El PSOE ha respaldado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro para ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable, que se ha aprobado con 277 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones. Unidas Podemos, después de asegurar en un primer momento que sí la apoyaría, tal y como reflejó esta misma noticia, a primera hora de la tarde ha decidido que no, tras un debate interno.
Según habían explicado a este diario fuentes del grupo confederal inicialmente se abrieron a apoyar la iniciativa de las derechas después de un informe favorable del Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop y, tal y como argumentan, las formaciones del Ejecutivo suelen actuar conforme al criterio de los ministerios.
Ante ese cambio de parecer chocó el tono contundente del diputado Ismael Cortés, que durante el debate del Pleno en el Congreso –en el que han estado presentes familiares de víctimas de asesinatos como los padres de Diana Quer– ha tildado la prisión permanente revisable como “populismo punitivo” y ha asegurado que respaldar la iniciativa de PP y Ciudadanos supone “contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas” con intereses políticos.
La iniciativa de los Grupos Popular, Ciudadanos y Mixto propone la modificación del artículo 140 del la Ley Orgánica del Código Penal para incluir dos nuevas circunstancias en las que el asesinato se castigue con pena de prisión permanente revisable. En concreto, se propone que se aplique en los supuestos de asesinato con ocultación del cadáver y de reincidencia en el delito de asesinato.
Con su toma en consideración, que también ha sido apoyada por Vox que, no obstante, ha reivindicado la “cadena perpetua”, el texto comenzará a recorrer el procedimiento legislativo parlamentario esta misma semana, aunque su aprobación definitiva puede prolongarse durante meses ya que primero debe pasar por la Comisión de Interior que será la encargada de elaborar un dictamen sobre la nueva norma para su posterior aprobación en Pleno.
El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha defendido que por ahora el apoyo es para la admisión a trámite de la iniciativa y lo ha circunscrito a un “aspecto puntual” que es que el reo debe facilitar la localización de la víctima. “Pretendemos iniciar un recorrido, ser responsables y coherentes”, ha señalado. Los socialistas han recalcado que su sí a la toma en consideración de esta proposición de ley busca iniciar un recorrido parlamentario “en el que el Grupo Socialista trabajará para aportar rigor jurídico”. Por tanto, desde el PSOE han recalcado que se aprueba “el inicio de un trámite parlamentario con el objeto de buscar la mejor vía para legislar contra aquellos que asesinan y esconden después el cuerpo de la víctima”.
La prisión permanente revisable fue una medida que aprobó el PP en 2015 aplicando el rodillo parlamentario que le permitía su mayoría absoluta. El PSOE recurrió la norma y se comprometió a derogar la medida pero finalmente cambió de opinión cuando el pasado octubre recibió el aval judicial definitivo del Tribunal Constitucional.
Una polémica norma
Dos años antes de su aprobación el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe muy crítico elaborado por la entonces vocal y hoy ministra de Defensa Margarita Robles que aseguraba: “Nos encontramos ante una auténtica pena de prisión a perpetuidad”. La mayoría de los vocales, sin embargo, no detectaron que la medida impidiese la reinserción de los condenados. El Consejo Fiscal fue más duro en su informe al apuntar a una “exasperación punitiva que puede afectar al principio de proporcionalidad”. El Consejo de Estado se pronunció a favor.
Los tribunales empezaron a aplicar la prisión permanente revisable con algunas dudas iniciales por parte del Tribunal Supremo mientras la proyección pública de la medida seguía creciendo a golpe de crimen.
La prisión permanente revisable terminó desapareciendo del debate público y político, aplicada pacíficamente por los tribunales y dejada de lado como arma arrojadiza de los partidos. Hasta que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional dijo la última palabra judicial y rechazó el recurso del PSOE.
Un pleno dividido con siete magistrados a favor y tres en contra avaló la constitucionalidad de la medida al entender que ni impide la reinserción de los presos ni supone una condena desproporcionada. Los tres magistrados discrepantes entienden, por contra, que supone un retroceso centenario en la política criminal de nuestro país.