Pedro Sánchez ha deslizado en varias ocasiones la posibilidad de sacar algunas instituciones de Madrid hacia otros territorios, pero ahora ha hecho su apuesta más concreta: descentralizar algunos organismos, sacarlos de la capital y llevarlos a zonas de la España vaciada para frenar la despoblación. El presidente del Gobierno ha expresado su intención de abrir “un debate leal pero sano y necesario”.
El Gobierno ha coqueteado ya en otras ocasiones con la idea. Ya en febrero de 2020 incluyó esa posibilidad en sus objetivos para afrontar el llamado 'reto demográfico', pero la pandemia dejó en suspenso la agenda del Ejecutivo. El pasado 27 de septiembre Sánchez dejó la primera píldora sobre este asunto. En unas jornadas con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, deslizó esa posibilidad. El 1 de octubre, en el Foro de la Toja en Galicia, hizo ya una apuesta clara por la “desconcentración” de “muchas de esas instituciones públicas que históricamente han estado en Madrid”.
Este es un debate que ha aparecido de vez en cuando en la agenda política española, siempre de forma tímida y generalmente con iniciativas que partían de los presidentes autonómicos. Fue Joan Maragall el primero en deslizar en 1992 la posibilidad de trasladar, por ejemplo, el Senado a Barcelona, una propuesta que primero fue acogida con mofa y luego ha ido abriéndose paso en los sucesivos programas electorales de los socialistas catalanes.
En esta ocasión ha sido el presidente valenciano Ximo Puig quien volvió a insistir en sacar algunas instituciones de la capital, una idea que lleva tiempo defendiendo con el argumento de que “España no termina en la M30”. Sánchez ha recogido el guante, pero con matices. Tras su propuesta de sacar instituciones de Madrid hay una letra pequeña aclarada por fuentes del Ejecutivo: no se plantea ahora mismo trasladar sedes ya existentes, sino repartir por los diferentes territorios los nuevos organismos que se creen.
Es algo que ya se ha hecho con un par de instituciones aunque de manera puntual, sin que forme parte de un plan estructurado. La sede de Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se fijó en León y el Centro Nacional del Hidrógeno se ha instalado en Puertollano.
La letra pequeña de la propuesta de Sánchez y los ejemplos hasta el momento garantizan que Madrid va a mantener todas las instituciones que ya concentra. Eso no ha impedido que Isabel Díaz Ayuso haya iniciado una nueva campaña en la que denuncia que Sánchez “fomenta el odio” a la capital para buscar votos. “Destrozar Madrid es destrozar España”, dijo en un acto el lunes pasado.
En cada intervención pública de esta semana, la presidenta madrileña ha insistido en que la agenda política de Sánchez incluye descapitalizar y ahogar a Madrid. La reacción opuesta al estruendo de Ayuso es la del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, el que más ha insistido en esta idea en las últimas semanas y que ha agradecido públicamente al presidente del Gobierno la iniciativa. Pero es consciente de que su impulso para profundizar en la descentralización de instituciones no es compartido por todos los presidentes autonómicos, ni siquiera por los de su propio partido.
“En este momento es obvio que hay posiciones muy diferentes”, admitía este viernes en una entrevista con elDiario.es. Puig insiste en que solo quiere abrir el debate y critica “la intolerancia que hay en algunas élites centralistas al debate”, con una clara referencia a la capital: “Esa patrimonialización del Estado por parte de algunas élites centralistas es una cuestión de una intolerancia, una arrogancia y una soberbia difícil de comprender”.
El problema para Puig es que, frente al rechazo de Madrid, no cuenta con un gran respaldo entre los líderes autonómicos del PSOE. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, señaló que es más importante mantener descentralizada la gestión de la Educación y la Sanidad –“si en vez de gestionar aquí lo tuviera que decidir un ministro, que no ven más allá de la Castellana”–; Javier Lambán, presidente de Aragón, dijo que le gustaba la idea pero que era un debate “muy complicado” y que prefiere centrarse en resolver las financiación. Adrián Barbón, presidente de Asturias, una de las regiones señaladas como posible sede de nuevos organismos, ni se ha pronunciado y el canario Ángel Víctor Torres solo ha dicho que comparte la iniciativa.
Desde Baleares, Francina Armengol, que junto a Puig ha insistido en el pasado en esa necesidad de descentralizar instituciones, también expresa cautela. Fuentes de su equipo afirman que no se trata tanto de sacar organismos de Madrid sino de “dar espacio a que todos los territorios se puedan sentir voz y parte”. “Habría que ahondar en lo que supondría y en qué se materializaría antes de opinar”, añaden.
Por la parte socialista hay más cautela que entusiasmo con la propuesta. Por la del PP que no es Ayuso, y que siempre ha sido más proclive a la descentralización –Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno Bonilla la han defendido en varias ocasiones– también han tomado el anuncio de Sánchez con mucho escepticismo.
“Sería bueno un debate serio, riguroso y sosegado para saber exactamente de lo que se está hablando. No es la primera vez que de lo que se dice a lo que se hace no hay nada. Ocurrencias, las justas”, ha dicho Feijóo esta semana, que ha insistido en muchas ocasiones en la necesidad de que no todo se dirija desde la capital. “Madrid no es España”, dijo poco después de que Ayuso ganara las elecciones.
Feijóo, inmerso en su propia batalla por la financiación autonómica, ha deslizado la posibilidad de que la propuesta de Sánchez sea en realidad un ofrecimiento a Catalunya –“Por favor, que no utilicen al resto de comunidades autónomas para solventar los problemas entre ERC y el PSOE”–, aunque el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que va dirigido a la España vaciada.
El presidente de Andalucía y líder territorial del PP, Juan Manuel Moreno, se ha expresado en una línea similar aunque con algo más de predisposición: no lo ve con malos ojos pero “con matices”. Fuentes próximas al presidente andaluz advierten de que “no se puede vaciar la capitalidad de Madrid, pero se pueden hacer gestos en la línea que plantea el Gobierno siempre que el traslado de instituciones se haya consensuado con Madrid y otras comunidades autónomas”.
Desde el Gobierno andaluz advierten de que “si se disgregan organismos de un mismo sector, por ejemplo el judicial –que el Constitucional esté en una provincia y el Poder Judicial en otra–, puede ser poco funcional, e incluso perjudicial”. Insisten en que un proyecto de descentralización de este tipo debe estar “muy meditado y consensuado por todas las comunidades, para evitar agravios”. En su propio ámbito de actuación, Moreno es un firme defensor de la descentralización de organismos públicos de la Junta, para que Sevilla no concentre todas las instituciones y se reparta juego entre las otras siete provincias de Andalucía.
En otro feudo del PP, Castilla y León, lamentan que el Gobierno hable de descentralizar instituciones con “bastante frivolidad” y con “poca seriedad”. Fuentes del Gobierno autonómico reclaman un debate “serio” que implique la presentación de propuestas en el Congreso y en la Conferencia de Presidentes en vez de anunciar su intención ante los medios de comunicación. “Lo que no se puede hacer es abrir debates para fomentar enfrentamientos entre unos territorios y otros, porque eso no es un proyecto de país”, rechazan desde la Junta de Castilla y León.
Desde Murcia se ha criticado la propuesta de Sánchez sin espacio a conceder el debate. El presidente, Fernando López Miras, ha rechazado la descentralización de instituciones como solución a los problemas de despoblación: “Eso no se arregla llevando un edificio público. Hay que invertir para que se creen empresas”. En una entrevista con RNE, añadió que sería un error entrar “en una competición para ver dónde se ponen las instituciones del Estado”.
Con información de Candela Canales, Daniel Cela, Angy Galvín, Carmen Bachiller y Carlos Sosa.
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