Entre el 18 de marzo y el 20 de mayo, además de dos meses, casi diez semanas de confinamiento, hay dos marcos políticos muy distintos. De un lado, el de la cooperación y la solidaridad resumidos en la unidad de acción en torno a un objetivo común que se visualizó el día que Pedro Sánchez acudió al Congreso en sesión informativa para pedir la ayuda de la oposición, de todas las fuerzas políticas, del mundo económico y de la ciudadanía para sumar esfuerzos frente a la pandemia. Y de otro, el del disenso, la bronca y la ruptura que deja la última sesión celebrada en el Parlamento.
De fondo, en ambos está el combate contra la COVID-19 y sus consecuencias y el decretado estado de alarma con el que coordinar las respuestas socio-sanitarias. Las posiciones en el Congreso han ido virando desde el primer decreto que impuso el confinamiento. De tal modo que las sucesivas votaciones para las prórrogas se han convertido en un goteo constante de pérdida de apoyos para el Gobierno y en la ruptura de los bloques construidos en torno a la investidura de Pedro Sánchez.
La izquierda anda dividida y la derecha pierde a Ciudadanos, que aún no ha decidido si el regreso al centro será coyuntural o de largo alcance para escapar definitivamente de la foto de Colón con la que Albert Rivera hundió electoralmente a sus siglas. El caso es que el debate para la aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma deja un escenario de incertidumbre en el Congreso y de debilidad para el Gobierno con la pérdida del apoyo de ERC, uno de sus principales socios, pero también de Compromis, y la crítica unánime de todos los que hicieron posible la investidura del presidente.
Vienen curvas para Sánchez que, a tenor de las advertencias y el resultado de la votación, tendrá que tejer nuevas complicidades para reconstruir la confianza perdida. Hoy solo cuenta con los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, más los 10 Ciudadanos, 6 del PNV, 2 de Más País, 1 de CC, 1 de PRC y el de Teruel Existe. Y es que ERC, junto a Compromís, se sumó al 'no' de PP, Vox, JxCAT y la CUP en un bloque heterogéneo que suma 165 actas. Por resumir las cuentas, le faltan 21 escaños para la mayoría absoluta. Y si quiere ganar votaciones para sacar adelante los presupuestos, que el Gobierno insiste en denominar “de la reconstrucción”, tiene que convencer a al menos seis diputados para que pasen del no al sí.
Por el momento, este miércoles PSOE y Unidas Podemos consiguieron atar la abstención de EH Bildu firmando un acuerdo para derogar la reforma laboral. En un texto inicial del acuerdo se señalaba en el primer punto que la derogación se realizaría “de manera íntegra” y “antes de la finalización de las medidas extraordinarias por la COVID-19”. Pero a última hora de la noche el PSOE envió una nota anulando ese punto que hacía mención a la “integridad” de la norma. Este jueves por la mañana Iglesias volvía a contemplar la derogación total. “Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda (lo firmado obliga). En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral”, aseguraba en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Durante el pleno del miércoles hubo serios avisos de ruptura entre los partidos de izquierda y los nacionalistas sobre todo por el acuerdo “in extremis” del Gobierno con Ciudadanos para salvar la prórroga del estado de alarma. Y pese a que tanto el portavoz del partido de Arrimadas, Edmundo Bal, como Sánchez aclararon que no se trata de una alianza estratégica ni de un cambio de socios, sino simplemente de “salvar vidas”, el eco de la amenaza del independentismo catalán retumbó entre las paredes del hemiciclo. “Aspiramos a sacar adelante cuatro años de investidura con fuerzas distintas a la derecha, ahora hablamos de defender la salud pública”, les explicó el presidente. “No se equivoquen, no tienen un socio más”, espetó Bal.
Para entonces el republicano Rufián ya había repetido que ERC había sido sacrificada para pactar con Cs y deslizado la idea de que esa alianza puede llevarse por delante “quizá de forma irremediable el espíritu de la investidura”. Algo que entendió también, pese a su voto a favor de la quinta prórroga, Iñigo Errejón al alertar de que “la mayoría de la investidura” se desvanece. Y en el mismo sentido se pronunció decepcionado con el Gobierno el diputado de Compromis, Joan Baldoví, que rechazó también la prórroga, tal vez el aviso más serio que recibió el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno había pedido el apoyo para la prórroga y asegurado que la vigencia del estado de alarma no se extendería ni un día más de lo necesario, pero que en este momento “delicado de la desescalada nadie tiene derecho a derrochar lo logrado juntos”. De nada le sirvió invocar la necesaria unidad como la “fuerza más poderosa para salvar vidas” y combatir la crisis económica y social porque tanto Casado como Abascal le atizaron sin misericordia. El primero para acusarlo de mantener a los españoles en una “reclusión brutal” y afearle su negociación con unos y con otros. El segundo para advertirle de que tendrá que asumir su responsabilidad por una “gestión criminal de una crisis que ha costado miles de votos”. El PP se acerca cada día más a VOX mientras el bloque de la derecha pierde a Ciudadanos, tras su enésimo intento por regresar a la centralidad y el goteo de bajas registradas como consecuencia de la moderación que busca Arrimadas, la última del exdirectivo de Coca Cola Marcos de Quinto.
La foto de Colón se resquebraja a la misma velocidad que se deteriora la colaboración del bloque que impulsó la investidura de Sánchez. El tablero político queda a expensas de la llamada geometría variable que promete días de sobresaltos en cada votación. La próxima tendrá lugar dentro de quince días para una sexta prórroga en la que Sánchez tendrá que sudar de nuevo cada voto. Y Casado avisa, como si dependiera de él, que el mandato del Gobierno “pende de un hilo”. Pese a los reproches a la dilación del estado de alarma que llegaron de todo el arco parlamentario y de las quejas sobre la falta de un diálogo real, Sánchez presentó su gestión como “ágil y eficaz” frente al desafío sanitario, económico y social y hasta llegó a calificarla con un “notable”.
En la nueva prórroga y como consecuencia de los exigido en las negociaciones con los grupos que la apoyaron, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será la única autoridad delegada del mando único y se intensificará la nueva etapa de cogobernanza con las Comunidades que nunca han perdido, según afirmó el presidente, su corresponsabilidad “en el ejercicio de sus competencias”, si bien ahora irán recuperando todas sus facultades.
Pero Sánchez tuvo, eso sí, que solemnizar lo obvio ante los ataques a diestra y siniestra, esto es que el estado de alarma es “plenamente legal” y, además, es “falso” que este instrumento pueda ser sustituido por leyes ordinarias como proponen varios grupos parlamentarios. No obstante, ahora el Gobierno está dispuesto a modificar las leyes sanitarias y de Seguridad Nacional para adecuarlas a la situación que llegará tras el fin del estado de alarma por si hubiera que afrontar nuevos rebrotes del virus en otoño.