Un mes después de que dieran comienzo las primeras protestas en contra de la carestía en Sudán, las manifestaciones continúan casi a diario para pedir la marcha del presidente Omar al Bashir, a pesar de la represión violenta de las fuerzas de seguridad que ha dejado más de 40 muertos.
La Asociación de Profesionales Sudaneses, que reúne a agrupaciones sindicales no oficialistas, está liderando las protestas, así como huelgas en diferentes sectores, y ya ha convocado manifestaciones para la próxima semana, la quinta de movilizaciones.
Un miembro de la asociación, Salah Ozman, aseguró a Efe que “las manifestaciones no pararán hasta la renuncia de Al Bashir”, y que también planean anunciar una “desobediencia civil y una huelga política” para presionar más al Gobierno.
“No negociaremos con el régimen gobernante porque estamos pidiendo su renuncia”, precisó Ozman.
“Nosotros somos la conciencia del pueblo,”, aseguró, en referencia al liderazgo que ha asumido la asociación, y agregó que el pueblo no sólo sufre económicamente, sino que sus derechos políticos y su libertad se ven reprimidas.
Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Jartum Norte, Ismael Amr, dijo a Efe que Al Bashir está sometido a “una presión creciente como nunca lo ha estado” desde su llegada al poder en un golpe de Estado en 1989.
“Los partidos opositores se movilizaron por primera vez y se unieron para conseguir un mismo objetivo, que es la caída del régimen y la formación de un Gobierno transitorio”, agregó.
Sin embargo, señaló que “el régimen de Al Bashir ha absorbido el primer impacto” de las protestas y ha apagado “la chispa de la revolución en su comienzo”, reduciéndola a un “movimiento político”.
En su opinión, las protestas no darán resultados por “la disminución del número de participantes debido a la represión violenta y la matanza” a manos de las fuerzas de seguridad.
Asimismo, agregó que el régimen goza de un “apoyo moderado” de todas las fuerzas regionales e internacionales, por ejemplo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a los que Sudán apoya en la guerra en el Yemen.
Su vecino, Egipto tiene miedo del éxito de una revolución popular en la zona que despierte “el espíritu de la Primera Árabe” del 2011 y los países occidentales temen que el caos convierta a Sudán en un “foco para el terrorismo y la emigración ilegal hacia Europa”.
En el pasado mes, Al Bashir se ha mostrado desafiante, llamando a los manifestantes traidores y saboteadores, y no ha hecho concesiones políticas.
Las autoridades admitieron el pasado 12 de enero la muerte de 24 personas en las protestas, pero la Policía desmintió ayer que haya empleado fuego real contra los manifestantes, tal y como denuncian los organizadores.
Según Amnistía Internacional, más de 40 personas han perdido la vida y las protestas han sido “cruelmente aplastadas”, dijo a Efe Ahmed Elzobeir, investigador para Sudán de la ONG.
La gran mayoría han perecido por disparos de bala en diferentes partes del cuerpo, en concreto el pecho, el cuello y la cabeza, y muchos han muerto por no recibir asistencia médica de forma inmediata tras resultar heridos, detalló Elzobeir.
Según las informaciones de las que dispone la organización de derechos humanos, quien está ejerciendo mayor violencia contra los manifestantes es una milicia armada “probablemente relacionada con el partido gobernante”.
“Es un grupo armado, no es una entidad legal”, destacó Elzobeir, el cual agregó que sus hombres viajan en “vehículos sin matrícula y están enmascarados”, por lo que no se pueden identificar, ni se sabe “quién les apoya, quién les da órdenes y a quién responderían en el caso de abusos” de los derechos humanos.
Por su parte, “la Policía está usando gases lacrimógenos y métodos antidisturbios” y “el Ejército sudanés no está involucrado” en la represión de las protestas, según el investigador.
AI estima que más de 1.000 personas han sido detenidas en el pasado mes y otras cuatro organizaciones, incluida Human Rights Watch, cifran en centenares los arrestados, entre ellas periodistas, médicos, abogados y líderes de partidos opositores, algunos de los cuales están incomunicados y no tienen acceso a un abogado ni se les permiten visitas.
Por Al Nur al Zaki