El PSOE apremia para renovar ya el Poder Judicial mientras el PP pide más tiempo

La salida definitiva de Didier Reynders de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto las dos velocidades con las que PSOE y PP abordan las negociaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en situación de interinidad desde 2018 por el rechazo de los populares a llegar a un acuerdo. El papel del comisario de Justicia lo ha asumido la vicepresidenta Věra Jourová. El Ejecutivo comunitario se ha mostrado “disponible” para seguir mediando en el “diálogo estructurado” entre las partes. Y mientras los socialistas apremian a cerrar ya el acuerdo, en el PP echan el freno y piden “más negociación”, mientras el Poder Judicial hace aguas.

El paso al lado del comisario para optar a liderar el Consejo de Europa era algo que se daba por hecho cuando Alberto Núñez Feijóo planteó a Pedro Sánchez su mediación para intentar desbloquear el CGPJ, que va camino de seis años de mandato caducado. El presidente del Gobierno aceptó de inmediato, y la Comisión planteó un plazo de dos meses, en principio improrrogable. 

Pero los dos fueron insuficientes. Tres reuniones en Bruselas y una en Estrasburgo no permitieron cerrar un acuerdo. Tras cada reunión, el PP rebajaba las expectativas sobre un posible acuerdo, mientras el PSOE se mostraba más optimista. Concluido el plazo y con Reynders ya de salida, la presidenta, Ursula von der Leyen, optó por prorrogar un mes más la presencia del político belga en el Colegio de Comisarios. Once días antes de concluir este plazo extra, Reynders ha abandonado su puesto por las exigencias de la competición institucional.

“No ha cambiado nada por parte del PP y seguimos comprometidos con esas conversaciones, independientemente de quien sea la persona que participe por parte de la UE”, dijo este lunes el portavoz del PP, Borja Sémper, preguntado al respecto. “No nos preocupa que el señor Reynders no vaya a continuar en ese papel porque estamos convencidos que habrá otro que lo ocupe. Lo importante es seguir avanzando y seguir profundizando” en las negociaciones, añadió.

En el PP mantienen una posición de máximos: la negociación del CGPJ debe ir pareja a una serie de reformas legales e institucionales que van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, e incluso del Poder Judicial y que afecta, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. 

Que el CGPJ esté en funciones desde hace casi seis años no parece importar a los de Feijóo. “Ya llevamos bastante retraso”, ironizaba el pasado mes de febrero un destacado dirigente del PP. Este lunes, en Génova se esforzaron por señalar a Reynders como responsable de que las partes no se hayan reunido una sola vez desde el pasado 13 de marzo.

Presión del PSOE

Desde el PSOE redoblan la presión para cerrar el acuerdo en abril. En la sede de la calle de Ferraz de Madrid sostienen que las negociaciones ya están en su “recta final” y que, por tanto, no esperan otra cosa que no sea un acuerdo inmediato. “Esperamos cerrar un acuerdo muy pronto que ponga fin a esta crisis y atienda al clamor nacional y europeo por la renovación y la recuperación del prestigio y la normalidad institucional en nuestro CGPJ”, apremian desde la dirección de los socialistas.

En el propio equipo del presidente Sánchez prefieren desechar la hipótesis de que el bloqueo del PP trascienda a la mediación internacional de Bruselas, un requisito que recuerdan que fue Feijóo quien lo puso sobre la mesa. “No hay excusas o dilaciones posibles: estamos negociando con el formato elegido por el PP, el mediador elegido por el PP y los plazos asumidos por el PP”, apuntan. E incluso señalan que la persistencia del bloqueo más allá de los plazos apalabrados supondría “un antes y un después definitivo” en la relación con la oposición. 

El mensaje desde el Gobierno es, de hecho, que el acuerdo debe llegar durante el mes de abril de manera improrrogable, tal y como advirtió en público el propio Pedro Sánchez. Pese a las elecciones vascas, catalanas y europeas, y del paso al lado del comisario Reynders, los socialistas creen que cualquier retraso no sería más que “otra excusa” del PP para obviar “el cumplimiento de la Constitución”.

En el PP se aferran a la salida de Reynders para descartar un pacto inminente, pese a que siempre han sostenido que solo faltaba por acordar “una palabra”. La mediación europea ha sobrepasado ya el límite inicial, pero el comisario fue optimista al considerar que el acuerdo estaba “cerca”. De ahí que pretendiera extender el “diálogo estructurado” al menos el tiempo que le quedaba en el cargo [estaba previsto que lo abandonara el 25 de abril, pero las exigencias de la campaña para la secretaría general le han obligado a adelantar su marcha] y que convocara la última reunión en Madrid. 

Esa cita, prevista para el 27 de marzo, no llegó a celebrarse por las pegas que puso el PP. El comisario de Justicia decidió entonces dejar la pelota sobre el tejado de ambos partidos para que le dieran una “señal” sobre su voluntad de llegar a un acuerdo que él veía factible de alcanzar. Reynders asumió que se necesitaba más tiempo, pero la señal nunca llegó. Y así toma el testigo la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourová , que por el momento no da pistas de si volverá a citar a los interlocutores, Félix Bolaños y Esteban González Pons, o dará el margen que había deslizado el político belga. Lo que sostienen en la Comisión Europea es que el proceso sigue su curso y que permanecen “disponibles”.

El Poder Judicial, empantanado

El estado de degradación en el que se encuentra el CGPJ tras más de cinco años de bloqueo se incrementará el próximo verano cuando, salvo acuerdo entre las partes, el órgano quedará de nuevo descabezado. El actual presidente interino, el conservador Vicente Guilarte, verbalizó la semana pasada ante el núcleo duro de la institución que renunciará al cargo el próximo julio. Entonces, los vocales se verán obligados a elegir al tercer presidente “por sustitución” en menos de dos años, tras la dimisión de Carlos Lesmes en octubre de 2022 ante el bloqueo a la renovación. 

Las fuentes consultadas consideran que la decisión de Guilarte es irreversible. Y la vinculan, en parte, a la situación de gran tensión que se vive en el órgano. En los últimos tiempos se han acrecentado los recelos y la desconfianza entre los vocales, que arrastran el desgaste de cinco años de interinidad. Además, en los últimos meses se han acumulado hasta media docena de renuncias de cargos del primer nivel de los órganos técnicos.

La dimisión de Guilarte puede anticipar nuevas salidas, aunque las fuentes consultadas descartan una retirada en bloque que pueda dejar al órgano sin quórum, lo que abriría un escenario inédito pero que nadie se plantea por el momento. 

Si el bloqueo persiste, después del verano el CGPJ se acercará a los seis años de mandato prorrogado con los vocales elegidos hace más de una década cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Si no hay más renuncias, la distribución de fuerzas seguirá siendo favorable a la derecha, con nueve consejeros conservadores y seis progresistas.