El Partido Popular se encuentra desde este martes más cerca de sentarse en el banquillo por el caso de los 'ordenadores de Bárcenas'. La jueza Rosa María Freire ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado -el equivalente a procesamiento para delitos castigados con menos de 9 años de cárcel- contra la formación que preside Mariano Rajoy; su tesorera, Carmen Navarro; el director jurídico, Alberto Durán; y el informático José Manuel Moreno.
La magistrada da diez días a las partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten escrito de acusación o solicitud de más diligencias, o si consideran que no hay delito, pidan el archivo de la causa. Los delitos que se investigan son los de daños informáticos y encubrimiento.
Bárcenas reclama dos discos duros que utilizó durante su trabajo en el PP en los que guardaba toda la información de la financiación irregular del partido en el gobierno. El PP se negó a entregárselos y los destruyó. La jueza cree en la versión de Bárcenas. “No existen razones fundadas para dudar de su testimonio acerca de lo que almacenaba en los discos duros de sus ordenadores, información que fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física”, dice el auto dictado este martes.
El abogado Durán -persona de total confianza de María Dolores de Cospedal- y la tesorera Navarro también están acusados de un delito de encubrimiento. La jueza dice que actuaron indiciariamente con la “determinación de impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos” que Bárcenas guardaba en los discos duros pudieran ser conocidos por los investigadores.
Para ello, continúa, “acordaron su destrucción física con aplicación de técnicas drásticas que han imposibilitado de facto conocer su observación directa o mediante estudio pericial que se almacenaba en su interior”. El jefe de informática, Moreno, resultó “imprescindible” para la presunta comisión del delito, añade la jueza.
Después de hacer un detallado repaso de los hechos investigados, la jueza Freire concluye que los indicios de delito del Partido Popular consisten en “no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito (daños informáticos), toda vez que todavía en fechas actuales no existe un inventario de los elementos informáticos existentes en su sede”.
El auto añade: “Se funciona con la presunción de que lo que hay en su interior es del Partido, no existe un protocolo interno de seguridad, pues como tal no puede considerarse, de forma seria y rigurosa, el simple folio que contiene un denominado procedimiento de borrado seguro, procedimiento que era desconocido no solo para los usuarios, como el señor Bárcenas, sino para los propios trabajadores y responsables de los departamentos del Servicio de sistemas de información, como el señor Barrero, en definitiva, todo ello permitió que personas de su organización cometiesen el delito descrito”.
Revés para la Fiscalía, alineada con el PP
El auto de la jueza es un revés, no solo para las defensas sino también para la Fiscalía, que también solicitó el archivo. No es cierto, dice la instructora, que la propiedad de los ordenadores sea “cosa juzgada”, como defienden los citados. Bárcenas denunció el robo de los ordenadores, pero el Juzgado 21 de Madrid archivó la causa por inexistencia de delito. Sin embargo, añade la magistrada Freire, su compañero no determina en el fallo a quien pertenecen los ordenadores sino que remite a “otra vía” para reclamarlos. “Seguramente se refiere a la civil”, añade la jueza.
También a las defensas y al Ministerio Público se refiere para aclarar: “No ha resultado acreditado, como se dice, que dichos ordenadores estuviesen vacíos, es decir, que no contuviesen ningún archivo”. La jueza no encuentra contradicciones en la versión de Bárcenas, recuerda que su interés no eran los ordenadores en sí sino la información que contenían y que por eso los había reclamado de forma reiterada al partido. “Podría ser información muy relevante”, añade, de acuerdo al auto dictado en su momento por Ruz. “Esta evidencia no pudo pasar desapercibida para los responsables del PP investigados en esta causa, pese a lo cual, o quizás por ello, impidieron, indiciariamente, su acceso a la causa”.