Con las imágenes del crimen de Gabriel, el niño de Almería en todas las televisiones, webs y radios, el PP redobló este lunes la presión sobre el resto de partidos para evitar la derogación de la prisión permanente revisable que aprobó en solitario en 2015 y que la oposición, a excepción de Ciudadanos, se dispone a erradicar en el Congreso.
El debate entra en una semana clave para el futuro de esa cadena perpetua que los populares sacaron adelante en la legislatura de la mayoría absoluta: el jueves se votan dos enmiendas a la totalidad que el PP y Ciudadanos para evitar la iniciativa del PNV, que apoyan el resto de formaciones, para tumbar el polémico cambio introducido en el Código Penal.
Esa modificación cambió el catálogo de penas -que en España ya eran de las más estrictas de Europa con 40 años de cárcel, la mitad de la esperanza de vida- y estableció la prisión permanente, revisable no antes de los 25 años de estancia en la celda para cuatro tipos de delitos: asesinatos especialmente crueles (de menores de 16 años, tras una violación, en el marco de una organización criminal o en serie), homicidio del jefe del Estado, sus herederos y otros magnicidios, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.
La propuesta del PP no se conforma con defender la continuidad de la pena, que en tres años solo ha sido aplicada al parricida de Moaña (Pontevedra), que asesinó a sus dos hijas con una radial, sino que prevé aumentar los casos de aplicación a cuatro nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato tras secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
El viceportavoz del PP Pablo Casado sacó el tema como uno de los asuntos más relevantes de la reunión de su partido en el día después de que se conociese la resolución del crimen de Almería. El dirigente popular llegó a afirmar que la cadena perpetua instaurada hace tres años por su partido busca evitar “la reinserción” de los condenados por algunos delitos, cuestionando así lo que recoge la Constitución de la función de las penas. “Es importante que en los crímenes espeluznantes en que se asesina a niños, se ocultan los cadáveres, en los que hay un especial encarnizamiento... Esta medida que tomó el Partido Popular en la pasada legislatura planteaba que se limitaran esos beneficios penitenciarios y esa no reinserción de estos criminales tan graves. No entendemos por qué hay partidos que quieren derogarla cuando el 80% de la población española está de acuerdo. A tiempo están aquellos que tienen una posición contraria e incluso aquellos que han ido variando su posición y que no nos queda muy claro qué van a hacer el jueves”, dijo Casado.
Casado hizo estas declaraciones desde la sede del PP en Madrid. Su portavoz parlamentario, Rafael Hernando, eligió la capilla ardiente del menor como el escenario para lanzar el mismo mensaje al resto de partidos políticos. Desde allí advirtió que el jueves, durante el debate de las iniciativas parlamentarias, estarán presentes las familias de jóvenes asesinados como Diana Quer, Marta del Castillo, Yéremi Vargas y Sandra Palo.
Semejante declaración pasa por alto que el presunto asesinato del menor de Almería ya es uno de los supuestos incluidos en la prisión permanente revisable desde 2015 y que la nueva legislación tampoco ha evitado que se cometiese este crimen, una de las premisas que defienden -contra todas las estadísticas- los partidarios del endurecimiento de las penas.
Los juristas critican el “populismo punitivo”
Desde que se reactivó el debate con la aparición del cuerpo de Diana Quer en una nave del municipio de Rianxo en A Coruña el pasado enero, asociaciones de jueces y de fiscales se han posicionado en contra de la cadena perpetua. Catedráticos de Derecho Penal y expertos juristas han criticado “el populismo punitivo” que el PP y ahora también Ciudadanos promueven a golpe de programas de televisión.
Ciudadanos, que ha dado varios tumbos en este debate -primero pactó con el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez la derogación urgente de la prisión permanente, luego se abstuvo en la votación de la iniciativa del PNV para tumbarla y finalmente ha pedido endurecer la propuesta del PP restringiendo los permisos penitenciarios- no ha aclarado todavía que hará en la votación del jueves. Su secretario general, José Manuel Villegas, pidió este martes “no derogar en caliente” ese punto del Código Penal y esperar a la resolución del Tribunal Constitucional.
Tanto el PSOE, como Unidos Podemos, como el Partido Nacionalista Vasco refrendaron ayer su compromiso para echar abajo la cadena perpetua y pidieron desligar el debate político del ruido que rodea al crimen de Almería.
Para lograrlo necesitan 176 votos en el Congreso, dado que se trata de reformar el Código Penal, que es una ley orgánica. No obstante, que avance la tramitación parlamentaria dependerá de la Mesa del Congreso (donde PP y Ciudadanos tienen mayoría), responsable de desbloquear el debate de las enmiendas.