El juez de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión al secretario general del grupo Reconstrucción Comunista, Roberto Vaquero, por colaborar con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y también por tenencia de explosivos.
Velasco ha tomado hoy declaración a los nueve detenidos el pasado miércoles en Madrid, Valencia y Bilbao por su relación con el PKK, de los cuales han ingresado en prisión otros dos: el único de nacionalidad turca y el jefe de seguridad del grupo, aunque en este caso tienen la posibilidad de eludir su ingreso si pagan sendas fianzas de 10.000 y 6.000 euros.
Los otros seis han quedado en libertad con medidas cautelares como prohibición de abandonar el territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecencias mensuales, han informado fuentes jurídicas.
Al líder de Reconstrucción Comunista, cuya sede fue registrada en la operación del pasado miércoles, se le imputa un delito de pertenencia a una organización criminal que colabora el PKK y otro de tenencia de explosivos.
Este último delito responde a que en los registros realizados por la Policía se encontraron componentes de artefactos explosivos preparados para montar, así como un kilo de nitrato potásico y armas prohibidas.
Al ciudadano turco que también ha ingresado en prisión, aunque bajo fianza, se le imputan los mismos delitos y le atribuye ser el contacto del PKK en España.
En su resolución, el magistrado acuerda prohibir durante un año las actividades de Reconstrucción Comunista y la clausura durante el mismo tiempo de sus locales en el barrio madrileño de Vallecas y en Valencia.
Destaca el juez que la Policía encontró en los registros una agenda donde uno de los detenidos reconocía que un miembro del grupo había tenido un contacto en España con un componente del PKK.
Según informó el miércoles el Ministerio del Interior, los arrestados estaban integrados en una estructura en España con ramificaciones en países europeos y en Turquía que colaboraba y facilitaba la integración de individuos en el grupo terrorista kurdo.
Esta operación podría estar relacionada con la causa por la que el pasado 7 de julio el juez Velasco dejó en libertad, aunque imputados por un delito en organización terrorista, a dos jóvenes españoles que fueron detenidos tras combatir contra el Estado Islámico durante seis meses integrados en milicias kurdas del PKK en Siria.
A los dos, que fueron detenidos por la Policía tras retornar de Siria, se les acusó de participar en un conflicto armado fuera de España sin autorización del Estado, poniendo en grave riesgo los intereses nacionales, y de integrarse en grupos de lucha contra el Estado Islámico que están también considerados grupos terroristas por los organismos internacionales.
A ambos se les relacionó con el PKK, que dispondría de aparato militar en Siria y en Irak con otras denominaciones como YPG, el cual, según explicaron los dos jóvenes, es el Ejército del Estado de Rojava, en la parte kurda de Siria.
El PKK está considerado una organización terrorista por la Unión Europea desde julio de 2011 e incluido en la lista de grupos terroristas extranjeros del Departamento de Estado de EEUU.
Cuenta con redes de colaboradores en distintos países europeos, especialmente en Alemania, Holanda o Bélgica y en España fueron detenidos seis miembros de su red de extorsión y financiación en febrero de 2013.