Podemos denuncia una “investigación prospectiva” y reclama a la Audiencia de Madrid que anule la causa por su financiación

La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre la investigación abierta por el juez Juan José Escalonilla contra Podemos y un puñado de sus dirigentes y trabajadores. El partido ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado para su elevación al órgano superior donde califica de “investigación prospectiva” la batería de diligencias solicitadas por Escalonilla. Una “causa general” con un único fundamento, según el escrito presentado por Podemos y al que ha tenido acceso elDiario.es: la denuncia y posterior declaración del exabogado de la formación José Manuel Calvente, despedido en diciembre de 2019 por un presunto acoso sexual y laboral que la Justicia no ha considerado acreditado en primera instancia.

El escrito, en el que se pide la nulidad de la causa o al menos su archivo, trata de desmontar tanto el fondo como las formas en las que el juez ha basado su investigación. Unas diligencias de las que Podemos se enteró por la prensa y en las que pidió personarse. Escalonilla respondió al partido informándole de “su condición de investigado”. Eso fue el 25 de julio. Cuatro días después, el 29, Calvente declaraba ante el juez, ya con Vox personado, y admitido, como acusación popular. Los días 30 y 31, el juez dicta sendos autos donde llama a declarar como investigados (antigua imputación) a mediados y finales de noviembre al secretario de Comunicación y director de campaña del partido, Juan Manuel del Olmo, así como a la gerente, Rocío Val, y al tesorero, Daniel de Frutos, entre otros muchos trabajadores propios y de otras empresas que han trabajado para el partido.

Pero no solo. Entre otras diligencias, reclama que se presenten todos los justificantes de gastos presentados desde 2019 por Val y Frutos, así como sus nóminas. Todos los movimientos bancarios de 2019 de dos empresas que colaboraron en la campaña electoral de abril de ese año. Que se examine la llamada “Caja de Solidaridad” del partido. Los expedientes (si los hubiera) abiertos por el Tribunal de Cuentas sobre el mismo proceso electoral. La declaración del arquitecto que realizó las obras de adecuación de la nueva sede del distrito de San Blas. La hoja de registros de la cooperativa Kinema. O que el Registro Mercantil informe de todas “las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero”.

No es el único recurso del partido. Ante el mismo juez ya ha presentado otro, también de nulidad, ya que el Juzgado no conserva ningún registro de buena parte de la declaración del propio Calvente. Se han remitido a las partes los primeros 40 minutos de grabación de un total de tres horas. El resto, según denuncia Podemos, no está. Tampoco las transcripciones.

Este hecho también figura en el recurso de Podemos ante la Audiencia Provincial, en el que aseguran encontrarse ante una “evidente indefensión”, por lo que piden la “nulidad de pleno derecho de la declaración, así como de las diligencias acordadas” a raíz de esta.

Defectos formales

El partido que lidera Pablo Iglesias divide su recurso en dos partes fundamentales. Una más formal, y otra que analiza el contenido de la denuncia de Calvente. Para Podemos, el mismo hecho de que el exabogado que estaba a sueldo del partido haya recopilado documentación durante buena parte del tiempo que estuvo contratado ya debería servir para que el juez hubiera inadmitido la causa. “La documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones del cargo del denunciante”, asegura el recurso. El escrito recuerda que el propio Calvente dijo que su intención “ha sido poder obtener, desde mi cargo, el mayor número de indicios y pruebas para esclarecer cualquier actividad contraria a la ley, a los fines del partido y a la reputación del mismo, bajo la consigna que se nos encomendó por parte de nuestra responsable política doña Gloria Elizo Serrano”.

Elizo también había sido llamada a declarar como testigo en la causa, aunque ya no tendrá que hacerlo. La que fuera máxima responsable legal del partido rompió con Pablo Iglesias. La dirigente optó por dar un paso al lado e Iglesias dejó de contar con ella para la nueva dirección. Ahora, el juez ha dejado sin efecto su testifical “habida cuenta de su condición de diputada”. El auto alude al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque Podemos señala su extrañeza en el recurso ya que, recuerda, en ese precepto se alude a la Presidencia del Congreso, no a los diputados.

Podemos alega que la documentación recopilada por Calvente, en su opinión de forma que la invalida como prueba, además no aporta indicios de ilegalidad alguna. El partido sostiene que la “supuesta investigación” habría sido realizada de manera fraudulenta al depender de una delegación de las facultades propias de la responsable de Cumplimiento Normativo, quien fuera despedida junto al propio Calvente por, dijeron ambos, denunciar “irregularidades”.

Entre ellas, el uso irregular de las bases de datos del partido. Calvente denunció los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, que la archivó al no haberse presentado ninguna prueba que sustentara los hechos referidos.

Los Telegram recortados

El recurso de Podemos se detiene de forma pormenorizada en los pantallazos de conversaciones del sistema de mensajería Telegram presentados por Calvente como prueba de algunas de las actuaciones irregulares que ha denunciado. Entre ellas, la compra de la actual sede estatal de Podemos, en el madrileño distrito de San Blas.

El partido denuncia que el exabogado ha troceado las conversaciones para sacarse él mismo de la ecuación. Por ejemplo, Calvente denuncia que se usó el procedimiento de urgencia para la reforma que precisaba la sede con el objetivo de evitar un concurso público al que obliga la ley. Pero, refiere Podemos, olvidó indicar que fue él mismo quien propuso esa fórmula. En otra conversación supuestamente recortada, se da a entender que los contratos de la reforma están pactados antes de licitarlos. En la parte que aporta Podemos como prueba, se ve cómo otro trabajador le responde: “Lo que me están mandando son presupuestos”. A lo que él respondió, siempre según el escrito de Podemos: “Ahh. Vale. Pensaba que ya estaban contratados”. El escrito añade: “Fue él mismo el que preparó toda la documentación de la licitación, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia”.

También, continúa el escrito, “fue el que recomendó el 11 de junio de 2018 'evitar publicar facturas y documentos contables en la página web de Transparencia del partido ante el riesgo inherente de comunicar los datos personales por error mediante la exposición pública de los documentos”. O, sobre la supuesta falsa contratación de la consultora mexicana Neurona, dice el recurso que Calvente “reconoció en sede judicial que, en efecto, hubo trabajadores de la citada empresa que vinieron desde México al centro establecido por el departamento de comunicación para trabajar en la campaña electoral de abril de 2019”.

El fantasma de 2015

En Podemos dicen estar tranquilos ante el complicado panorama judicial que se abrirá en septiembre. No solo por este caso, también por la pieza que instruye el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional sobre el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, que acabó en las manos de diferentes periodistas, algunos imputados, del excomisario Villarejo y, según este, del por entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino.

García-Castellón, que ha intentado convertir el caso en una causa contra Pablo Iglesias, no ha cejado en su empeño de demostrar que el secretario general de Podemos está implicado, de alguna forma, en el robo y posterior publicación del contenido del teléfono. En declaraciones a diversos medios, Calvente ha dicho que él tenía pruebas de que todo era “un montaje”. Y García-Castellón lo ha llamado a testificar el próximo mes de septiembre.

Precisamente la anterior responsable legal del partido, Gloria Elizo, ha desmentido este mismo martes lo dicho por Calvente. En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, la vicepresidenta tercera asegura que ninguna persona del equipo legal de Podemos creara “un montaje” alrededor del robo del móvil de Bousselham. También denuncia la “mezcla de mensajes de diferentes fechas y temáticas” para “tergiversar conversaciones profesionales” y así “crear un relato falso”. Elizo se refiere así a los mensajes de Telegram publicados por diferentes medios que dan a entender que en el equipo legal, en el que estaba Calvente, se montó un caso donde no existía.

El exabogado se convertirá así en una suerte de testigo de cargo en dos causas que podrán poner en aprietos a Podemos. Más mediáticos que jurídicos, según aseguran en la dirección del partido, convencidos de que ninguna de las dos causas podrá prosperar.

Pero en Podemos ya sobrevuela el fantasma de 2015 y de 2016, cuando los medios publicaron decenas de informaciones a cada cual más truculenta que relacionaba al incipiente partido no ya con una supuesta financiación ilegal de gobiernos como el de Venezuela o Irán, sino directamente con falsas cuentas secretas en paraísos fiscales o como parte del engranaje de la maquinaria de ocultación de fondos provenientes del narcotráfico internacional. En Podemos recuerdan que todo aquello quedó en nada. Diferentes tribunales archivaron las causas abiertas, entre ellas la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.

Aquellas informaciones cogieron fuerza cuando Podemos y el PSOE intentaron negociar un acuerdo de coalición. Entonces no ocurrió. Pero cuatro años después, Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Pablo Iglesias, vicepresidente segundo. En el partido sostienen que el judicial es otro frente de la estrategia de desgaste contra el Ejecutivo y se lamentan de que las causas, tengan o no fundamento, serán utilizadas en la moción de censura anunciada en diferido por Santiago Abascal para el mes de septiembre.