Las primeras medidas de PP y Vox anticipan un retroceso histórico en derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI

Capitales como Valladolid, Burgos, Toledo, Ciudad Real o Guadalajara y ciudades o pueblos como Gijón (Asturias) Ponferrada (León), Elche (Alicante), Molina de Segura (Murcia), Torrijos (Toledo), Bormujos (Sevilla) o Náquera (València). Todas se han convertido ya en el laboratorio de ideas de las alianzas entre el PP y Vox tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Las tendencias son claras y se corresponden con el ideario de Vox, pero principalmente anticipan un histórico retroceso en los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI que, en aquellos lugares donde gobiernan las derechas, se quedan sin departamentos específicos que pongan en marcha políticas frente a las violencias machistas o que luchen contra su discriminación.

En comunidades y ayuntamientos, los acuerdos pasan por negar la propia existencia del machismo y retirar las banderas arcoíris, pero también por prohibir movilizaciones contra la violencia de género y dejar de dar ayudas públicas a las asociaciones y organizaciones que trabajan por la diversidad y para la igualdad plena de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Lo novedoso tras el 28M es que el PP asume esas propuestas como propias al disponerse a gobernar con ellas en 140 ayuntamientos –entre ellos, 23 grandes ciudades– y varias autonomías, como la Comunitat Valenciana o Illes Balears, durante los próximos cuatro años. Los populares otorgan además a la ultraderecha áreas como las de Educación o Cultura. Y todo ello abre la puerta a que esas mismas ideas se puedan poner en marcha desde el Gobierno estatal si la izquierda no logra reeditar su coalición tras el 23 de julio. Las primeras medidas pactadas son la carta de presentación de esta alianza en el ciclo electoral que, según algunas encuestas, podría llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa de la mano de Santiago Abascal tras las generales del 23J.

En Madrid, donde gobierna el PP más escorado a la derecha, su recién reelegida presidenta, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba este mismo miércoles una reforma de la ley trans y el también refrendado alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha obviado cualquier referencia al colectivo transexual, pero también al homosexual o bisexual en la cartelería y promoción del Orgullo LGTBI, que se celebra este mes en la capital.

El primer gran pacto posterior al 28M, el que abrió la veda del PP para asumir los postulados más radicales de la extrema derecha, se produjo en la Generalitat Valenciana. Pero el impacto que el acuerdo ha generado en las filas populares ha hecho que algunos barones que también dependen de Vox, especialmente en el caso de Extremadura o Aragón, se hayan puesto en guardia e intenten ahora retrasar esas alianzas para que el partido no sufra un desgaste mayor de cara al 23J. Entre otras razones, porque el líder de Vox de la comunitat, Carlos Flores, fue condenado por violencia machista, aunque Feijóo le ha restado importancia asegurando que las agresiones se produjeron porque tuvo un divorcio duro.

El texto pactado en València, un documento con 50 medidas, se adaptó a las tesis más ultras de Vox. Ignoró la violencia machista para hablar de “violencia intrafamiliar”, e incorporó puntos como derogar la ley de memoria histórica y recuperar la “ley de señas de identidad” que impulsaron los populares valencianos en su anterior gobierno con mayoría absoluta. También contempla dejar sin ayudas a las asociaciones que ayudan a inmigrantes o el impulso de una “ley integral de protección a la familia” que no menciona a las familias de personas LGTBI.

Aunque no fructificó, el PP también ofreció a Vox en Extremadura una “Educación de calidad, libre y sin sesgo ideológico”, como si la impartida hasta ahora en la región lo tuviera, así como un plan de fomento de natalidad. En el documento que la extrema derecha rechazó no se hace ni una sola mención a la violencia machista ni a la protección del colectivo LGTBI.

Prohibir protestas contra los asesinatos machistas

La igualdad y la diversidad son también las grandes afectadas por el acuerdo de PP y Vox en una importante localidad valenciana, Náquera, suscrito este mismo martes. El documento, colgado en la página de Facebook de la formación ultra, prohíbe colocar banderas LGTBIQ+ en edificios públicos, una medida que ya se aplicó en el Ayuntamiento de València en cuanto entró el nuevo equipo de gobierno de las derechas, así como en Torrijos (Toledo), y que este miércoles también se ha adoptado en otro consistorio controlado por PP y Vox, el de Vegas del Genil, en Granada.

En Náquera, el acuerdo de las derechas también veta que se pueda condenar de forma oficial la violencia machista. No podrá haber concentraciones contra la violencia de género en esa localidad, ni siquiera cuando se produzcan asesinatos machistas. El acuerdo contempla “sustituir las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'. Y Vox pilotará allí concejalías como la de Festejos Taurinos, Caza o Familia y Vida.

Sin salir de la Comunitat Valenciana, en el Ayuntamiento de Elche el acuerdo entre populares y ultraderechistas supuso en un principio la desaparición de la concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas, que iba a ser sustituida por la de Familia y Mayores. El departamento lo gestiona ya Vox, un área que también cuenta con las competencias de Infancia y Natalidad. Este jueves, en cambio, el equipo de gobierno ha incorporado el término Igualdad a la Concejalía de Acción Social y Mujer, que dirige la 'popular' Celia Lastra, con lo que a partir de este jueves se llamará Concejalía de Acción Social, Mujer e Igualdad. Además, PP y Vox han acordado anular medidas frente al cambio climático como las aplicadas en la movilidad de las ciudades o impulsar las corridas de toros.

La obsesión de Vox contra las medidas frente al cambio climático ha llevado al PP a aceptar una regresión en materia de circulación de vehículos en varias capitales castellanas y leonesas. En Valladolid, el nuevo alcalde popular, Jesús Julio Carnero, que ha logrado el bastón de mando gracias a su alianza con la extrema derecha, ya ha puesto en marcha la derogación de la ordenanza de movilidad para suprimir los carriles 'bustaxi' de algunas de las principales calles de la ciudad y reducir “al mínimo” legal la Zona de Bajas Emisiones. Estas medidas idénticas se aplicarán también en Burgos o Ponferrada (León), donde Vox ha prometido “asegurar la libertad de circulación de los ponferradinos”.

Y el nuevo Ejecutivo de Gijón, presidido por Carmen Moriyón (Foro Asturias) con el apoyo del PP y Vox, ha planteado entre sus primeras medidas la vuelta a las corridas de toros y la supresión de las limitaciones de circulación y aparcamiento de los vehículos que carezcan de distintivo medioambiental. 

Eliminar carriles bici comprometidos con Europa

La movilidad es, de hecho, una de las grandes obsesiones de Vox que también está haciendo suya el PP, hasta el punto de que con medidas como la eliminación de carriles bici –un medida pactada por ambas fuerzas en Elche o Valladolid–, los ayuntamientos no solo se enfrentan a protestas ciudadanas y a un aumento de la polución, los atascos y la inseguridad vial, sino también a la pérdida de millones de euros de fondos europeos comprometidos para estos proyectos de movilidad urbana sostenible.

En la capital vallisoletana, además, el acuerdo PP-Vox contempla la creación de la Escuela Taurina, la recuperación de los premios taurinos San Pedro Regalado, el Incremento de las ayudas a familias numerosas o la puesta en marcha “real y efectiva de la oficina de apoyo y asesoramiento” a las personas que sufran okupaciones. Allí desaparece la Concejalía de Igualdad, que pasa ahora a Servicios Sociales, y ya no se contempla la creación de la “oficina de apoyo la Mujer” que el PP prometió en campaña. Eln Burgos, PP y Vox se comprometen a incorporar “la perspectiva de familia” en gestión municipal y la normativa municipal, sin hacer mención a las personas LGTBI. Y está previsto también elaborar un plan de apoyo “económico, social y cultural” a la familia, la natalidad y las familias numerosas. Ambas fuerzas pretenden impulsar y apoyar la Feria taurina de Burgos “por su gran valor cultural y económico”.

En Ponferrada, Vox ha firmado con los populares promover “que el dinero dedicado en subvenciones a asociaciones con carácter ideológico se dedique preferentemente a las familias con hijos”. Cuando la extrema derecha se refiere a ese tipo de organizaciones “de carácter ideológico” suele aludir a las que promueven la igualdad o protegen y ayudan al colectivo LGTBI.

También se elimina la Concejalía de Igualdad en Toledo, donde Vox gestionará empleo, urbanismo y seguridad ciudadana. El PP ha aceptado suprimir ese mismo departamento en la segunda ciudad de la provincia, Talavera de la Reina, donde la alianza con la extrema derecha acaba, asimismo, con la Concejalía de Protección Social y Reducción de la Desigualdad y la Concejalía de Educación de Calidad y Deporte en Igualdad. En su lugar, Vox tomará las riendas de la nueva Concejalía de Asuntos Sociales, Discapacidad, Familia e Infancia.

En otra capital castellano manchega, Guadalajara, el departamento acordado por el PP y la extrema derecha se llamará “de la Mujer”. Allí, Vox tendrá, además de una tenencia de Alcaldía, las competencias de cuatro concejalías que aglutinan las áreas de Cultura, Patrimonio Histórico, Turismo, Comercio, Casco Histórico y Mercados.

Potenciar los toros y la caza

Más al sur, en Andalucía, el actual Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, que desde el año pasado gobierna en solitario con mayoría absoluta, mantiene algunas de las medidas que impuso Vox en el acuerdo de investidura de 2019, como el teléfono para la “violencia intrafamiliar” –allí también se suprimieron las referencias a la violencia machista– subvenciones a asociaciones antiabortistas o la reducción de ayudas a la memoria histórica.

Tras el 28M, los acuerdos en distintos ayuntamientos han ahondado en esas mismas líneas ideológicas. Como ejemplo, la localidad de Níjar (Almería), un municipio con la mitad de población extranjera y al menos 3.000 personas viviendo en chabolas. Sin contemplar ninguna medida específica ante esas realidades, PP y Vox han acordado allí la conversión del Área de Igualdad en el Área de Familia, eliminando las políticas basadas en lo que la ultraderecha llama “ideología de género”, se ha creado una ordenanza contra la okupación y se ha derogado una medida de protección a los animales para potenciar los toros y la caza.

En la provincia de Sevilla el único caso de pacto PP-Vox es en Bormujos (22.500 habitantes), donde han suscrito un acuerdo programático en el que, en el apartado 'Asuntos sociales y familia' no se hace mención a las mujeres y se acuerda eliminar las políticas basadas en la “ideología de género”.

La línea es idéntica en Illes Balears. A nivel municipal, en Palma, donde ya se han concretado los distintos cargos y concejalías, el PP, en alianza con Vox, ha eliminado el área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI y ha creado el departamento de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud, Interculturalidad e Igualdad.

Eliminación de ayudas a asociaciones por la igualdad

A nivel autonómico, si bien aún no se ha concretado si PP y Vox gobernarán de forma conjunta o si finalmente los populares lo harán en solitario, ambas formaciones han alcanzado un preacuerdo que define las líneas fundamentales que inspirarán el acuerdo de investidura de Marga Prohens (PP) como futura presidenta del Govern y que ha situado como presidente del Parlament balear al dirigente de Vox Gabriel Le Senne, que difunde proclamas xenófobas y negacionistas. En el documento, ambos partidos se comprometen a cambiar las políticas ejecutadas en las dos últimas legislaturas por parte de los gobiernos de izquierdas que han presidido Balears.

Entre las líneas fundamentales para formar gobierno, PP y Vox señalan “la seguridad y las mafias de la inmigración” dada “la evolución de las llegadas de pateras a las costas de Balears”. Asimismo, conservadores y ultraderechistas evitan hablar de “violencia machista”, pero aseguran que “se trabajará para erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean civiles o religiosos, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”. El preacuerdo tampoco hace mención a políticas LGTBI.

En Molina de Segura (Murcia), Vox accede al gobierno municipal con siete concejalías tras el acuerdo logrado con el PP. Para lograr la Alcaldía –una de las cinco de la región acordadas entre la derecha y la extrema derecha–, los populares han aceptado “la eliminación de subvenciones a diferentes lobbies, la disminución de las retribuciones de la corporación municipal, la creación de un departamento de asistencia a la mujer embarazada, la supresión y disminución de diferentes cargas tributarias a vecinos y comerciantes, así como a propietarios víctimas de la ocupación ilegal de su viviendas y su protección”.

El pacto también contempla “la creación bonos familiares para actividades deportivas y la creación de una sala de deportes de contacto e impulsar la tauromaquia”.

*Con información de Laura Martínez, Antonio Vega, Alba Camazón, Alicia Avilés, Bárbara A. Peri, Esther Ballesteros, Erena Calvo y Daniel Cela.

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