Fuentes del Gobierno han señalado a eldiario.es que el retraso en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 se debe a las objeciones presentadas por el PNV ante la situación política de Catalunya. Los nacionalistas vascos “no quieren que haya movimientos hasta que pase el 1-O”, aseguraron las mismas fuentes. El PNV se limitó a negar la versión del Ejecutivo de Mariano Rajoy sin ofrecer más información.
El cambio de decisión para retrasar las cuentas ha sido una sorpresa. El miércoles en la Comisión de Hacienda en la que compareció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para explicar las decisiones tomadas para la tutela financiera de la Administración central sobre la autonomía catalana se daba por sentado que este viernes se aprobaban los presupuestos en Consejo de Ministros y que el próximo miércoles ya había hora para presentarlos en el Congreso.
Este jueves, Montoro anunciaba ante un grupo de periodistas el retraso de la presentación de las cuentas porque al Congreso “no puede venir nada que no esté bien asentado” debido a la “situación política”, que se interpretó como una alusión al problema catalán pero que provocó cierta confusión inicial porque el ministro no ofreció más detalles.
En un primer momento fuentes de Hacienda desmintieron que el retraso estuviera relacionado directamente con el problema catalán y apuntaron a falta de apoyos políticos, con especial relevancia al papel diletante del PNV. Con todo, cabe recordar que el PNV dio el sí al Gobierno para los PGE que se aprobaron hace apenas cinco meses unas horas antes de que se votara la enmienda a la totalidad. Montoro tiene al menos toda la primera quincena de octubre para cerrar estos apoyos claves.
Finalmente, fuentes del Ejecutivo admitían que los nacionalistas vascos habían hecho la petición para no exponerse aún más a las críticas que podrían suponer el respaldo a las cuentas de un Gobierno del PP con el problema catalán en plena ebullición.
Antes, con el objetivo de ofrecer una imagen de estabilidad ante el impacto del anuncio del retraso presupuestario en un momento de zozobra por la situación de Catalunya, el Partido Popular y Ciudadanos anunciaron por sorpresa en el Congreso la consecución de un principio de acuerdo para los Presupuestos de 2018. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, aseguró que habría 8.927 millones en partidas comprometidas a iniciativas políticas propuestas por su partido.
“Estabilidad política en un momento complicado”
Rivera insistió en que el acuerdo “da estabilidad política en un momento muy complicado”. “Hemos llegado a un acuerdo mientras otras fuerzas políticas se manifiestan con los que dan un golpe en Catalunya”, añadió el líder de Ciudadanos en referencia al PNV y a Podemos. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, señaló: “Vamos a seguir impulsando las conversaciones con formaciones políticas, con aquellas que permitieron aprobar el PGE para 2017, pero también con otras”.
El anuncio del retraso ha coincidido en el tiempo con otro anuncio, el del acuerdo de Ciudadanos que contempla una rebaja del IRPF. Fuentes parlamentarias recuerdan que para llevar a cabo esta rebaja habrá que tramitar también una ley especial del IRPF (diferente a la de Presupuestos) con lo que el trabajo se acumula en la sede del Ministerio de la Calle Alcalá que en los últimos días ha estado muy atareado en redactar órdenes ministeriales para cerrar los pagos en Catalunya.
De hecho, fuentes parlamentarias aseguraron que han visto “muy verde” el proceso de elaboración de las cuentas de Montoro y que no descartan que haya sido un problema de falta de tiempo.
Desde del Gobierno también insisten en que tampoco estaba cerrado el apoyo con los sindicatos, algo que nunca ha sido óbice para que el Ejecutivo Popular cierre unos presupuestos. De hecho, las centrales iban a firmar el jueves un acuerdo en la mesa de función pública donde ya habían acordado la oferta pública de empleo para 2018. Solo quedaban flecos pendientes en el tema de la subida salarial.
La legislación es bastante clara a la hora de establecer el calendario de presentación de los Presupuestos. El artículo 134.2 de la Constitución establece que “el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Este precepto constitucional, en teoría, obliga al Gobierno a presentar las cuentas públicas el 30 de septiembre.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo explicaron que si las cuentas se presentan más tarde no se prorrogarían las del año anterior, ya que la Constitución solo prevé que se prorrogue si “la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente”, es decir, el 1 de enero de 2018. A través de este vericueto legal, el Gobierno accede a la petición de los nacionalistas vascos para presentar los presupuestos una vez que haya pasado la fecha del 1-O.