Presupuestos, vetos y comisiones de investigación: cómo podría el PP lastrar en el Senado a un Gobierno progresista

Pese lograr ser primera fuerza en las elecciones del 23 de julio, el PP de Alberto Núñez Feijóo, que ha recibido el encargo del rey para intentar una investidura, tiene casi imposible articular una mayoría parlamentaria que le permitiera desbancar al PSOE de la Moncloa. Solo tiene una opción: la abstención de Junts. Así que para contrarrestar el previsible Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, la derecha intentará exprimir la exigua mayoría de Sánchez en el Congreso y recurrirá a su mayoría absoluta en el Senado para lastrar, e incluso torpedear, la acción del Gobierno.

El PP obtuvo el pasado 23J una holgada mayoría en la Cámara Alta: 120 senadores frente a los 77 del PSOE. En tercera posición, lejísimos, la coalición de ERC y EH Bildu, con siete escaños. A los senadores por elección directa se añaden los de designación autonómica, que disparan a la derecha hasta los 144 de un total de 265. 

Los de Feijóo controlarán así el Senado. El presidente de la Cámara es Pedro Rollán, amigo de Feijóo y uno de los miembros de su dirección. El PP domina además el órgano de gobierno y, con ella, el calendario de desarrollo de los debates, la tramitación de las leyes y los recursos técnicos de los grupos. Pero, ¿en qué cuestiones concretas se puede traducir este mandato? ¿Cómo puede afectar a un hipotético Gobierno de Pedro Sánchez?

El sistema español es bicameral imperfecto, por lo que todas las leyes (con excepciones como los decretos-ley) deben pasar el filtro del Congreso y del Senado. El segundo puede modificar los textos que llegan del primero. Pero el Congreso tiene la capacidad de revertir los cambios del Senado. Además, la Mesa del Senado, que controlará el PP, puede ampliar los plazos de tramitación hasta un máximo de dos meses, 20 días si el Congreso ha decretado su carácter urgente.

Otra opción es que el Senado vete una ley aprobada en la Cámara Baja, que podría levantarlo con la mayoría absoluta o, pasados dos meses, una mayoría simple.

Feijóo podrá así retrasar la aprobación o modificación de normas emanadas del Congreso, por la vía de prolongar la tramitación y con la capacidad de introducir cambios. Pero no podrá impedir que al final se conviertan en ley.

Desde el PP apuntan a elDiario.es que, “evidentemente”, exprimirán al máximo las opciones para hacer oposición desde la Cámara Alta. La derecha no podrá impedir que se aprueben según qué normas, pero sí dificultar su tramitación, y poner en tensión a la compleja mayoría parlamentaria del bloque progresista.

Estabilidad presupuestaria

El resorte más contundente para Feijóo será, si Sánchez finalmente es investido, el de interferir en los Presupuestos Generales del Estado. El Senado sí tiene capacidad de veto en los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y en la llamada regla de gasto, así como en el límite de gasto no financiero del Estado. Una medida introducida por el PP en 2012 a lomos de la reforma del artículo 135 de la Constitución española pactada con el PSOE en el verano de 2011.

El Gobierno debe aprobar este marco económico, en consonancia con las reglas de la Unión Europea, y a partir del cual se redactan las cuentas públicas tanto de la Administración General como de las autonómicas, para remitirlo después a las Cortes Generales. Ambas cámaras deben dar su visto bueno, o serán devueltas al Ejecutivo para que las reformule.

En los últimos años, a cuenta de la pandemia y de la guerra de Ucrania, el Gobierno ha reclamado al Congreso que suspenda las reglas fiscales. Pero, de momento, no se ha solicitado para 2024, el Ejecutivo está en funciones y los plazos corren. Tal y como se está desarrollando el conflicto en el norte de Europa, no es descartable que el Ministerio de Hacienda vuelva a pedir que se levanten estas reglas, lo que le daría un año más de oxígeno. E incluso que se prorroguen las cuentas hasta que se resuelva la investidura.

Pero si en los Presupuestos del año que viene, o para los de 2025, vuelven las reglas de déficit, el PP podrá tumbar en el Senado estos indicadores e impedir al futuro Gobierno expandir más los presupuestos. Aumentar el gasto, en definitiva, ya que las cuentas públicas se tendrían que hacer con los números anteriores. Feijóo, si se mantiene al frente del partido, tendrá que decidir si torpedea al Ejecutivo, lo que implicaría explicar por qué impide incrementar el dinero disponible.

Otra potestad del Senado, esta vez única, es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, órgano que tiene entre sus competencias, por ejemplo, reclamar comparecencias del Gobierno para informar sobre los acuerdos entre el Ejecutivo central y los autonómicos.

Esta comisión es también clave en la activación del artículo 155 de la Constitución, aunque siempre a petición del Gobierno.

Comisiones de investigación, reprobaciones y CGPJ

Pero el PP puede ir más allá de retrasar, e incluso boicotear, la aprobación de leyes, o de entorpecer la acción del Gobierno por la vía parlamentaria. El Senado tiene otras competencias no legislativas que también podrían ser empleadas en el ejercicio de la oposición a la coalición de PSOE y Sumar, si finalmente cristaliza.

La Cámara Alta, al igual que el Congreso, puede impulsar comisiones de investigación. Un arma que el PP podrá activar a su antojo gracias a su control de la Mesa y del Pleno.

De hecho, la derecha ya lo hizo en un pasado reciente. Tras la moción de censura de 2018, el PP puso en marcha en el Senado una comisión de investigación sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez. También tenía entonces mayoría absoluta, pero el adelanto electoral de 2019 después de que ERC rechazara el proyecto de Presupuestos Generales impidió su desarrollo.

La comisión que sí se desarrolló fue la que montó el PP para intentar contrarrestar la investigación parlamentaria en el Congreso sobre la llamada policía política, las unidades parapoliciales organizadas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy y con el investigado Jorge Fernández al frente del Ministerio del Interior. Su objetivo fue doble: destruir las pruebas de la financiación ilegal del PP e inventar pruebas falsas contra políticos independentistas y contra Podemos.

De hecho, el por entonces secretario general de este partido, Pablo Iglesias, compareció en el Senado para responder sobre la nunca demostrada financiación venezolana de Podemos. Iglesias no fue el único en desfilar por la Cámara Alta. Eso sí, el PP vetó que los suyos fueran interrogados.

El Senado también tiene potestad para ejercer el control al Gobierno. Además de poder solicitar comparecencias en Pleno o comisión, y de las habituales sesiones de control, la Cámara Alta puede reprobar a un ministro. Un mecanismo parlamentario que no pasa de ser una declaración de rechazo a un miembro del Ejecutivo y una petición expresa de dimisión o destitución, pero sin ser de obligado cumplimiento. 

Es un arma política que puede permitir poner el foco en un tema o persona de interés (y sacar la atención de otro asunto) o debilitar a un oponente en un mal momento.

El Senado guarda una última clave: la renovación del CGPJ. Camino de los cinco años de bloqueo impuesto por el PP ante el riesgo de perder el control del Poder Judicial, los comicios del 23J han igualado un poco la situación. 

El Senado nombra, actualmente, a 10 de los 20 vocales del Consejo. Necesita para ello una mayoría de 3/5, lo que implica un entendimiento con el PSOE. Pero en la negociación, si es que se produce, Feijóo y los suyos pueden intentar arañar una situación de empate en este trascendental órgano constitucional. Una clara mejoría de la posición que tenía el PP hace apenas un mes, cuando estaba abocado a perder una larga hegemonía, como ya le ha pasado en el Tribunal Constitucional.