía, el mantra de Ferraz es que la pandemia había afianzado a quien gobierna, además de que ven candidatos sin tirón allí donde el PP está en la oposición. Y a esa idea se aferran como a un clavo ardiendo de cara al 28 de mayo.
Ese sería el espaldarazo que necesita Sánchez para las generales basándose en la tradición de que quien se impone en las municipales gana luego los comicios estatales. De ese primer test esperan salir victoriosos incluso si pierden alguna plaza. Lo que reconocen en Moncloa es que sería una gesta casi imposible si el PP se impone en esa batalla, por mucho que la presidencia de la UE vaya a ser un gran escaparate para Sánchez como lo fue la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.
La gran preocupación del PSOE está en la crisis de las fuerzas que tiene a su izquierda y de las que depende para gobernar. En muchos casos se presentarán por separado y en Moncloa están a la expectativa de lo que suceda a nivel nacional con Yolanda Díaz y Podemos. La posibilidad de que no haya un acuerdo entre la vicepresidenta segunda y el partido que dirige Ione Belarra es un escenario que no quieren imaginarse en la cúpula socialista en la que tampoco creen que Podemos vaya a optar por salir del Gobierno en caso de ruptura total con Díaz: “Fuera hace mucho frío”.
Sánchez no tiene previsto sacar al socio minoritario del Gobierno porque considera que la penalización sería para quien tomara esa decisión. “Puedo garantizarle que el Gobierno seguirá trabajando hasta que lleguen las generales”, afirmó la portavoz, Isabel Rodríguez en RNE este miércoles. Que la coalición llegue unida hasta diciembre es el gran propósito de Sánchez en este 2023 electoral.