El Gobierno madrileño de Ignacio González aprovecha la coyuntura de crisis económica para avanzar en lo que denomina “nueva manera de trabajar” en sanidad y que consiste en abrir más el sistema público a empresas privadas, según ha dejado claro el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. Madrid amplía las posibilidades de negocio en seis hospitales y al 10% de los centros de salud (unos 27).
Los hospitales (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares) son los seis que puso en marcha la expresidenta Esperanza Aguirre con un modelo semiprivado en el que el Gobierno conservaba la gestión sanitaria. Esa parte es la que se sacará a concurso. Durante diez años, las consultas, urgencias, operaciones quirúrgicas, rehabilitaciones y demás actos médicos serán llevadas a cabo por empresas privadas y su personal. La administración asegura que la plantilla sanitaria que ahora trabaja allí podrá pedir incorporarse a la nueva o trasladarse.
Estos centros necesitaron en 2010 un aumento de fondos públicos para equilibrar las cuentas de las empresas que los construyeron y que gestionan administrativamente. El Consejo de Gobierno regional aprobó ese rescate. Con este paso en la privatización de servicios sanitarios, estos hospitales contarán con dos concesionarios a la cabeza de su funcionamiento. Las arcas públicas pagarán dos cánones, uno por la parte no sanitaria y otro por la asistencia a pacientes. La consejería elimina el gasto de las nóminas de los médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, farmacéuticos...
Pero además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid sacará a concurso una décima parte de los centros de Atención Primaria. En principio se prefiere que pujen grupos de profesionales pero no se descarta que compañías como Capio Sanidad o Ribera Salud (ahora al cargo de hospitales totalmente privatizados del sistema público en Torrejón de Ardoz o Móstoles) terminen por hacerse con estos centros.