“La continuada política de combinación de recortes, desmantelamiento y privatización de la sanidad pública ha supuesto un impacto sin precedentes sobre la salud, la morbilidad y la mortalidad de la población”. Así arranca la resolución 'Por el derecho a la salud: sanidad pública de tod@s para tod@s' aprobada en el marco de la Asamblea fundacional de Podemos. El documento quedó cuarto en la votación desarrollada entre el jueves 16 y el sábado 18 en la que participaron 38.279 personas. Recibió 12.129 votos.
La resolución, avalada por el círculo Carabanchel Latina y defendida por Mónica García Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, denuncia que el proceso privatizador arrancó en la propia Ley General de Sanidad de 1986 y que “se han acentuado progresivamente con los Gobiernos del PP y PSOE y de forma más acelerada en los últimos años, bajo el Gobierno de Rajoy”.
La resolución alerta de la exclusión “de amplios sectores de la población de la cobertura” de “la introducción de copagos”, de que los “cambios en las competencias de la administración local limita el desarrollo de políticas sanitarias y sociales desde el nivel local” y del impacto negativo “sobre el acceso a medicamentos y salud pública de la población” que tendrá el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que negocian en secreto la UE, EE UU y Canadá.
Para revertir esta situación, la resolución propone, entre otras medidas, poner en marcha un sistema de “financiación sanitaria suficiente/finalista y selectiva de prestaciones sobre la base del valor de las mismas”, recuperar “la universalización de la asistencia sin exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles”, “eliminar el copago” sanitario, devolver “la gestión pública” de la sanidad, poner en marcha un “control del gasto farmacéutico con utilización racional de medicamentos y control de precios”, la “reapertura de los centros públicos de salud mental” y “asegurar el derecho a la salud de los ciudadanos” del TTIP.