Esta semana la Audiencia Nacional ha enviado a la cárcel de Soto del Real a algunos de los grandes nombres del internet conspirativo español. El exjuez Fernando Presencia, los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela y el periodista Juan Martínez Grasa han ingresado en prisión provisional sin fianza por orden del juez Joaquín Gadea, acusados de seguir vertiendo bulos y denuncias falsas contra jueces, fiscales y políticos y de seguir haciendo negocio con ello escudados detrás de una supuesta lucha contra la corrupción. La investigación destapa que detrás de la cruzada quijotesca contra la podredumbre del Estado se esconde, en realidad, un trasiego de miles de euros para mantener a flote a un hombre expulsado de la judicatura por corrupto.
Mucho se ha escrito ya sobre Fernando Presencia y su alianza con Alberto y Santiago Royuela, ahora distanciados después de años de intensa actividad cibernética y judicial. El primero fue un aspirante a juez estrella en València, donde se presentó como el gran impulsor de la dación en pago durante la crisis y que fue finalmente destinado a Talavera de la Reina por el Consejo General del Poder Judicial. Fue en Talavera, como juez decano, donde se ganó dos condenas firmes por prevaricar al favorecer a varios amigos en causas judiciales.
Presencia empezó entonces una carrera para denunciar que todo aquel que hubiera firmado un expediente, sanción o sentencia contra él formaba parte de una trama. Fue incluso al propio CGPJ a decírselo a los vocales a la cara, momento grabado en vídeo para la posteridad del órgano de gobierno de los jueces. Y los Royuela le proporcionaron el material que creía que necesitaba: los papeles secretos que demostraban que lo suyo formaba parte de alguno mucho más oscuro. Una trama.
Sobre los Royuela también se ha escrito mucho. Alberto Royuela fue un importante subastero de Barcelona y un líder ultraderechista que llegó a formar parte de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco. Su hijo Santiago, también miembro de la ultraderecha, fue condenado por participar en la colocación de un explosivo en un concierto a favor de los presos de ETA. Los dos llevan más de dos décadas difundiendo el conocido como 'Expediente Royuela': páginas y páginas de procedencia desconocida en las que demuestran que José María Mena –casualmente uno de los fiscales que estrenó el historial legal de Royuela padre– lidera una organización criminal que asesina gente impunemente y que extiende sus tentáculos a donde sea necesario para silenciar a los valientes que intentan combatirles.
Cuando llegó el turno de Presencia, el 'Expediente Royuela' salió en su ayuda. El exjuez se encontró con notas y documentos que demostraban su teoría. Las cuentas con millones en paraísos fiscales de sus enemigos iban apareciendo como por arte de magia semana tras semana. Desde la fiscal general hasta una funcionaria de un juzgado de Talavera de la Reina. La caballería había llegado y la asociación ACODAP cogió velocidad de crucero a ritmo de denuncia falsa por semana.
Durante años nadie les había denunciado. Algunos creían que esa atención solo espolearía su actividad conspirativa. Otros sentían auténtica pena por él y por sus familiares ligados a la judicatura. Pero la segunda caída en desgracia de Fernando Presencia llegó cuando un magistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar, se plantó en la Fiscalía y dijo que hasta aquí hemos llegado.
Dinero, cuentas bancarias y una plantilla de Word
La investigación del juez Gadea ha destapado que, en realidad, quien tenía mano o firma en muchas cuentas bancarias era el propio Presencia. Hasta 14 cuentas en las que el exmagistrado aparece como autorizado, representante o titular. Otras dos a nombre de su asociación. Y en un momento dado recaudando, dice el juez, a través de una cuenta en Lituania, que no está considerada paraíso fiscal.
Porque según el juez la asociación ACODAP y la catarata de denuncias no eran sino un reclamo para captar miles de euros de los que creían que con sus aportaciones estaban combatiendo. Cada vídeo y cada mensaje de Presencia y de ACODAP venía acompañado de constantes peticiones de aportaciones económicas a través de Bizum o transferencia para mantener viva la lucha. Un total de 185.707,98 euros recaudados entre 2021 y 2022, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
El dinero, según las pesquisas del juez, no fue a parar a la lucha contra la corrupción, al menos no en un sentido canónico de la misma. Presencia usó 22.500,92 euros para “gastos privados” con la tarjeta de crédito. Otros 11.730 euros salieron del cajero automático. Otros 27.200 euros fueron a parar a Alberto Royuela. La operación se repite con otros acusados.
Para el juez, está claro que todo era una operación para llenarse los bolsillos y ser un salvavidas económico para un hombre que había perdido la categoría de magistrado mientras se enfrentaba a un desahucio. “La organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción”, explica Gadea en uno de sus autos.
Durante años, los documentos que nutrieron las denuncias y expedientes de los Royuela, adaptados posteriormente a las necesidades de Presencia, tuvieron una procedencia desconocida. Las cartas del fiscal Mena o los extractos bancarios de Zapatero en la isla de Man llegaban de forma anónima, según decían a sus seguidores. Pero según descubrió el juez, la realidad era otra: tenían una plantilla de Word con la que rellenaban los datos de sus objetivos como cuando un ciudadano va al padrón municipal a escribir sus datos en un formulario.
Los escritos del caso permiten imaginar al juez Gadea con los ojos bien abiertos cuando Presencia le dijo, antes de enviarle a prisión, que él seguía siendo magistrado en activo. Pero también cuando pudo comparar las supuestas cuentas bancarias ocultas de políticos, jueces y fiscales que esgrimía en sus denuncias: documentos bancarios secretos de países extraordinariamente opacos que, sin embargo, no tenían problema en reflejar en un papel que Carlos Lesmes Serrano tenía una cuenta incluyendo su Documento Nacional de Identidad, por ejemplo.
Un policía condenado e indultado
En la cosmogonía de Fernando Presencia sorber y soplar no solo no es imposible sino que está al alcance de cualquiera si los motivos son puros y la voluntad firme. Los informes e investigaciones de la Guardia Civil han destapado que parte del dinero de ACODAP, un total de 4.850 euros fueron a parar a José Antonio Serrano Balaguer. Secundario en este corral lleno de gallos, Serrano Balaguer está acusado por el juez de haber participado en la “frenética labor de interposición” de denuncias. Pero este no es el primer sumario en que aparece este policía nacional.
Un viernes de 1997 Serrano Balaguer iba con su hermano por el Port Olímpic de Barcelona cuando estalló una trifulca con unos jóvenes que estaban de fiesta. Serrano Balaguer sacó entonces su pistola reglamentaria, encañonó a los presentes, golpeó a uno con la culata del arma y les terminó deteniendo ilegalmente. El Tribunal Supremo firmó para él una condena firme de más de dos décadas de prisión, estableciendo un máximo de 12 años entre rejas. En 2006 el ejecutivo le concedió un indulto parcial aunque para entonces ya había pasado un tiempo en la cárcel barcelonesa de Quatre Camins.
Está por ver qué papel cumplía este policía en la trama de Presencia, imputado por estafa, y si estará finalmente en el banquillo. Pero no es ningún desconocido para los consumidores de contenido conspirativo de Santiago Royuela. Indultado parcialmente por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista en el canal de YouTube del hoy encarcelado ultraderechista se le presenta como una víctima más de la trama. Más misteriosas notas falsas del fiscal José María Mena para demostrar que el Estado se confabuló contra él para después indultarle. Sorber y soplar.
Del 'Expediente Royuela' al 'Bar España'
Este jueves nadie recibió a Fernando Presencia mientras abandonaba los calabozos en un furgón de la Guardia Civil con destino a la cárcel de Soto del Real. Un día antes, los Royuela y Martínez Grasa habían sido recibidos por media docena de fieles, algunos disfrazados de soldado romano capa incluida y en plena ola de calor, con una pancarta. Pero el exmagistrado se alejaba en solitario de la Plaza Villa de París donde trabajan todos a los que apuntaba con sus denuncias falsas: el Tribunal Supremo, el Consejo del Poder Judicial y la Audiencia Nacional.
Para entonces sus canales de Telegram, con miles de seguidores, seguían abiertos pero con el nombre cambiado. Su cuenta verificada de Twitter dejaba un mensaje supuestamente transmitido desde el calabozo: “Tenemos que continuar con la lucha contra la corrupción, no podemos dejar que nos venzan”. Pero sus miles de incondicionales, los que le jalean en las manifestaciones y le dan dinero, no fueron a apoyarle.
No han salido a defenderle los que durante años le dieron su altavoz mediático de ultraderecha para difundir sus denuncias sin pies ni cabeza donde todo político del espectro progresista era susceptible de tener millones y millones en paraísos fiscales. Tampoco los políticos, de PP y Vox, que llevaron sus denuncias a Congreso y Senado para saber si Margarita Robles tenía seis millones de euros en el extranjero. Un tímido mensaje en el Telegram del agitador ultra Luis 'Alvise' Pérez, que en ocasiones ha difundido sus denuncias: “La acusación es absurda”.
En sus autos, el juez Gadea adelanta que la investigación está llegando a su fin. Eso facilita que Presencia y sus colaboradores puedan seguir en prisión provisional hasta que llegue el juicio, aunque el magistrado puede revisar estas medidas cautelares en cualquier momento. Es previsible que la Fiscalía, que ha apoyado su ingreso en prisión y que presentó la querella original del caso, plantee algún tipo de acusación contra el exjuez y sus colaboradores.
La tenacidad no es algo que le falte al grupo que investiga la Audiencia Nacional. El miércoles Presencia no se presentó a la cita con el juez, pero su asociación ACODAP seguía pidiendo dinero a través del canal de Telegram. Unas pocas horas antes de ser enviados a prisión sin fianza, Royuela padre y Royuela hijo exhibían papeles delante de las cámaras de televisión: “Mira, fíjate qué documentos”, decía Alberto Royuela.
La conspiranoia desenfrenada en España, por norma general, se las apaña para evitar el banquillo de los acusados. Nadie pasó y nadie pagó, por ejemplo, la factura del suicidio de la esposa del comisario de Vallecas después del 11-M. Pero los últimos movimientos judiciales prometen nuevos capítulos en sentido contrario. En Castelló, por ejemplo, nueve personas se sentarán en el banquillo por propagar el bulo del 'Bar España', la oscura y novelesca trama de pederastia que involucraba a altos cargos de la política valenciana y que llegó hasta la Eurocámara.
En el caso de Fernando Presencia, los Royuela y el resto de sus socios, el futuro juicio supondrá un desfile de los autores de algunas de las mayores teorías conspirativas de los últimos años. De la organización de asesinos del fiscal José María Mena a los millones de José Luis Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado pasando por las cuentas ocultas que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se coordinó para tener en varios paraísos fiscales en una coreografía que gira en torno a la accidentada trayectoria de un hombre sin toga que todavía se cree juez.
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