La decisión del juez Manuel García Castellón de citar como imputadas a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre cierra un ciclo de 15 años: todos los que fueron presidentes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2018 están siendo investigados por causas de corrupción en diferentes tribunales. Es la época de las vacas gordas del PP, cuando concentró el poder casi total, con tres mayorías absolutas consecutivas (2003, 2007 y 2011) que arrancaron en el tamayazo.
El procedimiento judicial que se sigue en la Audiencia Nacional en esta nueva ramificación de la trama Púnica investiga precisamente las maniobras para financiar de manera irregular campañas electorales y ofrece numerosos indicios de que la imponente maquinaria electoral de Aguirre se financió malversando ayudas públicas y con dinero de adjudicaciones amañadas.
Cifuentes y Aguirre, a las que el juez imputa los delitos de financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad documental, se suman a Ignacio González, que estuvo encarcelado en el marco del caso Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. Ahora, el juez García Castellón también quiere investigar al que fuera vicepresidente con Aguirre y después presidente por las trampas que hicieron los populares madrileños para pagar sus campañas electorales.
La investigación judicial sobre la financiación irregular del PP madrileño alcanza ya a todos los máximos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid en tres lustros. Aguirre (2003-2012) y los dos dirigentes que la sucedieron: González (2012-2015) y Cifuentes (2015-2018).
Además, otras grandes figuras políticas de la época tienen causas abiertas por corrupción en los tribunales. Algunos también han pasado por la cárcel. Es el caso de Francisco Granados, otro de los principales colaboradores de Aguirre, que estuvo en prisión más de dos años y medio por su supuesta vinculación a las adjudicaciones fraudulentas descubiertas en el caso Púnica.
Aguirre, la supervisora
Pese a la acumulación de escándalos y la caída en desgracia de sus principales colaboradores, Aguirre había salido indemne hasta la fecha. Pero los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la sitúan en encuentros clave donde presuntamente se urdió la caja B del partido han hecho que cambie el rumbo de su suerte. En la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional, Aguirre defendió que estaba tranquila porque no había “nada” irregular ni ilegal y que como en las últimas décadas se ponía “a disposición de la Justicia”.
Basándose en informes recuperados a su vez por la Fiscalía Anticorrupción, el juez resalta, en cambio, que la “supervisión” y el “control” de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de las diferentes consejerías en sus contratos de publicidad se centralizó “al más alto nivel” del gobierno regional, desde donde se diseñó un “plan” para poner las partidas de publicidad “al servicio del partido”. El instructor atribuye a Aguirre el rol de supervisora, mientras que sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados se encargaban del “control directo” y ejecutaban las decisiones de la presidenta.
Los documentos sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción y que ahora recupera el juez recuerdan que bajo el mandato de Aguirre (2003-2012) se cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que supuestamente se usaban para mover las donaciones de las empresas hacia la caja B del partido. De todo ello hay pruebas en el sumario de la trama Púnica, que incluye la declaración de algunos empresarios que admitieron pagos irregulares a la formación conservadora.
El papel clave de González
Para el juez también es relevante la actuación de Ignacio González –vicepresidente con Aguirre y presidente entre 2012 y 2015– al que atribuye un papel clave en los movimientos encaminados a premiar con contratos públicos a las empresas de publicidad que trabajaron en las campañas electorales del PP madrileño. En concreto, mantiene que hay indicios de que tenía la “decisión final” sobre las contrataciones de las que se beneficiaban estas empresas.
De hecho, González fue uno de los asistentes a la reunión, celebrada en 2004, en la que el juez considera que se sentaron las bases de un proceder ilícito que se prolongó en los años siguientes. A ese encuentro, presidido por Aguirre, asistieron también Granados y otros colaboradores de la expresidenta.
Entre ellos, Granados y Alberto López Viejo, del que la sentencia de Gürtel detalla que tenía un control total sobre los actos de la expresidenta, que usó para lucrarse con las comisiones que le pagaban las empresas de la trama. Solo con lo que sacaba de esos actos se llevó a sus cuentas en Suiza casi 300.000 euros de dinero irregular.
González, al que Aguirre eligió como sucesor tras dimitir en 2012 y que fue presidente regional hasta 2015, está por otro lado acusado de ser uno de los cabecillas de la trama Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. A González lo sustituyó Cifuentes en 2015 hasta su renuncia en 2018 por el máster fraudulento.
La investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos, posteriores en el tiempo a la citada reunión de 2004, dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP madrileño, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.
Respecto a Cifuentes, el juez la imputa por haberse saltado trámites en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo hostelero Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, entonces líder de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).
El concurso que no cuadra a los investigadores se produjo cuando Cifuentes era vicepresidenta de la cámara regional, miembro del comité de campaña del PP y patrona de Fundescam, la fundación del PP que los ahora investigados utilizaron como “instrumento de desvío de fondos públicos”, según el auto del juez García Castellón. Lo hicieron otorgando a la fundación subvenciones públicas que acabaron siendo utilizadas para pagar gastos de funcionamiento del partido y gastos electorales que se omitieron en la contabilidad electoral, sin declararse ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.