La parte socialista del Gobierno está dispuesta a modificar la ley integral de libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, tras el incesante goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales. La propuesta del Ministerio de Justicia, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso elDiario.es, prevé elevar las condenas por agresión sexual cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la “voluntad” de la víctima “por cualquier medio”. El objetivo es intentar evitar los “efectos indeseados” de una norma promovida al calor de la indignación social por el caso de La Manada.
Esa reforma se sustanciará en una proposición de ley que presentará el Grupo Socialista, que basa su propuesta de reforma en el planteamiento hecho por el Ministerio de Justicia. En rueda de prensa, la portavoz de la Ejecutiva, Pilar Alegría, ha afirmado que su partido buscará el acuerdo con Unidas Podemos pero que, de no lograrse, el PSOE seguirá adelante con su iniciativa. Las dos alas del Ejecutivo siguen negociando, informan fuentes gubernamentales.
El borrador del departamento que dirige Pilar Llop no modifica la definición del consentimiento y retoca cuatro artículos de la ley para agravar las horquillas de las penas de los delitos sexuales en casos de violencia o intimidación o con menores de por medio para evitar rebajas de condena en agresiones especialmente graves. En todo caso, esta rectificación no va a paliar a corto plazo las rebajas de penas, ya que en el sistema penal español los jueces tienen la obligación de aplicar siempre la norma más beneficiosa para el reo de todas las que han estado en vigor. Está pensada para los casos “a futuro”.
La reforma eliminó la distinción entre agresión y abuso sexual que se hacía hasta entonces y estableció mayores penas para las supuestos más graves, como las agresiones en grupo o bajo los efectos de las drogas. Pero en algunos tramos de las penas mínimas el último texto que aprobó el Congreso es más benévolo que los anteriores, lo que ha llevado a los tribunales a revisar centenares de condenas. Ahora, Justicia propone elevar las penas “cuando medie violencia o intimidación, o se realice sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”.
El tipo general de agresión sexual sigue penado con entre uno y cuatro años de cárcel, pero se recupera la horquilla de entre uno y cinco años si existe “violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad”. Además, cuando se den esas circunstancias, los jueces no podrán imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses. En la redacción actual, esta era una potestad del órgano sentenciador.
En las casos más graves —cuando hay penetración vaginal, anal o bucal— también se eleva la parte baja de la horquilla si la agresión se comete “empleando violencia o intimidación o anulando la voluntad de la víctima por cualquier medio”. En estos supuestos, la propuesta establece que se impondrá la pena de prisión de seis a 12 años de prisión, tal y como recogía el Código Penal antes de la reforma de la ley del solo sí es sí. En la actual redacción estas agresiones están penadas con entre cuatro y 12 años de prisión.
El borrador de Justicia también retoca el actual marco penal en los casos en los que concurren agravantes, como la actuación en grupo o la existencia de “violencia de extrema gravedad”. Y plantea que la horquilla vuelva a las penas anteriores al cambio legal promovido por Igualdad. La actual ley del ‘sí es sí’ castiga las agresiones sexuales con pena de prisión de dos a ocho años (anteriormente era de cinco a 10 años) y las agresiones con penetración (violaciones) con entre siete a 15 años (antes de la reforma estaban penadas con entre 12 y 15 años antes de la reforma). Ahora, el departamento que dirige Pilar Llop pide mantener el rango de dos a ocho años en las agresiones cuando no hay violencia y elevarlo de cinco a diez años cuando si la hay. La propuesta es similar en las violaciones: de siete a quince años si no hay violencia y de 12 a 15 cuando sí la haya.
Por último, la propuesta también retoca el marco penal en el caso de las agresiones a menores al elevar las horquillas bajas de las penas para las agresiones con penetración a menores de 16 años. Si no hay violencia, la pena mínima se eleva de seis a ocho años de prisión, mientras que la máxima se mantiene en 12. Y si media violencia la parte baja de la horquilla sube de diez a 12 años. La parte alta sigue en 15 años.
Las propuestas de Igualdad
Sin embargo, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ya ha rechazado esta propuesta porque, asegura, implica volver al modelo anterior basado en la violencia y la intimidación “que supone un calvario probatorio para las mujeres”. Y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha insistido en que no se trata de un “problema de penas”, sino de un cambio de sistema penal en el que el derecho transitorio no está aplicándose adecuadamente, informa Ana Requena Aguilar.
A primera hora trascendía que el Ministerio de Igualdad ha propuesto, por su parte, un plan urgente de diez medidas para proteger a las víctimas de violencia sexual y ha admitido que no hay “ninguna reforma penal” de la ley del 'solo sí es sí' que pueda frenar las revisiones. Este fin de semana trascendió que el Gobierno se abría a modificar la ley después de que los jueces hayan reducido más de 200 condenas en los tramos más bajos de las penas al aplicarla, aunque Unidas Podemos señaló que “a día de hoy no existe ningún acuerdo”.
El Ministerio que dirige Irene Montero dice en el comunicado emitido este lunes que no existe “ninguna reforma penal” de la ley que pueda frenar las revisiones porque “son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. A continuación, Igualdad propone como una de las soluciones posibles la implantación de este plan para “la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres”: “Es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”, dicen.
La primera de las medidas urgentes para proteger a las víctimas es doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual. También se propone un refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
El Ministerio de Igualdad quiere “garantizar la asistencia jurídica gratuita a las victimas” y que se las incluya en el Servicio de ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género) desde 2023, junto con un incremento del número de dispositivos.
A continuación, Igualdad plantea un “refuerzo de las unidades de valoración forense integral” y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e interior así como educación y sanidad. La séptima medida es la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales y la octava, la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud “para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo”.
Finalmente, el departamento que dirige Irene Montero plantea incrementar el número de agentes que el Ministerio del Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual, y la implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.
Podemos teme la “vuelta” a la anterior legislación
La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha rechazado este lunes cualquier propuesta de cambio de la ley del ‘solo sí es sí’ que contemple una “vuelta” al modelo anterior del Código Penal, como el que ha trasladado el Ministerio de Justicia porque saca el consentimiento del centro de la norma y ha enfatizado que cualquier modificación en este sentido en ningún caso va a solucionar “el problema de la revisión de penas”.
Serra ha defendido las diez medidas que ha propuesto el departamento para facilitar a los jueces la “aplicación de la ley”, un elemento que tanto en el entorno del Ministerio como de Podemos sostienen que es el verdadero origen de las revisiones de penas a violadores y agresores sexuales que se están sucediendo desde la entrada en vigor de la norma.