Como la mayoría de acontecimientos políticos que acaban en los libros de historia, el procés también deja efectos colaterales. Páginas menos épicas, asuntos de andar por casa. Una vez fracasada la vía unilateral hacia la independencia, los policías y guardias civiles que hicieron de guardianes de la ley en Catalunya -y protagonizaron polémicas cargas durante el referéndum del 1 de octubre- los jueces y fiscales que persiguieron, imputaron y encarcelaron a los líderes del movimiento secesionista, intensifican sus reivindicaciones laborales esgrimiendo los servicios prestados al Estado en uno de los episodios más graves de la democracia.
Y ahora las reivindicaciones económicas y profesionales de estos colectivos amenazan con convertirse en otro problema electoral para el Partido Popular mientras Ciudadanos hace suyas algunas de esas reclamaciones que establece como condición previa para apoyar los presupuestos generales de 2018 mientras intenta arañar votos en caladeros tradicionales del PP.
En España hay 80.000 guardias civiles, 65.000 policías, 5.000 jueces y 2.500 fiscales. Y todos votan (o tienen derecho a hacerlo). Por primera vez al Partido Popular le ha salido competencia en ese lado del tablero: el mensaje de Ciudadanos sobre la defensa de la unidad de España y su combate de los nacionalismos periféricos ha calado en unos colectivos tradicionalmente alineados con posiciones conservadoras.
La lucha de los sindicatos policiales y la Guardia Civil por acercarse a las condiciones laborales de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra no es nueva, llevaba décadas vigente sin que en este tiempo haya sido atendida. Pero en el contexto del proceso soberanista en Catalunya ha cobrado mucha fuerza y se nota en el ambiente de comisarías y cuarteles.
Una semana antes del referéndum del 1 de octubre y en medio de toda la polémica sobre la actuación de los Mossos, las centrales SUP, CEP, UFP, SPP y ASP hicieron público un informe remitido a Interior en el que señalaban que un policías o guardias civiles cobran entre 900 y 1.000 euros mensuales menos que los agentes de las policías vasca y catalana.
En los cuerpos de seguridad cunde la sensación de que los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior están discriminados con respecto a los que dependen de los gobiernos autonómicos. Incluso ha surgido una plataforma -Jusapol- al margen de los sindicatos policiales (o tal vez para enfrentarse a ellos) con una única finalidad: lograr que se las condiciones de policías y guardias civiles se equiparen a las de ertzainas y mossos. El colectivo ha mantenido reuniones con todos los grupos políticos y hecho mucho ruido, con sus manifestaciones y protestas, y un mensaje directo y simple que entra bien en las comisarías y cuarteles.
El martes, un día después de que Mariano Rajoy intentase apaciguar el nerviosismo que empieza a cundir en su partido por el auge de Ciudadanos tras la victoria en Cataluña, los ministerios de Interior y Justicia volcaban jarros de agua fría sobre las reclamaciones de policías, jueces y fiscales.
En su reunión con los sindicatos policiales, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, ofreció una partida de 1.500 millones de euros en tres anualidades (hasta 2020) para avanzar en la equiparación de policías y guardias civiles con los cuerpos autonómicos. Pero el documento, que quedó sobre la mesa del ministro sin firmar, está pendiente de los progresos que se realicen en las mesas técnicas, que arrancan con Interior y los representantes de policías y guardias civiles en los próximos días.
Fuentes de Interior aclaran que la cifra “máxima” de 1.500 millones en subidas cuanta ya con el aval de Hacienda. El problema radica en la diferencia de sueldo que unos y otros consideran que hay con los Mossos o la Ertzaintza. Interior ya ha advertido que para caminar hacia la equiparación, policías y guardias civiles deberán renunciar a “derechos” que los policías autonómicos no tienen y ellos sí.
Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil no quieren oír ni hablar de renuncias a condiciones adquiridas y aunque admiten que la propuesta de Interior es un avance, avisan de que todavía queda camino por recorrer. Quieren que los 500 primeros millones adicionales en el capítulo de personal sean incluidos ya en las cuentas de 2018 y que el acuerdo no implique renunciar a derechos, como sugiere el folio que les presentó Interior.
El Foro Jusapol, que opera al margen de los sindicatos, insiste en que la lucha continúa y tan pronto como conoció el resultado de la reunión con el ministerio -a la que no fue invitado- respondió por su cuenta convocando una manifestación que este sábado recorrió las calles de Barcelona a la que acudieron miles de funcionarios. Por si había alguna duda, en primera línea, detrás de la pancarta se situaron Albert Rivera e Inés Arrimada. Cerca de ellos, el lídel del PP catalán, Xavier García Albiol.
El frente de Justicia, retribuciones de jueces y fiscales
Los fiscales y jueces tampoco escucharon mejores noticias el miércoles en el Ministerio de Justicia. Las asociaciones que los representan no llegaron a sentarse con Rafael Catalá sino que los recibió el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado. La cita pretendía ser una reunión preparatoria para avanzar en una nueva política de retribuciones para jueces y fiscales.
Se reclama, ahora que el Gobierno presume de recuperación económica, recobrar el poder adquisitivo perdido durante los años de recortes en bajadas de sueldos, aumentar un 5% el crédito destinado a retribuciones variables, indemnizaciones por gastos profesionales, subir el precio de las guardias y sustituciones, así como un complemento ligado al objetivo de modernizar la justicia por el esfuerzo que tienen que hacer para implantar el llamado papel 0.
La respuesta del director general de Justicia fue parecida a la de Interior a los policías, según fuentes presentes en la reunión. Aludió a los rigores presupuestarios del ministerio de Hacienda.
El comunicado que firman la asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, califican el encuentro como decepcionante. Y mientras aguardan a una nueva reunión prevista para el próximo 21 de enero, advierten que jueces y fiscales irán todos a una y se mantendrán “firmes en la reclamación conjunta de mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años”.
El asunto es delicado por el malestar existente en la carrera judicial con la gestión de los últimos Gobiernos del PP, primero con Alberto Ruiz Gallardón y después con Catalá en el ministerio. Dos representantes de dos asociaciones, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, llegaron a amenazar con una huelga el pasado verano, si no se veían colmadas sus reivindicaciones. Las posturas siguen enfrentadas y no se vislumbra un acuerdo a corto plazo que pacifique el mundo de la judicatura.
Los frentes abiertos con policías, fiscales y jueces surgen en un momento muy delicado para el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha visto como las elecciones convocadas al amparo del artículo 155 de la Constitución, situaron al PP como última fuerza, y cuando determinadas encuestas empiezan a coquetear con la posibilidad de un sorpasso de Ciudadanos al Partido Popular. El propio Rajoy trató de relativizar esta semana la importancia de los sondeos cuando falta año y medio para la próxima cita electoral y comprometió que va a poner a trabajar ya al partido pensando en esos comicios.
El PP tiene el diagnóstico y sabe que tiene un problema en el sector de la Justicia y también con los policías y guardias civiles, que están muy movilizados a raíz del conflicto catalan. El mismo Rajoy se comprometió el pasado noviembre durante una entrevista en la Cope, a intentar resolver “poco a poco” el problema de las desigualdades salariales en la policía. Las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado no quieren esperar y ansían partidas presupuestarias desde ya. Mientras tanto, Ciudadanos les corteja. Están en juego muchas decenas de miles de votos en la derecha española.