“Indignante”. “Alucinante”. “La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia, debilitada”. “Pone a las entidades financieras por delante de los intereses de los ciudadanos”. “No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo”. “Hacen falta jueces independientes del poder económico”. “Es inaceptable la confusión generada”. “La reflexión debe ser que empecemos a hablar de si la Justicia es igual para todos”.
El veredicto definitivo de la justicia sobre el impuesto de las hipotecas ha provocado una situación con pocos precedentes en España. Los políticos han perdido el miedo a criticar sentencias, empezando por el que ocupa el cargo más importante. “Respeto la independencia del poder judicial, pero ningún poder está fuera de la crítica. Creo que el poder judicial debe hacer autocrítica de lo que ha pasado”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De repente, el Tribunal Supremo se ve sin el escudo que le protegía y sus togas han quedado empapadas por un diluvio de descalificaciones, cuando no marcadas por los logos de los bancos. Su credibilidad está bajo sospecha precisamente en el momento en que más la necesita, a pocos meses del juicio del procés.
“Por lo que afecta a la opinión pública, este es el peor momento para la Justicia desde que se aprobó la Constitución”, opina Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. “Nunca ha habido un momento tan duro, tan crítico”.
Unidos Podemos se lanzó a denunciar la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que beneficiaba a los bancos, pero también hubo críticas muy duras desde el PSOE y Ciudadanos. El espectáculo ofrecido por el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, un protegido del presidente del Tribunal Supremo, había sido tan delirante que se quedó sin defensores en la clase política. Ni siquiera el lugar común de “respetar las decisiones judiciales” sonaba convincente esta vez. De hecho, casi no sonaba en absoluto.
Las críticas son imprescindibles
Conceptos como separación de poderes e independencia judicial son tan reales como imprescindibles en una democracia. Ahora se extiende la idea de que no pueden utilizarse como coartada para exigir que los políticos –y por extensión los ciudadanos– tengan que permanecer callados ante medidas algo más que discutibles. “Es otro poder del Estado. Cómo no vamos a poder criticar al poder judicial. Todos estamos sometidos al control social. La crítica por sí misma no es un ataque a la independencia de los jueces ni al ministerio fiscal”, opina el fiscal Carlos García Berro, de la Unión Progresista de Fiscales.
En el caso del impuesto de las hipotecas, no hay muchos juristas que apelen al corporativismo o se quejen de las críticas más rotundas. Los grupos de chats frecuentados por jueces y juezas, favorecidos por el hecho de que son comunicaciones privadas que no suelen trascender, se llenaron de improperios y lamentos. “A aguantar escraches por culpa de Picazo mientras yo continúo sin ordenador”, decía uno de los mensajes recopilados por El Confidencial.
El símbolo de la chapuza
El juez Díez-Picazo se ha convertido en el símbolo de la incompetencia y pasó a ser el de la sospecha cuando fue además el voto decisivo en el desenlace. Un voto suyo diferente habría provocado un empate a catorce entre los miembros de la Sala. Él llevó el asunto al pleno y él votó a favor de volver a cambiar de criterio y desmentir a la Sección Segunda de la Sala, que había decidido inicialmente dictar que el pago del impuesto corriera a cargo de los bancos.
Díez-Picazo alcanzó la presidencia de esa Sala gracias a la intervención del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que se saltó la tradición de renovar a los presidentes de Sala con la intención de promover un relevo a su gusto.
A la polémica sucedió un claro ejemplo de ceguera de Lesmes, que se permitió incluso presumir de un procedimiento que había provocado perplejidad o indignación: “Estas son las reglas del juego de nuestro Estado de derecho”.
No lo serán cuando tantos jueces y fiscales coinciden con la opinión de Miguel Pasquau, magistrado del TSJA, que califica de “estrambótico” el recorrido judicial del caso. Su crítica, y la responsabilidad de los poderes ejecutivo y legislativo, va más allá del caso del impuesto de las hipotecas: “Lo mejor que puede decirse es que estamos tardando años o décadas en que la justicia y sus problemas pasen de la agenda mediática a la política. Que llegue una legislatura en la que se haga una reflexión profunda sobre la justicia. No es un desastre, el modelo es bueno, pero hay que ver qué cosas son mejorables”.
Las asociaciones de jueces y fiscales comparten esa crítica y han convocado una huelga para el 19 de noviembre para exigir más medios: “La Justicia sigue igual de denostada”, dicen en la convocatoria.
Cómo elegir a la cúpula
El problema podría no estar en todo el sistema de justicia, sino en su parte superior. “El sistema judicial funciona muy bien en su función ordinaria con una calidad técnica alta”, opina Joaquín Urias. “Pero los altos órganos judiciales toman decisiones que no están guiadas por la neutralidad ideológica”.
El fiscal García Berro también destaca que en la base se han tomado muchas decisiones socialmente encomiables en los tribunales sobre cláusulas suelo, falsos autónomos, protección de menores o de víctimas de delitos; en definitiva, con casos que denotan una gran sensibilidad hacia los problemas de la sociedad.
Pasquau es de los que piensan que la polémica sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ocupa de nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, ha estado siempre sobredimensionada: “La independencia judicial se fundamenta en la propia calidad del juez, no en que los partidos quieran controlarlos. No depende tanto del modo de elección, sino de una cultura judicial”.
En tono sarcástico, Pasquau propone trasladar la sede del CGPJ “a Teruel”, es decir, a cualquier sitio que no sea Madrid, refiriéndose al riesgo permanente de politización con independencia del método de elección.
Ciudadanos pretende que sean los propios jueces los que elijan a los representantes de la carrera judicial en el CGPJ. Antes del sistema actual eran las asociaciones judiciales las que intervenían, lo que daba ventaja a los conservadores. “Tiene que haber en la Justicia un componente democrático en su gestión. No sería tan democrático si los eligieran las asociaciones judiciales”, dice García Berro.
El problema es que los partidos tienen la habilidad de elegir a miembros del CGPJ que luego funcionan como un bloque político con su disciplina de voto, al igual que en el Parlamento. Todo el mundo sabe quién le ha elegido. Y eso contamina al Tribunal Supremo. “Llegas a miembro del Tribunal Supremo con apoyo político”, dice Urias. “No puedes serlo en España sin el apoyo del PP o del PSOE. Al entrar, tienes una deuda política y eso se paga”, apunta.
La cúpula lleva el pecado original de la politización. Urias llega a decir que “se ha independizado del Estado de derecho”. No tiene un problema de independencia, sino de neutralidad: “Los órganos judiciales no pueden dar siempre la razón a los mismos”.
Urias propone un sistema de puntos que valore toda la carrera de un jurista en la elección del CGPJ. Pasquau introduce la idea de sorteo entre los que cumplan una serie de requisitos. Ambas opciones dejan fuera el criterio de los políticos o intentan limitar su capacidad de intervención.
En estas semanas, PSOE y PP están negociando la renovación del CGPJ con el método ya conocido de repartirse la elección de sus integrantes para su votación por una mayoría reforzada en Congreso y Senado. El nuevo CGPJ elegirá al sucesor de Lesmes, pero su identidad ya estará pactada por los dos partidos.
Algunas cosas no cambian en la Justicia por mucha credibilidad que pierda.