La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha emplazado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir “qué piensa hacer” con la alcaldesa de Marbella y senadora 'popular', Ángeles Muñoz, tras las informaciones que apuntan a la adjudicación de contratos en el Ayuntamiento de la ciudad malagueña con el uso de fondos transferidos por la Junta de Andalucía a una sociedad relacionada con su marido.
“Nos gustaría saber qué opina Feijóo sobre informaciones que creemos muy graves, él que vino con esa idea de la moderación, cuando calla ante las informaciones importantes sobre presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, que diga qué piensa hacer con la senadora y alcaldesa”, ha proclamado Granados en una rueda de prensa desde la Cámara Alta.
La semana pasada, la propia alcaldesa de Marbella señaló que la legalidad de los procesos de contratación del Ayuntamiento no ha estado cuestionada “ni un solo minuto”.
A preguntas de los periodistas sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a una sociedad relacionada con su marido, Muñoz apuntaba que “ni para Fiscalía ni nadie del Ayuntamiento, ni concejal, ni yo como alcaldesa, ni el Área de Contratación, el Área Económica, ni para Intervención han estado en tela de juicio esos contratos, menos para el PSOE”.
La alcaldesa está en su tercer mandato y fue respaldada por Feijóo
María Ángeles Muñoz se encuentra en su tercer mandato como alcaldesa de Marbella. A ese cargo llegó por primera vez hace 15 años y lo hizo con la promesa de regenerar la política local tras los mandatos de Jesús Gil y Julián Muñoz. Su poder en el PP de Marbella es absoluto desde hace 23 años. En octubre de 2021 fue reelegida para el cuarto mandato en un acto en el que recibió el apoyo del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien se desplazó a Marbella para la ocasión.
Entre 2010 y 2020, Muñoz se vio involucrada en el caso Lindes, que consistía en la cesión de unos terrenos de Marbella en 2009 a la limítrofe localidad de Benahavís, lo que posibilitaba construir en la zona, propiedad al 63% de una sociedad cuyo administrador único era Lars Gunnar Broderg, el marido de la regidora. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, impulsado por la Fiscalía, pero el Alto Tribunal rechazó cualquier responsabilidad de Muñoz en los hechos.