Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.
Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de “asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales. Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.
Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una “alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa”. “Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración”.
El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.
En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, “el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal”, dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, “sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro”.
La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido 'sobresueldos' a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen “un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo”.
Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.
El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gurtel' y ha abierto una pieza separada para investigar el 'caso Bárcenas'. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.