“Parece que se acelera todo, pero todo es el mismo camino: para tener Presupuestos necesitas tener muchas puertas abiertas”. La frase es de un diputado socialista que ha leído perfectamente la estrategia diseñada por Moncloa de tener varias vías disponibles para sacar adelante las cuentas públicas. El Gobierno tiene a Ciudadanos dispuesto a apoyar el proyecto presupuestario ante la emergencia del país –y de paso recibir cierto oxígeno para el recién estrenado liderazgo de Inés Arrimadas– y por la izquierda, al bloque de la investidura, al que ha dedicado los últimos guiños, especialmente a ERC, que lleva meses reclamando a Pedro Sánchez una solución para los presos del procés. Esa cuestión estuvo sobre la mesa en la reunión que mantuvieron el presidente y Gabriel Rufián a principios de septiembre en la ronda de toma de contacto con los grupos y también en el encuentro con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Ahora se ha colado de lleno en medio de la negociación presupuestaria.
El gesto llegó en la sesión de control al Gobierno este miércoles: el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explicó que la próxima semana se iniciarán los trámites para estudiar el indulto de los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. “Estamos tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted tanto le preocupan porque les tocan, se empezarán a tramitar la semana que viene”, le dijo a la diputada de JxCat Laura Borràs, que manifestó posteriormente su “sorpresa”.
Un gesto: el anuncio del trámite obligado de los indultos
El Gobierno tiene la obligación de dar trámite a todas las solicitudes de indulto que le llegan, entre ellas las de los líderes independentistas, que han sido en muchos casos impulsadas por particulares –un abogado lo pidió para los 12 condenados, tres expresidentes del Parlament lo hicieron por Carmen Forcadell, o por entidades, como UGT, que lo ha solicitado para Dolors Bassa–. A pesar de que el Gobierno niega que se trate de un guiño a las fuerzas independentistas, no tenía por qué comunicar el inicio de los expedientes y es ahí donde va generando un clima que puede allanarle el camino de ERC. “Es un trámite administrativo, has hecho el gesto de comunicar públicamente lo que es normal”, comenta el mismo diputado socialista.
“Que se serene el PP porque entre las obligaciones de la Administración General del Estado y, en este caso, del Ministerio de Justicia está tramitar todos los indultos que se registran. Lo que no puede hacer este Gobierno es no tramitar lo que está obligado a tramitar siempre”, respondió la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en referencia al airado anuncio de Pablo Casado de que recurrirá ese indulto –que en todo caso tiene por delante un proceso que Campo ha calculado que durará unos ocho meses hasta que el Consejo de Ministros decidiera concederlo y en el que el Supremo e Instituciones Penitenciarias deben emitir los preceptivos informes, aunque no serán vinculantes para la decisión de Sánchez–. Ciudadanos también ha anunciado que recurrirá esa decisión, aunque Arrimadas no se levantará de la mesa negociadora de las cuentas públicas ante el anuncio. “No le vamos a dar ninguna excusa para que pacte con los independentistas”, asegura un dirigente de la formación.
El debate de los indultos causa controversia en el seno del PSOE –aunque el debate interno despareció tras la arrolladora victoria de Sánchez en las primarias y su posterior llegada a Moncloa–, pero tiene defensores, como Miquel Iceta. “Sin duda pediría el indulto porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político”, anticipó el líder del PSC en plena campaña de las catalanas de 2017. Se reafirmó en esa defensa, de la que entonces se desmarcó el PSOE, y que le costó 100.000 votos, según sus cálculos. En Unidas Podemos no han ocultado la satisfacción por el camino que toma el Gobierno. “Después de meses de trabajo, hoy el Gobierno de coalición ha anunciado la reforma del delito de sedición y la tramitación de los insultos por la libertad de los presos y presas políticos”, ha celebrado el líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens.
No es el único guiño a ERC, al que el Gobierno volvió a señalar como socio prioritario para sacar adelante los Presupuestos –sin llegar a cerrar la puerta a Ciudadanos– tras el encuentro de Sánchez y Rufián. El Gobierno también ha retomado en la antesala de la negociación presupuestaria el compromiso que adquirió en la investidura de reformar el Código Penal para rebajar las penas por sedición. El Ejecutivo argumenta que es necesario “adecuar” la tipificación relativa a los delitos de rebelión y sedición a la legislación europea ante el varapalo que se llevó la justicia española de los tribunales alemanes que rechazaron la extradición de Carles Puigdemont. Esa modificación de la legislación penal, que se incluyó en el último momento en el plan normativo del Gobierno para lo que queda de 2020, supondría una revisión a la baja de las penas de Oriol Junqueras y el resto de líderes encarcelados.
ERC ve insuficiente la reforma del Código Penal
La solución no sería inmediata dado que el trámite para reformar el Código Penal tendría que prolongarse también unos meses: primero se tiene que aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros, después recibir los informes del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, y luego sumergirse en la tramitación parlamentaria. Una de las opciones que maneja el Gobierno es agilizar los plazos planteando la tramitación por lectura única, aunque fuentes gubernamentales sostienen que no está decidido y que hay más opciones. “La tramitación de una ley puede hacerse también de forma rápida en comisión. Además, la lectura única tiene unos límites vinculados a la naturaleza del proyecto o su simplicidad. Por tanto, dependerá de la reforma del Código Penal que finalmente se plantee”, apuntan las fuentes consultadas por elDiario.es.
A pesar de que en la cúpula socialista creen que la negociación fluye con ERC desde hace varias semanas, ninguno de esos dos planteamientos convence a priori a los republicanos catalanes. “Evidentemente no es suficiente”, afirmaba tajante Rufián en una entrevista en elDiario.es.
“Nosotros tenemos dos propuestas: amnistía y referéndum. Son propuestas que esperan contrapropuestas”, señalaba el portavoz de ERC, que está convencido de que habrá un punto intermedio entre su punto de partida y el de Sánchez. “Lo positivo es que ya existe un espacio. Por eso es tan relevante la mesa de diálogo y de negociación entre gobiernos”, apunta el portavoz de ERC. No obstante, la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat aún no tiene fecha. Desde Moncloa aseguran que están a la espera de que Quim Torra la ponga.
A las puertas de que el Supremo se pronuncie sobre la inhabilitación a Torra, que se espera para los próximos días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anulado la presencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de los despachos a la nueva promoción de jueces que siempre preside el jefe del Estado. Ese evento se celebra siempre en Barcelona, a excepción del pasado año que tuvo lugar en Madrid.
El CGPJ tenía ya las invitaciones con la presencia de Felipe VI, tal y como publicó El Mundo, y confirmó el vocal José María Macías en una entrevista en la Cadena Ser en la que aseguró que recibieron la aceptación de asistencia por parte de Casa Real y, posteriormente, “una comunicación en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto”. “La razón indicada es que no podía hacerlo porque el Gobierno no lo autorizaba”, explicó Macías: “Las actuaciones de su majestad, por exigencia de la Constitución, precisan ser refrendadas por el Gobierno; en este caso parece que no ha sido así”.
Tanto el Gobierno como Zarzuela ocultan los motivos por los que el jefe del Estado no acudirá a Barcelona este viernes, aunque desde Casa Real deslizan que ha sido una decisión del Gobierno. “Todos los actos de la Corona deben tener el refrendo constitucional del Gobierno. Si al final, por las circunstancias que sean, no se puede producir ese refrendo, lógicamente el Rey se debe atener y se atiene a ese hecho. Y, por supuesto, no entramos en causas ni motivaciones porque no nos corresponde, como es natural”, señalan fuentes de la institución.
“Hay decisiones que están muy bien tomadas”, aseveró la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en declaraciones a los periodistas en las que se negó a explicar en base a qué se había tomado esa decisión ni quién lo había hecho. “A quien corresponde”, se limitó a responder. Fuentes gubernamentales rechazan, no obstante, que se trate de razones de seguridad: “La seguridad está garantizada en España y también en Catalunya”.