La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el pasado miércoles 21 de marzo, tras la publicación de que obtuvo su máster con notas falsificadas, cinco documentos como prueba de que sí había cursado el posgrado de derecho autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Uno de esos cinco documentos que aportó es el acta de la defensa del Trabajo Fin de Máster. Un papel de la universidad, pero sin sello oficial, a mano, con la nota que obtuvo (7,5) y la firma de las tres miembros del supuesto tribunal, formado ilegalmente porque ni eran funcionarias ni había entre ellas un profesor externo a la URJC.
“Aquí tengo un acta del trabajo de fin de máster”, aseguró Cifuentes en un vídeo que difundió a través de las redes sociales a última hora. “Un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador, con la fecha de la evaluación, que fue el 2 de julio de 2012, y la calificación del trabajo que, por cierto, saqué un notable”.
Las profesoras que supuestamente evaluaron a Cifuentes el 2 de julio de 2012 eran las profesoras del departamento de Derecho Constitucional Alicia López de los Mozos, Cecilia Rosado y Clara Souto, según consta en ese documento y tal y como confirmó en rueda de prensa el propio rector de la URJC. Dos de esas firmas, la de López de los Mozos y Souto, están “falsificadas”.
El documento “fue fabricado el pasado 21 de marzo, solo unas horas después de que estallara el escándalo”, según publica El Confidencial citando fuentes del Instituto de Derecho Público (IDP) que dirige Enrique Álvarez Conde. Según publica este medio, sería precisamente el organizador de una reunión ayer por la tarde con las tres profesoras en el despacho de un experto en Derecho Administrativo. La intención, pactar una versión conjunta de cara a la comisión de investigación abierta por la URJC. “Enrique Álvarez Conde reunió ayer a las profesoras en el despacho de un abogado para tratar de pactar una versión común”, cuenta El Confidencial. Este miércoles declara ante los investigadores de la URJC Álvarez Conde y el jueves, las tres profesoras.
Según fuentes de la universidad, fue Álvarez Conde quien proporcionó el supuesto acta al rectorado tras estallar el escándalo del máster, y después el rectorado se lo envió a Cristina Cifuentes. Un portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado a El Confidencial que “la presidenta de la Comunidad de Madrid se limitó a mostrar los documentos que le facilitó la universidad para demostrar que había realizado el máster en derecho autonómico”. El equipo de Cifuentes asegura que el acta falsificada fue enviada a la presidencia de la Comunidad de Madrid desde el correo electrónico de la secretaria del rector Javier Ramos.
Alicia López de los Mozos figura en el acta presentada por Cifuentes como la presidenta del tribunal que evaluó a la presidenta madrileña. Es doctora desde mayo de 2008 cuando presenta su tesis 'La Directiva Comunitaria y el Sistema de fuentes del derecho', bajo la dirección de Enrique Álvarez Conde. También es secretaria del Instituto de Derecho Público de la URJC que Álvarez Conde preside. Es la única funcionaria de las tres, ya que obtuvo su plaza de titular en la URJC este mismo mes de enero, según consta en el BOE.
Clara Souto Galván está especializada en temas de género y es hija de José Antonio Souto Paz, catedrático de derecho canónico y primer alcalde democrático de Santiago de Compostela tras la dictadura por UCD. Souto Paz, fallecido en septiembre de 2017, figura como titular de varios trabajos de investigación en la URJC en los que también están sus tres hijas: Clara Souto, Esther Souto y Beatriz Souto, investigaciones en las que también aparece Enrique Álvarez Conde, Cecilia Rosado y Alicia López.
Souto esquivó las preguntas de La Sexta, que encontró a la profesora en la universidad y le inquirió sobre la firma del acta. “Estamos en un proceso de investigación con la universidad y no puedo dar declaraciones”, dijo Souto.
Cecilia Rosado, la única profesora que supuestamente firmó ese papel falso, es la persona que aparece en la web de la URJC como directora del Máster de Cifuentes, aunque en la rueda de prensa se presentó como tal Enrique Álvarez Conde, su mentor en la URJC.
Rosado llegó a la universidad desde entorno de la antigua federación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) de José Antonio Moral Santín, hoy condenado por las tarjetas Black. Es, a su vez, sobrina de Santiago Rosado Pacheco, catedrático de derecho administrativo en la URJC. Formó parte de las listas de la candidatura de Luis García Montero a la Comunidad de Madrid. Tanto ella como las otras dos profesoras están vinculadas a Comisiones Obreras de la URJC. Formaron parte de una misma candidatura de este sindicato en el año 2014.
El hecho de la falsificación de una firma en el acta tiene consecuencias jurídicas desde el punto de vista del derecho administrativo, pero al no ser un acta verdadera, sino presuntamente simulada, las profesoras no se enfrentarían al artículo 309 del Código Penal, que castiga la falsificación en documento público con cárcel para el funcionario (de 3 a 6 años), según aseguran algunas fuentes jurídicas. Otras, en cambio, opinan que dar forma de documento público a algo que no lo es, y que además tiene firmas falsificadas de funcionarios públicos o personal de una universidad, sí podría encuadrarse dentro de ese delito.
Desde que Cifuentes enseñó el acta, eldiario.es ha intentado contactar con estas tres profesoras en persona, por teléfono y por mail sin éxito.