El correo de la confesión de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales, y por cuya difusión ha sido imputado el fiscal general del Estado, no fue la primera comunicación entre los abogados del comisionista y el ministerio público que apareció publicada en la prensa. Horas antes de que la Cadena Ser difundiese el email que evidenciaba que el acuerdo de conformidad había partido de la defensa de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, remitió mensajes desde su teléfono personal a distintos medios con otro de los correos que intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y la defensa del comisionista. Rodríguez remitió el mensaje primero a un periodista El Mundo y después lo reenvió a través de WhatsApp a otros medios de comunicación como Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli.
El texto remitido por el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña la noche del 13 de marzo, un día después de que elDiario.es destapase el fraude fiscal de González Amador, se encabeza así: “Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González”. A continuación, Rodríguez pasa a reproducir el email que el fiscal del caso Julián Salto remitió el 12 de marzo de 2024 a la defensa de González Amador. Y finalmente Rodríguez trata de hacer ver que es el fiscal del caso el que propuso un acuerdo de conformidad a la defensa del comisionista y que es el propio fiscal el que retira el acuerdo por “órdenes de arriba”. “Todo sucio”, acaba el mensaje de Rodríguez.
El primer medio en publicar ese mensaje sin contrastar es el diario El Mundo, que en su primera información titula: 'La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales'. En el subtítulo de aquella primera noticia decía: “Lanzó su propuesta a Alberto González dos horas después de que estallase el caso”.
Se trata de una información falsa, que ocultaba que el ofrecimiento del acuerdo para declararse culpable lo había remitido la defensa de la pareja de Ayuso al fiscal y no al revés. Y que lo había hecho el 2 de febrero de 2024, cinco semanas antes de la publicación de elDiario.es, no dos horas después.
Nada más publicarse esa noticia, Miguel Ángel Rodríguez publicó un tuit culpando a la cúpula de la Fiscalía de frenar ese acuerdo.
Otros diarios como Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli incluyeron en el titular no solo que el acuerdo había partido del fiscal sino también que se había retirado “por órdenes de arriba”, tal y como les había hecho llegar el jefe de Gabinete de Ayuso y sin ningún contraste.
Todas esas informaciones falsas fueron las que motivaron una nota de prensa de la Fiscalía que, tras recabar toda la información, detalló la cronología del caso con las fechas y los pasos que ha ido dando el Ministerio Público. A raíz de ese comunicado, la pareja de Ayuso y el Colegio de Abogados de Madrid presentaron sendas denuncias por revelación de secretos. Defendían que el relato de hechos que publicitó el Ministerio Público suponía un perjuicio para el derecho de defensa, una tesis que hizo suya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigase al fiscal general, Álvaro García Ortiz, quien desde el principio se hizo responsable del comunicado de prensa.
El Supremo abrió una investigación contra el fiscal general este miércoles, pero no por la nota de prensa, sino para investigar si fue el fiscal general del Estado quien filtró el correo electrónico en el que González Amador asumía su culpabilidad y que publicó la madrugada del 13 de marzo primero la Cadena Ser y, después, otros medios, incluido elDiario.es.
El correo se reenvió el 2 de febrero de 2024, cinco semanas antes de la primera publicación de elDiario.es, a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid a la que tienen acceso 18 personas, 14 fiscales y cuatro funcionarios. Los abogados de la pareja de Ayuso trataban de buscar una conformidad pactando una condena de ocho meses y el pago de los 350.000 euros defraudados más la multa y los intereses, a cambio de que la pena no conllevase la entrada en prisión y evitar un juicio por el que desfilasen peritos, testaferros y técnicos de Hacienda.
Ese correo fue el que abrió la negociación entre los abogados de González Amador y el fiscal del caso, pero no el primero que se publicó en los medios. La primera comunicación que salió a la luz fue la respuesta del fiscal del caso a ese ofrecimiento que El Mundo, Miguel Ángel Rodríguez y otros medios a los que lo filtró presentaron como la prueba de que la Fiscalía estaba proponiendo un pacto a la pareja de Ayuso solo dos horas después de que elDiario.es destapase su fraude. Un dato falso.
En la prensa conservadora el bulo tuvo distintos grados. El primer medio en publicarlo, El Mundo, solo dio por hecho, como hizo Miguel Ángel Rodríguez, que la oferta había partido de la Fiscalía. Libertad Digital, El Debate y Vozpópuli fueron más allá y asumieron también el relato del jefe de Gabinete de Ayuso que afirmaba que el pacto fue frenado por “órdenes de arriba”.
Unas instrucciones que no existieron, según las fuentes consultadas por elDiario.es, que recuerdan que el Ministerio Público y González Amador han llegado ya a un acuerdo para que la pareja de Ayuso asuma dos delitos de fraude fiscal, uno de falsedad documental y la consabida pena de cárcel, además del pago de la multa. Ese acuerdo no pudo ratificarse de momento ante el juez porque las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y PSOE han pedido que se amplíe la investigación a la pareja de Ayuso por otros delitos relacionados con sus vínculos con el grupo sanitario Quirón, uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid y cuyo directivo Fernando Camino fue clave en la comisión de dos millones que cobró González Amador por vender mascarillas.
De no ser por esa ampliación de delitos que proponen PSOE y Más Madrid, la condena por esos tres delitos estaría ya ratificada en el juzgado. Pese a ello, el filtrador del primer correo y promotor de la información falsa, Miguel Ángel Rodríguez, ha insistido en su bulo este mismo jueves, tras admitir que él mismo filtró el correo.
A diferencia del fiscal general del Estado, el jefe de Gabinete de Ayuso no se encuentra investigado, puesto que nadie lo ha denunciado por revelación de secretos. El único perjudicado con capacidad de hacerlo, además de la pareja de Ayuso, es el fiscal del caso, cuyo correo difundió y manipuló la 'mano derecha' de Díaz Ayuso.