Las primarias en Vox están encaminadas a la extinción. Las numerosas denuncias de irregularidades que ha ido recibiendo el Comité Electoral del partido estas últimas semanas como consecuencia de las elecciones internas convocadas para elegir a los Comités Ejecutivos Provinciales (CEP), han derivado en que la cúpula del partido de extrema derecha se esté replanteando la “utilidad” de estos procesos internos y baraje eliminarlos de los estatutos.
La idea de eliminarlas ya la lleva fraguando Santiago Abascal desde hace tiempo, dado que su celebración, según esgrime la formación, solo le ha causado problemas, mientras los militantes críticos lamentan que solo sirvan para “blanquear a los candidatos oficialistas” dadas las escasas posibilidades que tienen los rivales que se enfrentan a ellos de ganarles limpiamente. De hecho, en este último proceso que acaba de culminar ya se ha evidenciado esta situación de desventaja.
Los cambios estatutarios establecen ahora que solo se celebren primarias en aquellas provincias en las que el partido tenga más de 500 afiliados. Por eso, el pasado 31 de agosto la dirección de la formación de extrema derecha únicamente convocó primarias en 19 provincias de las 52 que hay en España (50, más Ceuta y Melilla), mientras en el resto han seguido mandando las gestoras designadas a dedo desde Madrid.
Finalmente, de esas 19 provincias solo se celebraron primarias en siete, ya que fueron las únicas en donde los aspirantes alternativos había obtenido el aval del 10% del censo de afiliados, que es el mínimo exigido para poder presentarse. En las otras 12 provincias fueron proclamadas como ganadoras las candidaturas oficialistas. El proceso se saldó con un aluvión de recursos.
Además, tras las numerosas denuncias recibidas, el Comité Electoral ordenó anular y repetir los procesos en tres de esas siete provincias: Málaga, Alicante y Jaén. Según reconoció la dirección de Vox, los motivos para esa repetición fueron las “infracciones de las normas internas” y las irregularidades cometidas que “enturbiaron el proceso electoral”. En Alicante no hubo sorpresa y ha ganado el proceso Ana Vega , actual presidenta de la gestora y síndica en las Corts Valencianas, al conseguir 405 votos telemáticos frente a los 280 de su contrincante, Rafael Ramos Rodríguez.
Pero en Málaga se ha alzado con la victoria el candidato crítico, el coronel de la Legión retirado Enrique de Vivero, por un estrecho margen de votos frente al actual presidente provincial, José Enrique Lara, al que se enfrentó. El triunfo de la candidatura no oficialista ha sido muy ajustado, ya que Lara obtuvo 370 votos y su rival once votos más, es decir, 381.
En Jaén finalmente no se tuvieron que repetir las votaciones al haber renunciado los dos candidatos en liza: Salud Anguita, actual portavoz en el Ayuntamiento y anterior presidenta provincial de Vox; y el concejal del municipio de Martos Gerardo Aceituno. El partido decidió nombrar allí una gestora.
En la última Asamblea Nacional celebrada en marzo de este año, antes de que estallara la pandemia con toda su crudeza, la dirección del partido aprobó otro cambio estatutario para concentrar todo el poder en la Ejecutiva Nacional y en Santiago Abascal, que no tuvo que someterse a primarias para ser reelegido como presidente de Vox para otros cuatros años. El Comité Electoral alegó que como su candidatura había sido la única que había conseguido superar el 10% de avales necesarios –algo que hizo con creces–, no hacía falta que los afiliados lo refrendaran. Los intentos de Carmelo González, responsable de comunicacion del partido en Las Palmas, de presentarse al proceso fueron cercenados de inmediato, ya que le cesaron. El militante canario impulsó después una corriente interna convertida ahora en asociación, VoxHabla, que aglutina a los críticos y de la que se erigió en portavoz.
Tampoco hubo primarias en las últimas elecciones municipales y autonómicas del pasado 26 de mayo de 2019. Vox decidió suprimirlas para evitar “luchas internas”, lo que desató un fuerte malestar entre el sector crítico cada vez más crecido. En un comunicado que hicieron correr por las redes, este grupo de militantes de diversas provincias denunció que se estaba instaurando un sistema de “compadreo que facilitaba dedazos, pucherazos y corrupción”. Ahora, los díscolos han redoblado sus denuncias y algunos han anunciado que llevarán sus casos hasta los tribunales.
Abascal y Ortega testificarán ante el juez el 16 de noviembre
Otro caso que colea es la denuncia interpuesta por un grupo de militantes contra Vox, a la que ha tenido acceso elDiario.es, por la sustitución, hace ahora un año –el 1 de octubre de 2019–, del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox Barcelona por una gestora impuesta por la dirección, como el partido hizo en muchas otras provincias. Los denunciantes consideraron que era ilegal, ya que vulneraba los estatutos del partido. La denuncia fue admitida a trámite. El partido interpuso un recurso pero fue rechazado.
Como consecuencia de ello, Abascal, como presidente de Vox, y Javier Ortega Smith, en calidad de secretario general, tendrán que declarar ante el juzgado de instrucción número 44 de Madrid el próximo 16 de noviembre, después de que el juez haya decidido citar a ambas partes a testificar.
Según la denuncia de los militantes críticos de Vox, la dirección del partido de extrema derecha destituyó a los antiguos miembros del CEP de Barcelona para reemplazarlos por la gestora, impuesta “a dedo” y encabezada por Joan Garriga, sin haber realizado primero un cambio estatutario. “No se puede disolver el órgano de gobierno elegido democráticamente e imponer una gestora sin seguir los cauces que el partido marca para ello”, explican en el escrito.
Garriga acaba de ser designado oficialmente presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Barcelona junto a Juan Cremades, que es a su vez miembro del Comité Electoral. Los dos afiliados que intentaron ser sus rivales en las recientes primarias, sin conseguir avales suficientes, Sayde Chaling-Chong, y Jesús Rodríguez, han presentado un recurso interno impugnando su designación.