La presión judicial y política aboca al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos

Juan Carlos de Borbón ha anunciado este lunes su marcha de España, el país que le encumbró como figura clave del paso de la dictadura a la democracia y que tiene ahora sus finanzas bajo la lupa de la justicia. El acelerado desgaste que sobre su figura han provocado los escándalos de los últimos meses y la creciente presión sobre la institución llevan al rey emérito al exilio, después de que su sucesor, Felipe VI, tratase de aplacar las polémicas sobre su padre renunciando a su herencia.

Aquella decisión, tomada al calor del estado de alarma decretado por Pedro Sanchez para frenar la expansión del coronavirus, se ha demostrado insuficiente casi cinco meses después. La casa del rey anunció el pasado 15 de marzo que se le retiraba la asignación constitucional a Juan Carlos I y que Felipe VI renunciaba a su herencia. Lo hacía después de conocerse que la Fiscalía de Suiza investigaba sus cuentas y que The Telegraph revelase que el propio Felipe era beneficiario de la sociedad offshore que se había usado para canalizar la donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen.

El objetivo de aquella decisión anunciada a última hora de un domingo era tratar de abrir un cortafuegos entre el actual rey y su padre; entre los escándalos de las presuntas comisiones de Juan Carlos I y la rectitud institucional encarnada por Felipe VI; en definitiva, entre las sospechas de corrupción y la monarquía.

Surgió entonces la disonancia de voces políticas, entre quienes aupaban este hecho como el signo unívoco de la corrupción de la monarquía y quienes, conscientes de lo que estaba en juego, lo aplaudieron como una señal de la fortaleza de la institución. Pero la distancia que puso Felipe VI con aquella decisión y el estallido definitivo de la pandemia alejaron a Juan Carlos I del foco mediático.

Acabado el estado de alarma y los peores momentos de la lucha contra la pandemia, la reactivación de la vida judicial puso de nuevo las finanzas de Juan Carlos en el centro de la polémica. La Fiscalía del Supremo anunció que abría una investigación para determinar si el rey emérito había cometido delito alguno en los movimientos de sus cuentas en Suiza posteriores a su abdicación, ya que antes gozaba de inviolabilidad.

La presión política se incrementó. Quienes veían en las actitudes de Juan Carlos un reflejo de la impunidad de la monarquía se vieron entonces con argumentos de peso para defender sus posiciones; en el otro lado, las declaraciones viraron hacia una defensa cerrada de Felipe VI y por extensión de la institución a la que representa. No había ya buenas palabras para el considerado por muchos como figura clave de la Transición, conscientes aquellos que abogan por la continuidad de la monarquía que lo mejor era desligarla de quien la había encarnado durante 40 años.

La sucesión de píldoras informativas sobre los tejemanejes de Juan Carlos I con su fortuna, el origen de esta, y la imputación definitiva de la que fuera su pareja, Corinna Larsen, han precipitado la decisión que se ha anunciado a través de un comunicado difundido por la Casa Real pasadas las 18.00 horas de este lunes. El texto reproduce la carta que Juan Carlos le ha enviado a su hijo para comunicarle que abandona España. Minutos después el abogado del rey emérito ha distribuido otro comunicado, informando de que iba a estar a disposición del Ministerio Fiscal “para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna”.

Como era de esperar, su decisión ha desatado una riada de reacciones entre todos los partidos, dispares hasta en el seno del Gobierno. El PSOE ha manifestado su “absoluto respeto a la decisión tomada por el rey emérito”. “Nuestro partido, apoya el trabajo y compromiso del rey Felipe VI”, han añadido fuentes del partido. Desde Unidas Podemos han acusado al rey emérito de “huir” y el propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tachado su actitud de “indigna” y ha añadido que “un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia”.

Una investigación sobre los 100 millones del AVE a La Meca

Jefe del Estado durante 40 años, Juan Carlos I es desde el pasado 8 de junio protagonista de una investigación de un equipo de fiscales especializados del Tribunal Supremo. Más de una década después de la supuesta donación de 100 millones de euros desde Arabia Saudí por su supuesta intermediación en el contrato del AVE a La Meca, el rey emérito es objeto de unas diligencias que se centran en determinar si cometió blanqueo de capitales y delito fiscal después de 2014, cuando abdicó en favor de su hijo y perdió la inviolabilidad de la que gozaba hasta entonces. 

Juan Carlos I es ahora un ciudadano al que la justicia sí puede perseguir aunque mantiene un fuero penal y civil que abarca su vida privada y solo puede ser investigado por el Supremo. No obstante, no existe por el momento ninguna causa penal abierta contra él y no tiene, por tanto, ninguna limitación de movimiento. Este lunes, la Casa Real comunicó que había anunciado a su hijo Felipe VI su intención de abandonar España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. 

El origen de las pesquisas de la Fiscalía del Alto Tribunal está en la investigación por blanqueo que inició en 2018 el fiscal suizo Yves Bertossa tras la publicación de unos audios en los que Corinna Larsen —con quien el rey emérito mantuvo una relación extramatrimonial— le atribuía el uso de testaferros para ocultar una supuesta fortuna en ese país. La publicación de los detalles de esa investigación obligó a intervenir a la Casa Real. 

Cuando el país todavía contenía la respiración por la proclamación del estado de alarma y el confinamiento obligatorio, el rey Felipe VI anunció que renunciaba a su herencia y que retiraba a su padre el sueldo público de casi 200.000 euros que recibía anualmente por su condición de monarca emérito. Tres meses después la propia Casa Real reconoció que ese dinero no se ha devuelto a Hacienda, sino que ha ido a engrosar el fondo de contingencia destinado a atender imprevistos en la Jefatura del Estado. La renuncia a la herencia también es una mera declaración de intenciones, pues el Código Civil impide aceptar o rechazar una herencia hasta que no tiene lugar la muerte de la persona que lega.

Los testimonios incluidos en la investigación suiza publicados por varios medios de comunicación hablan de un monarca retirando cantidades exorbitantes de dinero periódicamente, de su abogado introduciendo maletines por el aeropuerto militar de Torrejón y de Larsen asegurando que el emérito disponía de una máquina de contar el dinero en Zarzuela. Esas pesquisas son las que pusieron la lupa judicial sobre Juan Carlos I al hallar el fiscal Bertossa evidencias de la utilización por parte del monarca de fundaciones offshore para recibir 100 millones de dólares de la casa real saudí. 

A raíz de esas indagaciones en Suiza y la información enviada a España, la Fiscalía del Tribunal Supremo asumió el pasado 8 de junio la investigación contra el rey emérito. La comisión se pagó supuestamente en 2008, pero lo que los fiscales del Supremo tratan de hacer ahora es “delimitar o descartar” la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad a que el rey emérito abdicase en junio de 2014. En concreto, si cometió blanqueo de capitales en los movimientos de dinero o delito fiscal al no informar a Hacienda de sus rentas en el extranjero. 

La declaración de rentas y bienes en el extranjero es de obligado cumplimiento para todos los residentes fiscales en España desde enero de 2013. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro puso en marcha en lo peor de la crisis el llamado modelo 720, al que acompaña un severo régimen sancionador. El rey emérito está obligado, por tanto, a informar de estos fondos en su declaración del IRPF. 

De ahí la relevancia del documento que la Agencia Tributaria remitió en septiembre de 2018 a la Audiencia Nacional y en el que informaba de que Juan Carlos I nunca había declarado tener cuentas bancarias en el extranjero. El entonces juez del caso Villarejo, Diego García Egea, solicitó a la Agencia Tributaria esa información en el marco de la pieza 5 de la causa, la que investiga unas grabaciones entre el policía encarcelado y Corinna Larsen en las que esta atribuye distintos hechos delictivos al rey emérito, entre ellos fraude fiscal. Cuando recibió la contestación, el juez archivó la citada pieza, denominada Carol.

La existencia de ese informe quedó revelada en el auto del actual juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, por el que pasado 27 de julio ordenó la reapertura de esa pieza separada, archivada entonces por ausencia de indicios sólidos y porque otros que constaban contra el emérito quedaban sepultados por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I en todo lo anterior a su abdicación en 2014. Como esa pieza se mantuvo bajo secreto y luego fue archivada provisionalmente, el informe de Hacienda nunca trascendió.