Por prevaricar, beneficiar a narcos o bajo rendimiento: historia de los seis jueces expulsados de la carrera

Beneficiar a delincuentes, mantener en prisión a inocentes, quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o acumular retrasos en dictar sentencias. Estos son los principales motivos que, desde su creación en 1978, han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expulsar a jueces de la carrera por motivos disciplinarios. Se trata, no obstante, de una actuación muy excepcional: en más de cuatro décadas han sido únicamente seis los magistrados castigados con la máxima sanción disciplinaria, que es la separación definitiva. Además, tres de estas expulsiones fueron revocadas por el Tribunal Supremo con diferentes argumentaciones. 

El órgano de gobierno de los jueces —que camina ahora hacia los tres años de mandato caducado— tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes, entre otros. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones de hasta tres años y expulsiones. En estos tres últimos supuestos, la decisión corresponde al pleno, donde tiene que ser aprobada con mayoría absoluta. Es decir, al menos once de los veinte vocales más el presidente. 

Además de estas sanciones disciplinarias, el órgano de gobierno de los jueces también puede acordar suspensiones cuando se procede contra un magistrado por la comisión de supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o cuando se le condena a inhabilitación para el cargo, lo que puede implicar la pérdida de la condición de juez y la obligación de participar en concursos para obtener una nueva plaza, para lo que debe contar además con una declaración de “aptitud” del CGPJ. Uno de los casos más conocidos es el de Baltasar Garzón, que fue, primero, suspendido de forma cautelar de sus funciones y, después, apartado en virtud de la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Supremo por las “arbitrarias” escuchas a los abogados de la Gürtel. 

Retrasos “injustificados” 

El magistrado Manuel Arce ha sido el último expulsado de la carrera por motivos disciplinarios. El CGPJ acordó apartarlo el pasado 23 de septiembre por su bajo rendimiento. Por catorce votos a siete, el pleno aprobó su separación definitiva por una falta muy grave de desatención e incumplimiento de deberes tras haber sido sancionado hasta una decena de veces en los últimos años por acumular retrasos “injustificados” en sus diferentes destinos. La última, como titular del juzgado de primera instancia número 5 de Tarragona. Arce, que ya fue apartado del juzgado cuando arrancó la investigación a propuesta de la Comisión Disciplinaria, contaba con una media de tres sentencias al mes cuando la media por magistrado suele ser de 240 al año y acumulaba gran cantidad de asuntos sin resolver. Es la primera vez que el CGPJ expulsa definitivamente a un magistrado por este motivo. 

Antes que él, otros cinco magistrados habían sido castigados con la máxima sanción disciplinaria, que es la expulsión definitiva, si bien el Supremo revocó tres de esas expulsiones. Los primeros magistrados en la historia del CGPJ en ser apartados por motivos disciplinarios fueron Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, destinados en el Alto Tribunal y la Audiencia Nacional, respectivamente, por su implicación en el escándalo de la puesta en libertad del jefe de la camorra napolitana, Antonio Bardellino. 

Aunque salieron absueltos de la vía penal —al entender los jueces que la decisión de Varón Cobos de poner en libertad a Bardellino fue legal— sí fueron castigados a la separación de la carrera judicial por parte del CGPJ en mayo de 1986. Casi dos años después, en enero de 1988, el Supremo confirmó la expulsión de Rodríguez Hermida pero permitió volver a la carrera judicial a Varón Cobos, a quien rebajó la sanción impuesta de falta muy grave a falta grave, con una sanción de 50.000 pesetas (300 euros). En su resolución, la Sala Tercera consideró probado que Rodríguez Hermida “ejerció presiones” a Varón Cobos para que excarcelara a Bardellino, un “delincuente peligroso y habitual buscado por el servicio de Interpol”. 

Por una cuestión formal, el Supremo anuló en 2012 el castigo a José Antonio Martín Martín, otro juez separado de la carrera por favorecer supuestamente la excarcelación de un delincuente. En este caso, Rafael Bornia, uno de los narcos más relevantes de Europa. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después revocada por el Supremo, Martín dio instrucciones a un empresario amigo suyo sobre cómo debía actuar Bornia para que se le concediera la libertad con fianza en una vista en la que él sabía que iba a ser el presidente. Aunque fue absuelto por la vía penal, el CGPJ siguió adelante con la vía disciplinaria y le expulsó de la carrera en 2010 al considerar que había cometido cuatro faltas muy graves. Dos años después, en 2012, el Supremo anuló esa expulsión porque el CGPJ superó el plazo de seis meses para investigarlo. 

También fue revocada por el Alto Tribunal la expulsión de la carrera de la magistrada Pilar Ramírez decretada por el CGPJ en el año 2000 por no abstenerse de asuntos en los que era parte el Ayuntamiento de Marbella a pesar de tener su padre y su hermano convenios urbanísticos con ese Consistorio. En 2002, el Supremo rebajó ese castigo de expulsión a suspensión durante tres años al entender que no era “proporcionado” con la lesión producida por la juez al principio de imparcialidad. Sí confirmó íntegramente la otra sanción de un año de suspensión que le impuso el CGPJ al quedar acreditado que el número de habitantes de Marbella no supera los 100.000 habitantes y, por tanto, no podía ejercer en esa población porque su familia tenía allí intereses económicos.

Sí fue ratificada por el Supremo la expulsión de una jueza, Adelina Entrena, que olvidó ordenar la libertad de tres presos. Uno de ellos pasó más de un año en la cárcel indebidamente, lo que provocó que la jueza fuera juzgada y condenada a un año de separación del servicio. No obstante, en el procedimiento disciplinario, el CGPJ acordó expulsarla de carrera en 2007 al estimar que había cometido cuatro infracciones muy graves de desatención de competencias judiciales. Tres de ellas por retrasos concretos en la excarcelación de presos y una cuarta por el “descontrol” de su juzgado. El Supremo ratificó en 2010 esa decisión. Entrena fue hallada muerta en su casa en 2014.  

Ejecución de condenas

Además de estas sanciones disciplinarias, el CGPJ también ejecuta las penas impuestas en sentencia firme contra jueces y magistrados. Es decir, acuerda separaciones de la carrera cuando media una condena penal de inhabilitación, lo que supone la pérdida de la condición de juez. Fuentes de la institución explican que, en este supuesto, para lograr la readmisión hay dos vías: la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano, o pedir la rehabilitación al órgano de gobierno.

Estas mismas fuentes explican, no obstante, que cuando la condena ha sido por delitos relacionados con la Administración de Justicia lo habitual es que esas peticiones de rehabilitación sean desestimadas. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Francisco Serrano, exportavoz de Vox en Andalucía que fue condenado por prevaricación cuando era magistrado. El CGPJ rechazó en 2017 devolverle la toga aunque esa decisión fue también revocada por el Supremo. 

La hemeroteca recoge multitud de casos de jueces apartados de la carrera por haber sido inhabilitados para el cargo. Entre los más conocidos está el citado de Baltasar Garzón, pero hay mucho más. Uno de los primeros magistrados expulsados tras ser condenado fue  Pascual Estevill, al que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya impuso una pena de 15 años de inhabilitación por dictar resoluciones injustas y extorsionar a empresarios y banqueros bajo amenazas de enviarles a prisión. El Supremo confirmó la sentencia en 2006. 

Otros jueces apartados por el CGPJ en cumplimiento de sentencias judiciales son Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricar en el denominado caso Sogecable; Francisco Urquía, condenado por cobrar 60.000 euros a cambio de liberar a un imputado; Elpidio Silva, condenado por prevaricar al enviar en dos ocasiones a la cárcel al banquero Miguel Blesa; o Salvador Alba, condenado por conspirar contra la jueza en excedencia y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.