En comunicación política se suele decir que en una campaña electoral quien impone el marco, gana. Que el relato o narración responda a la verdad de los hechos y los datos es lo de menos. Ya se sabe que en la política actual la mentira cotiza al alza, la manipulación es un instrumento habitual de trabajo y el listón de la ética desciende a la velocidad del rayo. La derecha nunca tuvo demasiados reparos, pero desde que los de Abascal le achicaron el espacio han decidido redoblar la producción de su máquina de patrañas. Y de ahí la polémica por las declaraciones del ministro Garzón en el periódico británico The Guardian en una entrevista realizada el 14 de diciembre, publicada dos días después de Nochebuena y recuperada por el PP de Castilla y León el 3 de enero con el propósito de construir un marco para la campaña electoral que desviara el foco de la causas judiciales abiertas contra la Junta por distintos casos de corrupción.
Con lo que no contaba Alfonso Fernández Mañueco es con que el sector socialista del Gobierno de España mordiera el anzuelo, diera la espalda a Garzón y se viera atrapado en una narración falaz que ha dominado la escena y el debate político-mediático durante casi dos semanas: que si el ministro había atacado a un sector que exporta más de 12.000 millones de euros al año y emplea a más de medio millón de trabajadores; que si había denostado la calidad de nuestra carne; que si Sánchez debía destituirlo de inmediato; que si la disyuntiva ante las elecciones autonómicas del 13-F era “ganadería o comunismo”...
“Probablemente, no lo hemos hecho bien. Deberíamos haber defendido las palabras del ministro, si bien es verdad que en una campaña electoral se necesita no tener que dedicar tiempo a explicar las declaraciones que uno hace”, admiten fuentes socialistas que, en todo caso, lamentan “haber regalado diez días de precampaña electoral” a un PP, que no sólo quiere desviar la atención sobre la corrupción en la región sino también sobre el hecho de que, salvo mayoría absoluta que no se espera, necesitará a VOX para seguir en la al frente de la Junta y esta vez sí la ultraderecha exigirá entrar en el gobierno.
“Disolvió las Cortes con una mentira [que se estaba fraguando una moción de censura contra él] y ha entrado en la campaña con otro embuste, una supuesta división en el seno del Gobierno en torno a las macrogranjas y la calidad de la carne española”, asegura un ministro socialista.
En La Moncloa comparten que cuando el 26 de diciembre leyeron la entrevista de Alberto Garzón en The Guardian, que estaba incluida en el plan de medios semanal, detectaron algunas frases “que podían provocar cierta polémica”, ya que incluían cierta dosis de recuerdo a una controversia anterior cuando Garzón alertó de la necesidad de reducir el consumo de carne y la firme respuesta de Sánchez en favor de un buen chuletón. También recuerdan que el propio ministro “hablaba en el texto de la disparidad de criterios que siempre hay en un gobierno de coalición” y que “él manifestaba su opinión”, si bien no imaginaron nunca el volumen que llegó a alcanzar dos semanas después la disputa.
De ahí que cuando Mañueco abrió el fuego con una versión manipulada de las palabras de Garzón, los estrategas monclovitas decidieran que las ministras portavoz y de Educación salieran a decir que se trataba de una “opinión personal” del ministro, “como él mismo subrayaba en el texto en cuestión”. El debate no iba, como lo situó Mañueco con ayuda de alguna prensa, sobre macrogranjas sí o no, “sino sobre granjas legales o ilegales”, añaden desde La Moncloa, donde siguen creyendo en todo caso que la alusión a la carne de peor calidad fue “inoportuna y desafortunada”. Y “desproporcionadas”, añaden, las declaraciones de los presidentes socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha al respecto, que fueron los primeros en asumir el marco de la derecha castellanoleonesa.
Garzón recorrió la semana pasada varios medios de comunicación para denunciar una flagrante manipulación de las palabras y al tiempo reivindicar las granjas extensivas frente a las grandes industrias contaminantes, un debate que se libra también en la UE y que ha motivado diferente legislación del Gobierno y varias comunidades autónomas. En todo caso no se sintió respaldado por el presidente cuando en una entrevista en la Cadena Ser el lunes pasado Sánchez declaró lamentar muchísimo “la polémica” y habló de la extraordinaria calidad de la carne española.
Garzón redobló entonces su presencia en radios, diarios y televisiones -con un plan de medios diseñado por su equipo y no en La Moncloa- en defensa de un modelo de desarrollo sostenible y para contrarrestar la falta de apoyo de sus compañeros del Consejo de Ministros. La Moncloa, al ver que el titular de Consumo ensanchaba el espacio donde proyectar su posición decidió que el ministro de Agricultura, Luis Planas, referente indiscutible en Europa y de reconocida solvencia en el sector, saliera también a explicar la posición del gobierno y a centrar el debate en tres medios de comunicación distintos.
Todo esto ocurría entre el lunes y el miércoles. En la mañana del jueves, al comprobar que Garzón mantenía su “road show” mediático y había incluido otras cuatro entrevistas más para el viernes y el fin de semana, los estrategas monclovitas, que no Sánchez, llamaron la atención del ministro sobre la necesidad de bajar los decibelios y así frenar un bucle mediático que beneficiaba sobre todo a la derecha y a la campaña de Mañueco.
Nada de todo esto, confirman fuentes gubernamentales, ha sido motivo de conversación alguna entre Sánchez y Garzón, y tampoco entre el presidente y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que se limitó a decir sobre todo ello que la coalición debía cuidarse un poco más, sin entrar en más disputas. Las ministras Ione Belarra e Irene Montero no han entrado en la polémica, más allá de algún retuit de la cuenta del portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, sobre “el bulo de Garzón y las macrogranjas”, lo que en opinión de la parte socialista revela que el asunto no ha provocado la supuesta crisis en la coalición de la que habla la derecha mediática ni ha sido motivo de debate interno sino un asunto “que ha liderado por su cuenta el ministro de Consumo en busca de un espacio propio”. Quien sí ha sido especialmente crítico con Sánchez y con el PSOE en este asunto ha sido Pablo Iglesias, lo que en Moncloa entienden como un intento del ex líder de la formación de “marcar el paso a Yolanda Díaz”.
Sea cierto o no, lo que sí tienen claro en Moncloa es que no habrá más entrevistas ni de un lado ni de otro de la coalición para “alimentar un falso relato de la derecha” y que la consigna de bajar los decibelios ha sido asumida por todos los miembros del Consejo de Ministros, que en las próximas semanas pretenden marcar la agenda con materias sociales y datos sobre recuperación económica. Esto, además, de denunciar el enésimo intento del PP de deslegitimar el reparto de los fondos europeos que ha empezado con el recurso de la presidenta madrileña ante el Supremo y algunas réplicas en otras autonomías gobernadas por la derecha, en línea con los viajes de Casado a Bruselas para poner en duda la gestión de los mismos por parte de Sánchez.