El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo martes 20 de diciembre para intentar votar y nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El presidente suplente, Rafael Mozo, ha atendido a la petición del bloque conservador, que después de meses de boicot a esos nombramientos ha pedido de urgencia un pleno para sortear la reforma legal que prepara el Gobierno para romper ese bloqueo.
Se trata de un pleno al que ambos bloques del pleno llegan sin un acuerdo. Los progresistas proponen el nombramiento del magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, mientras que los conservadores ponen otros dos candidatos encima de la mesa: César Tolosa y Pablo Lucas. En la práctica esto supone un veto al candidato progresista, lo que dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo.
El artículo 35 del reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ establece que el presidente “convocará” al pleno “dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud” formulada por “cinco o más vocales”. Finalmente, esta sesión extraordinaria se celebrará el próximo martes “en atención a las agendas y viajes programados por los vocales, con la finalidad de asegurar su asistencia al pleno y lograr un mayor consenso”, según ha informado el CGPJ.
El cambio legal del Gobierno contempla que sean elegidos los dos magistrados que obtengan un mayor número de votos y que cada vocal sólo pueda votar a un candidato. Por contra, según el marco legal vigente, los nombramientos deben conciliar el respaldo de tres quintos del pleno. Esto es, al menos 11 de sus 18 miembros actuales. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas, lo que ha dado margen hasta ahora a los conservadores para imponer su minoría de bloqueo y obstaculizarlos durante los tres últimos meses.
Pero, paradójicamente, los vocales elegidos a propuesta del PP tienen ahora prisa por hacer las votaciones con las actuales reglas del juego. Consideran que el nuevo sistema garantiza que los candidatos de preferencia de cada bloque resulten elegidos, sin capacidad de que haya vetos cruzados. Y que, en consecuencia, los progresistas verían cumplido su objetivo de llevar al Constitucional al magistrado José Manuel Bandrés, algo que quieren evitar a toda costa.
Tras semanas cuestionando su candidatura en privado, el veto a Bandrés por parte del bloque conservador quedó patente este miércoles con los dos nombres propuestos por los conservadores: César Tolosa, considerado conservador; y el también juez del Alto Tribunal Pablo Lucas, que fue el otro nombre barajado por los progresistas para ir al Constitucional. Sin embargo, en una votación interna la mayoría se decantó por Bandrés. Su candidatura fue respaldada por todo el grupo salvo por la vocal Mar Cabrejas, que se abstuvo. Además, se da la circunstancia de que Pablo Lucas es hermano de uno de los vocales, Enrique Lucas, elegido a propuesta del PNV y al que se suele colocar en el sector progresista, por lo que no participó en la votación interna.
Con la actual correlación de fuerzas, los conservadores sólo necesitarían uno o dos votos del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU. En todo caso, fuentes de ambos bloques reconocen que mantienen por el momento posiciones encontradas sobre estas designaciones y sigue sin haber “candidatos de consenso”. Es decir, que reúnan los 11 votos necesarios que marca la norma que está en vigor.
El Consejo, con el mandato caducado desde hace cuatro años, protagoniza desde septiembre un bloqueo en su misión de renovar a dos miembros del Tribunal Constitucional. Vocales del sector conservador han evitado hasta la fecha sentarse para votar candidatos hasta que han pedido este pleno de urgencia, con el objetivo de sortear la reforma legal que tramita el Congreso para cambiar las mayorías necesarias y facilitar esa renovación, neutralizando su bloqueo.
La reforma pasó el trámite de la Comisión de Justicia a través de una enmienda parlamentaria que este mismo jueves estudia el Tribunal Constitucional. Los magistrados analizan una petición del Partido Popular para frenar de forma urgente y cautelarísima la tramitación de esta reforma.