El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el reparto de miembros del consejo de administración de Telemadrid. El grupo ha pedido además medidas cautelares para que se suspenda “toda medida encaminada a la elección de los consejeros”, según ha explicado este miércoles la diputada de la formación, Vanessa Lillo.
Unidas podemos considera que el reparto de consejeros de la televisión pública madrileña vulnera el reglamento de la Asamblea. La nueva ley de Telemadrid, que es la segunda reforma llevada a cabo por Ayuso para hacerse con el control del ente, determina que habrá cinco consejeros. Según el acuerdo alcanzado por la Mesa, el PP propondría a dos y Más Madrid, PSOE y Vox, a uno cada uno. Sin embargo, la ley que ordena el funcionamiento de la Cámara regional establece que serán cuatro y que, además, para cambiar esta norma hace falta una reforma de la misma por mayoría absoluta.
“Se modificó la ley de Telemadrid, eso lo sabemos todos, por lectura única (sin opción a enmiendas ni debate en comisión), pero lo que no se ha modificado es el reglamento de la Asamblea de Madrid”, justifica Lillo, que señala que “por lo tanto, habla de cuatro miembros, no de cinco, en el consejo de administración y habla de otro reparto que nada tiene que ver con el planteado por el Gobierno”. Desde Unidas Podemos esperan que la Justicia se pronuncie sobre estas medidas cautelares a lo largo de este mismo jueves.
Escribe David Noriega.
El Gobierno va a estrenar con Arabia Saudí y Emiratos un mecanismo para hacer comprobaciones sobre el destino de exportaciones de armamento autorizadas a ese país, pero en todo caso no tiene constancia alguna de que, por el momento, ese material de Defensa haya acabado siendo utilizado en la guerra de Yemen, lo que sería motivo de revocación.
Así lo ha explicado en el Congreso la secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, cuyo departamento preside la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU), que es por donde tienen que pasar todas estas exportaciones y donde se revisa el cumplimiento de las diferentes regulaciones internacionales.
En su último informe anual, que la secretaria de Estado ha presentado en la Comisión de Defensa, figura que en 2021 empresas españolas vendieron armas por valor de 109,1 millones de euros a Arabia Saudí. Fueron sobre todo piezas y repuestos para aviones de fabricación española, equipos, tecnología, lanchas para transporte de tropas, granadas de mortero y proyectiles de artillería de 155 mm.
España también exportó material de defensa a países del entorno como Emiratos Árabes Unidos, donde se vendieron 73,7 millones en un avión de transporte, piezas y repuestos, minas lapa de combate, sistemas de control remoto para armas de diversos calibres o un mortero de 120 mm; Catar (2,4 millones) o Kuwait (2,3 millones en lanzagranadas).
Según ha explicado, este año se va a aplicar un sistema de verificación ex post para comprobar que el destino final de ese material es el que figura en los contratos autorizados y se han elegido operaciones realizadas con Arabia Saudí y Emiratos, dada su proximidad con la guerra que se libra en Yemen desde 2014. En concreto, se trata de cinco contratos de venta de munición, dos de ellos con Riad y los otros tres con Abu Dabi, y el resultado de esta primera inspección se espera para las próximas semanas.
Xiana Méndez ha querido dejar claro que no hay ningún embargo contra la venta de armas a Arabia Saudí ni a Emiratos Árabes, sólo una resolución de Naciones Unidas de 2015 contra personas concretas que participaron en el golpe de estado de Yemen que desencadenó la guerra civil en la que ambos países participan. En todo caso, desde 2016 se viene exigiendo un certificado de último destino reforzado en decenas de contratos de munición a esos dos países.
Informa Europa Press.
La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà ha señalado, tras la reunión con el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, que aún “no se puede hablar de normalización de las relaciones” entre ambas administraciones, que estaban bloqueadas a raíz del caso de espionaje a políticos independentistas. “En este momento no se descongela la mesa de negociación, se pretende que haya unas garantías de relaciones institucionales entre ambos gobiernos”, ha añadido.
“Hemos acordado trabajar las garantías y trabajaremos para que haya resultados los próximos días”, ha dicho Vilagrà, que también ha informado de que Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Pere Aragonès tendrán una reunión, de la que aún no hay fecha pero que posiblemente se celebre antes de las vacaciones de verano.
“Hemos enmarcado que se tiene que tener pleno respeto a todos los proyectos políticos. Todos tienen legitimidad política y social, no se puede criminalizar ninguno y en este sentido nos ha pasado en el movimiento independentista”, ha aseverado.
El secretario de Estado de Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que es el encargado del grupo confederal para negociar en el Congreso la nueva Ley de Memoria Democrática, ha asegurado este miércoles que confía en que esa norma sea aprobada de forma definitiva en un pleno extraordinario de la Cámara Baja el próximo mes de julio. Esa es la hoja de ruta que se marca Unidas Podemos, según ha explicado Santiago a la entrada de la ponencia que trabaja en el dictamen de la ley y que se ha reunido esta tarde en el Congreso después de que el PSOE la reactivara tras un parón de siete meses.
El dirigente de Unidas Podemos ha confiado en que la norma sea aprobada con el apoyo de los socios de la coalición del gobierno y en base a la enmienda pactada en noviembre por su grupo y el PSOE.
Respecto a las reticencias de ERC, que reclama la nulidad de la Ley de Amnistía, Santiago ha reconocido que, pese a las “discrepancias”, las fuerzas del Ejecutivo están abiertas a aceptar enmiendas del grupo republicano para “reforzar” la declaración de ilegalidad del régimen franquista. “Ninguna fuerza progresista va a quedarse sin apoyar esta ley situándose con la derecha y la extrema derecha”, ha añadido.
Fuentes parlamentarias han explicado que en la reunión de la ponencia de este miércoles se ha acordado volver a reunirse el martes que viene y que, si es necesario, se reunirá también el miércoles. La comisión, han añadido esas mismas fuentes, se convocará, previsiblemente, para el día 4 de julio, con la idea de aprobar el dictamen antes de enviarlo al Pleno.
Una información de Iñigo Aduriz.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el reparto de miembros del consejo de administración de Telemadrid. El grupo ha pedido además medidas cautelares para que se suspenda “toda medida encaminada a la elección de los consejeros”, según ha explicado este miércoles la diputada de la formación, Vanessa Lillo.
Unidas podemos considera que el reparto de consejeros de la televisión pública madrileña vulnera el reglamento de la Asamblea. La nueva ley de Telemadrid, que es la segunda reforma llevada a cabo por Ayuso para hacerse con el control del ente, determina que habrá cinco consejeros. Según el acuerdo alcanzado por la Mesa, el PP propondría a dos y Más Madrid, PSOE y Vox, a uno cada uno. Sin embargo, la ley que ordena el funcionamiento de la Cámara regional establece que serán cuatro y que, además, para cambiar esta norma hace falta una reforma de la misma por mayoría absoluta.
“Se modificó la ley de Telemadrid, eso lo sabemos todos, por lectura única (sin opción a enmiendas ni debate en comisión), pero lo que no se ha modificado es el reglamento de la Asamblea de Madrid”, justifica Lillo, que señala que “por lo tanto, habla de cuatro miembros, no de cinco, en el consejo de administración y habla de otro reparto que nada tiene que ver con el planteado por el Gobierno”. Desde Unidas Podemos esperan que la Justicia se pronuncie sobre estas medidas cautelares a lo largo de este mismo jueves.
Escribe David Noriega.
El 1 de julio entrará en servicio el nuevo túnel en ancho estándar entre las estaciones de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y Madrid-Puerta de Atocha, así como el nuevo acceso sur a los trenes de alta velocidad, desde la localidad de Torrejón de Velasco, según ha comunicado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
El túnel estará en servicio tras recibir el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Este paso es esencial para que los trenes de alta velocidad que unen Madrid y Levante puedan finalizar o empezar su recorrido, tanto desde la estación de Atocha, como desde Chamartín. Un nuevo esquema de rutas que, en las últimas semanas, ha provocado problemas, por ejemplo, para poder comprar trenes AVE de Renfe entre Madrid y Alicante. Venta que estuvo días paralizada porque no se sabía cuál era la estación madrileña desde la que partían o acababan.
A partir de ahora, los operadores, no solo Renfe, también privados como Ouigo, tendrán que formar a sus maquinistas en esta infraestructura. Por ejemplo, el operador público comunicó que sus trenes entre Madrid y Alicante operarán exclusivamente desde Atocha hasta el 12 de septiembre. “A partir de esa fecha, ADIF diseñará las nuevas marchas que se articularán en torno a las estaciones de Chamartín y Atocha”, indicó el operador.
Esta nueva infraestructura, llevada a cabo por Adif Alta Velocidad, ha supuesto una inversión de 1.072 millones de euros y permitirá descongestionar el tráfico ferroviario, indica el Ministerio. Además, apunta que, en el futuro, una vez finalicen las obras de ampliación de ambas estaciones, todos los trenes de alta velocidad que lleguen o partan de Madrid podrán efectuar parada tanto en Atocha como en Chamartín, que pasarán de ser estaciones terminales (esto es, estaciones origen y destino final de las circulaciones) a ser estaciones pasantes (intermedias en un trayecto).
Informa Cristina G. Bolinches.
La primera fuga que ha sufrido Ciudadanos después de la debacle en las elecciones andaluzas se ha producido en el Senado. Se trata de la senadora por designación del Parlamento de Andalucía María Ponce Gallardo, quien este miércoles anunciaba en su cuenta de Twitter que el pasado 14 de junio se dio de baja como afiliada del partido. Sin embargo, no deja su acta y seguirá cobrando un sueldo de la Cámara Alta hasta el final de la legislatura.
Según explica en una carta que ha subido a su perfil de Twitter, se dio de baja como afiliada el pasado 14 de junio, pero no lo anunciado hasta ahora “para no interferir en la campaña electoral del 19J.
La senadora explica que se afilió a la formación con una ilusión que ahora ha perdido, pero asegura que “sigue manteniendo firmes sus principios”. “Mantendré mi compromiso hasta el final siendo leal a quienes me dieron su confianza en las instituciones. Lo haré como hasta ahora votando en conciencia con transparencia y sin obligaciones”, añade en su carta.
Escribe Carmen Moraga.
El Gobierno ha cifrado en 220 millones de euros al trimestre el ahorro que va a suponer para los ciudadanos la bajada del IVA del 10% al 5% anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se va a aprobar en el próximo decreto anticrisis.
Además, han subrayado que el ahorro total de rebajar el IVA del 21% hasta el 5% asciende hasta los 600 millones de euros al trimestre, según han indicado fuentes gubernamentales, que sostienen este cálculo porque si no se aprobase un nuevo decreto, el 1 de julio decaería el actual y el IVA de la luz volvería a ascender hasta el 21%, según han explicado.
De este modo calculan que la rebaja del 21% al 10% conlleva un ahorro aproximado de 380 millones de euros y la reducción del 10% al 5% supone otros 220 millones de euros que el Estado deja de ingresar cada trimestre. El Gobierno había aprobado la primera bajada en junio de 2021 y ahora se reducirá de nuevo, hasta el límite más bajo que permite la Unión Europea. De este modo, España se convierte en el país con el IVA de la electricidad más reducido de todos los socios comunitarios, según precisan las mismas fuentes.
Informa Europa Press.
La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que “no es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social”. Con esas palabras se ha expresado, cuando apenas queda una semana para que comience la cumbre de la OTAN en Madrid en la que uno de los asuntos será precisamente el aumento del gasto militar.
Belarra ha hecho estas declaraciones en una reunión con integrantes del Movimiento Europeo por la Paz, donde las diferentes fuerzas políticas que lo integran han suscrito una “hoja de ruta por la paz” que será enviada a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y al alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, a Josep Borrel, en el que hacen un llamamiento a la comunidad internacional “a formar parte activa de los espacios de debate y reflexión sobre los procesos de paz y el fin de la escalada a nivel mundial”.
Escribe Iñigo Aduriz.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha reprochado que Sánchez anuncie “sin consultar a nadie” la bajada del IVA de la luz del 10% al 5% y ha recalcado que es algo que llevan “meses pidiendo”. “La soberbia y el sectarismo de este Gobierno salen muy caros a las familias españolas, a las que siguen asfixiando sin una sola reforma estructural”, ha reprochado Bal en un mensaje en su perfil del Twitter.
Junto al texto, un vídeo de su intervención en la sesión de control al Gobierno. “Si van faltos de ideas, aquí las tienen”, indica al final del mensaje para dar paso a su discurso, en el que, entre otras cosas, ha criticado que las familias “están asfixiadas por las subidas de impuestos”.
“Están preocupados por seguir subiendo los impuestos. Afrontamos esta crisis con el peor gobierno de la historia de la democracia”, ha dicho Bal, que ha recordado “las recetas” que da la oposición al Gobierno: “tarifa plana para los autónomos, meter las pensiones en el pacto de rentas. Ustedes no adoptan decisiones y el sistema va a reventar por los aires”, ha zanjado.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que la dimisión de Mónica Oltra “ha tardado mucho en llegar” y ha criticado que haya partidos políticos que la sigan respaldando y sostengan que es una “injusticia”.
Gamarra ha cargado duramente contra la actuación algunos partidos tras la dimisión. “Lo que me sorprende es que haya una parte de la izquierda que haya estado callada y siga callada ante los hechos que se han estado conociendo. Y en segundo lugar, que todavía haya partidos políticos que la sigan respaldando y que digan que su dimisión es una injusticia”, ha apostillado.
La dirigente del PP ha recalcado que la “única injusticia que ha habido aquí es la que ha sufrido la menor, que fue abusada y no encontró el respaldo ni la proyección que debiera haber tenido de la administración que tenía su tutela y de la que dependía la vicepresidenta Oltra”.
Informa Europa Press.