A finales de mayo de 2016 salía a la luz un informe de la Guardia Civil sobre el papel de Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. Los agentes pedían que se le imputase por contratar con el conseguidor de la trama y le acusaban de malversación y fraude. Ese mismo día salieron en su defensa los ministros de Interior y Justicia, desacreditando el informe. Desde entonces, el presidente de Murcia ha contado con el respaldo del Gobierno y sus compañeros de partido tras cada nueva revelación sobre las investigaciones que le afectan.
Cuando se hizo público el informe de la Guardia Civil, Jorge Fernández Díaz, por entonces ministro del Interior, cargó contra los agentes que dependían de su cartera. “Su misión no es la de decirle al juez o al fiscal lo que tienen que hacer”, afirmó, al tiempo que alertaba de que se había cometido un delito de revelación de secretos por la filtración de ese documento. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, añadía que debía investigarse si se había producido un delito.
El titular de Justicia ha sido uno de los principales protectores de Sánchez. Sin entrar en los delitos que se le atribuyen, ha salido en su defensa en numerosas ocasiones. Como cuando se supo que había accedido a información reservada del caso Púnica. No lo consideró un delito, como la filtración del informe de la Guardia Civil, sino que le restó importancia: “Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto”.
Ese mismo día, Catalá tapó esa polémica con una mayor. En la entrevista en la cadena SER, criticó a las dos fiscales del caso Púnica por hacer públicas sus discrepancias con sus superiores, contrarios a imputar delitos a Sánchez. “La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes”, aseguró.
El episodio al que hacer referencia se había producido unos días antes. Tras el escrito del juez Eloy Velasco imputando tres delitos al presidente de Murcia, la Fiscalía Anticorrupción se apresuró a hacer público su criterio en una nota de prensa. No había que acusarle de nada, decía esa nota, porque no había llegado a firmar los contratos de reputación con Alejando de Pedro, uno de los empresarios de Púnica.
La fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez no se dieron por vencidas, y enviaron un informe al juez en el que aseguraban que el presidente de Murcia y otros miembros de la trama elaboraron un “plan criminal” para “desviar” dinero público a las empresas de De Pedro. Catalán criticó duramente esa decisión y avisó de que la Fiscalía tomaría algo tipo de medida: “Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía”.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se sumó también a la nómina de ministros en defensa del presidente de Murcia, cuya continuidad en el cargo pende de un hilo. “Por el pensamiento no se castiga a nadie, se castiga con los hechos”, dijo la también secretaria general del PP, que añadió que el contrato “nunca se celebró”. En su momento, también criticó el informe de la Guardia Civil, cuya aparición relacionó con la precampañas a las elecciones generales de junio.
El último en salir en defensa de Sánchez ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este lunes, durante una entrevista en Telecinco, pidió respeto a su presunción de inocencia y recordó que se habían presentado contra él 17 denuncias, de las cuales 16 se había archivado. Esta última, la del caso Auditorio, partía de los socialistas murcianos, dijo Rajoy, quien quiso así introducir el elemento del enfrentamiento político en este caso de corrupción.