El nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo se parece al de Pablo Casado. Al menos en lo que se refiere a sus relaciones con el Gobierno de coalición, que este jueves estuvo muy cerca de ver cómo caía su decreto anticrisis. Un escenario con el que el Ejecutivo no contaba hace apenas un mes, pero en el camino de lo que iba a ser un paseo en el Congreso se han cruzado las revelaciones del espionaje del CNI a políticos, activistas, periodistas y abogados. Las intervenciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, terminaron de soliviantar al independentismo catalán, que se fue al no. Se abrió así la puerta a que el primer partido de la oposición marcara el paso al Gobierno en la materia que ha elegido para asaltar la Moncloa: la economía. Feijóo quiere ofrecer una imagen alejada de su predecesor, mostrarse útil y capaz de llegar a acuerdos de Estado. Los contactos fueron infructuoso y, entre la abstención y el no, el PP optó por el rechazo total para apuntalar el relato de que Bildu votó a favor a cambio de entrar en la comisión de secretos oficiales.
El misterio se resolvió a las 9.30 del jueves, después de días de idas y venidas para salvar el decreto que recoge, entre otras medidas, la bonificación de 20 céntimos en el precio del combustible, la ampliación del ingreso mínimo vital o del bono social eléctrico. El martes por la noche, la ministra de Hacienda telefoneó al vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. Apenas 24 horas antes, el también consejero andaluz de Hacienda había sido designado por Feijóo como interlocutor con el Ejecutivo, pese a que el gallego se reunió con Pedro Sánchez en la Moncloa antes de Semana Santa.
En la conversación, según la versión del PP, Montero preguntó a Bravo si iban “en serio” con la propuesta de negociación. Respondió que sí y le devolvió la pregunta a la ministra, quien también dijo querer llegar a un acuerdo. El dirigente del PP pidió a la titular de Hacienda el compromiso de asumir el plan económico que remitieron al Gobierno el pasado viernes por la tarde y que supone una profunda rebaja de impuestos. Pero Montero le dijo que no habían tenido tiempo de analizarlo en profundidad.
Ambos quedaron en hablar al día siguiente, pero la ministra le recordó al consejero que Pedro Sánchez entregó a Feijóo en Moncloa un documento con 11 puntos para negociar sobre el que, de momento, no hay ningún avance. No volvieron a hablar hasta este jueves en el Congreso, donde coincidieron en los pasillos. Ambos se saludaron amablemente delante de los periodistas e intercambiaron alguna broma para intentar demostrar que la relación es buena pese al desencuentro.
El mismo martes por la tarde, antes de la llamada de Montero a Bravo, Robles respondía en el Senado a las primeras preguntas sobre Pegasus. El resultado no fue óptimo y las alarmas se encendieron en Moncloa. Al día siguiente, la ministra de Defensa espetó en la sesión de control en el Congreso: “¿Qué tiene que hacer el Estado cuando alguien declara la independencia?”. En muchos sitios sonó a justificación del espionaje masivo y el president de la Generalitat, Pere Aragonés, exigió en público su dimisión.
El Gobierno se movió y comenzó una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. El PP no entró en esa fase porque había sido contactado ya el martes. A la hora de comer, fuentes del PP se quejaban amargamente de la ausencia de contactos con ellos. “Podemos votar no”, advertían desde la dirección del partido. Por la tarde, el PP aumentó la apuesta y remitieron una carta a Montero (a la vez que a los medios de comunicación) en la que exigían un compromiso por escrito de que el Gobierno asumía sus postulados económicos. La respuesta de Montero llegó también en forma de carta, con un duro reproche a la estrategia del PP de publicar sus reivindicaciones.
En Hacienda creen que la carta del PP no respondía a una voluntad real de acuerdo, sino a una estrategia de comunicación para señalar al Gobierno por una supuesta falta de voluntad negociadora. “Los juegos tienen un límite”, señalaron el jueves desde el Ministerio de Hacienda. La desconfianza entre ambos actores es máxima pese al relevo al frente del PP.
La llamada de Montero a Bravo nunca llegó. Tampoco de Bravo a Montero, según se lamentaban este jueves desde el Ministerio de Hacienda. Fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien telefoneó a la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Bolaños interpretó que el PP estaba en el no y que no se iban a mover. Fuentes del PP niegan que la también secretaria general dijera tal cosa.
“Nos han dicho no a todo”, se lamentaban este jueves en la dirección del PP una vez se había constatado que iban a votar contra el decreto ley. Comenzaba la pugna por el relato: “Los que han dicho que no son ellos a nosotros”, insistían. “No tienen voluntad de diálogo ni negociación”, añadían. “Son intoxicadores magníficos”, apuntaban las mismas fuentes.
En el Gobierno insisten en que se aceptó tramitar el decreto ley como proyecto en el Congreso, lo que abre la puerta a introducir cambios. Pero el PP quería un compromiso por escrito o desde la tribuna de que se aceptarían sus propuestas, algo que no logró. Tampoco los demás grupos que apoyaron la norma.
“No han querido porque hace tiempo han elegido socios. No votamos solo un decreto, sino el cambalache con los socios de ETA”, dijo el diputado Jaime de Olano en la tribuna de oradores. “Sánchez ha elegido a Bildu. No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado”, añadió. “Quieren sumisión. Han hecho del engaño y la mentira su modus operandi”, apuntó. “No son de fiar”, dijo después, para criticar el “injusto sistema de bonificación de los combustibles”, algo que ya hizo en su día el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. De paso, arremetió contra “el intervencionismo” en el alquiler o incluso la reducción del precio del gas que han negociado España y Portugal en Bruselas.
Una enmienda a la totalidad del decreto que, según se esforzaron en explicar desde Génova, no habría sido tal si el Gobierno se hubiera comprometido a asumir por escrito alguno de sus planteamientos.
Tras el desencuentro, el primero en la era Feijóo, ninguno de los actores quiere aparecer como el causante del desacuerdo. Ambos se comprometen a mantener abiertos los cauces de diálogo y a llegar a futuros pactos. Sobre la mesa está la renovación del Poder Judicial, uno de los 11 puntos que Sánchez planteó al presidente del PP.
“No hay cambios. Podemos llevarnos bien. Pero la política son resultados”, insistían desde el Gobierno el jueves por la tarde. Y concluían: “Queremos llegar a acuerdos más allá de la coyuntura. De lo que ellos quieren, pero también de lo que Sánchez le planteo a Feijóo”. Misma tesis que en el PP. “Unas cosas no condicionan a otras”, resumían fuentes de la dirección. De momento, la primera oportunidad de Feijóo de mostrar un perfil diferente al no a todo de Pablo Casado ha sido un fiasco.