Tras la orden de Pedro Sánchez y después de varias semanas de negociación en el seno del Gobierno entre los departamentos de Justicia e Igualdad, los socios de coalición buscan 'in extremis' una salida pactada al embrollo legal del ‘solo sí es sí’. El primer paso en público lo dio este lunes el PSOE. A primera hora, el ala socialista del Ejecutivo confirmó que se disponía a “corregir” la norma para evitar los “efectos indeseados” de su aplicación, tras la “alarma social” generada. Un eufemismo que alude a las más de 200 revisiones a la baja de condenas que se están sucediendo en los juzgados y que se ha convertido en un problema para el Gobierno y los partidos que le apoyan, más en un año electoral.
El anuncio unilateral por parte del PSOE de que la ley va a ser corregida ha sido duramente criticado por dirigentes de Podemos, que llegaron a equiparar la postura de los socialistas con la del PP.
Horas más tarde, desde Ferraz se fue un paso más allá para anunciar una proposición de ley encaminada a “elevar las penas de los agresores sexuales”, advirtiendo de que se llevaría a cabo incluso sin el respaldo de su socio de Gobierno. Y el reloj juega en contra porque la intención en la Moncloa es que Sánchez llegue con una solución bajo el brazo al 'cara a cara' que mantendrá este martes en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a primera hora de la tarde. El Ministerio de Igualdad fue mostrando a lo largo del día su disposición a llegar a un acuerdo pero siempre que este respetara el “corazón de la ley”, esto es, el consentimiento como elemento que defina si ha existido una agresión sexual y no la intimidación o la violencia, como sucedía antes.
En realidad, la negociación acumula varias semanas, según han reconocido fuentes del Gobierno a elDiario.es. Las alarmas se encendieron en Moncloa con el goteo de revisiones de penas a la baja, aún después de que la Fiscalía hubiera dictado una instrucción, que solo ha servido para fijar un criterio en los recursos pero que no ha acabado con las rebajas de penas, que han llevado a cabo jueces de todas las adscripciónes, también asociados a Jueces Para la Democracia, la asociación progresista.
En pleno despliegue de la precampaña de las municipales y autonómicas resultaba difícil encontrar algún dirigente territorial o ministro socialista que no estuviese preocupado por cómo podrá influir esta polémica en las urnas. Su propia militancia ha reportado un aluvión de quejas que denotan la perplejidad y la preocupación ante el incesante goteo de revisiones de penas a agresores sexuales por la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’. Un auténtico mazazo para el estado de ánimo de la izquierda a poco más de cien días para que se pongan las urnas y con toda la derecha acusando al Gobierno de dejar en la calle a violadores (por más que en algunos casos las decisiones de los jueces hayan sido adelantar unos pocos meses la salida de condenados que iban a volver a la calle en cualquier caso).
En el PSOE, donde ya habían conseguido introducir a duras penas el relato de la “normalización política de Catalunya” en torno a la también espinosa reforma del delito de malversación, admiten que, para este caso, carecían de argumentos mínimamente defendibles como respuesta para aplacar los ánimos. En público, el ala socialista del Ejecutivo se había limitado a admitir “efectos indeseados” en la aplicación de la norma y a pedir tiempo hasta que existiera jurisprudencia para intentar, sin éxito, capear el temporal.
La orden de Moncloa
Fue el propio Pedro Sánchez quien salió a mediados de noviembre tras las primeras revisiones a imponer un mensaje de cautela a los suyos, que ya habían planteado desde el primer momento la revisión del texto para subsanar las rebajas de condenas. “Se requiere estudiar las sentencias y el texto legal porque no era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores, todo lo contrario”, reaccionó la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, tras hacerse públicos los primeros casos. Al día siguiente, Sánchez puso el énfasis en que se trataba de una “ley de vanguardia” y llamó a la calma: “Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los tribunales y la fiscalía, que unifiquen criterios y, a partir de ahí veremos qué pasos dar”.
Fuentes de la Moncloa admiten que no esperaban que la ola de revisiones alcanzase la magnitud que finalmente ha alcanzado porque, coinciden con Igualdad, estaban convencidos de que los jueces tenían margen para una aplicación distinta de la norma. A medida que se fueron acumulando los casos, en el equipo del presidente se acabó imponiendo la necesidad de actuar y de hacerlo cuanto antes. Según las mismas fuentes, mientras Sánchez y sus ministros mandaban mensajes de tranquilidad en público, intentaban convencer a Montero de que la norma debía ser reformada, aún sabiendo que las revisiones continuarán a medio plazo, dado que el Código Penal establece que debe aplicarse la legislación más benigna al reo.
Aunque las dos alas de la coalición coinciden en que los equipos técnicos de varios ministerios venían realizando un “seguimiento” de la evolución de la crisis en busca de posibles soluciones, fue hace dos semanas cuando a los departamentos de Igualdad y de Justicia llegaron órdenes precisas para plasmar una salida legal a este embrollo.
Desde los gabinetes de Irene Montero y de Pilar Llop confirman que, en efecto, ambos ministerios llevan tiempo intercambiando documentos e intentando pactar una salida con la idea de poder anunciar una solución conjunta que no pusiera en peligro los difíciles equilibrios internos del Gobierno de coalición ni tampoco del espacio confederal de Unidas Podemos.
Según fuentes gubernamentales, el intercambio de papeles entre Justicia e Igualdad se prolongó hasta el sábado por la noche, aunque no fue posible el acuerdo. Ese día La Vanguardia publicó que la ley iba a ser retocada y que sería el Ministerio de Igualdad el que pilotase el procedimiento.
En el PSOE sostienen que hubieran preferido incluso que la reforma de la ley fuese anunciada por el departamento de Irene Montero para trasladar un mensaje unitario desde el Ejecutivo que contribuyese a aplacar la crisis. No fue posible por la discrepancia sobre los términos de la reforma.
En Podemos llegaron a poner encima de la mesa una propuesta que establecía un aumento de penas similar al que contempla Justicia. Pero la fórmula que defiende el departamento que dirige Pilar Llop implica tener en cuenta escenarios de violencia o intimidación para graduar las penas. Un planteamiento que rechazan en Igualdad al considerar que atenta contra el corazón de su texto legal por afectar al consentimiento como centro de la norma.
El PSOE anuncia su propia reforma
Este lunes, y sin esperar a consensuar los pasos a dar con su socio de Gobierno, los socialistas decidieron dar un paso al frente y oficializar su intención de “corregir” la norma del ‘solo sí es sí’ para aplacar “los efectos indeseados de su aplicación”. Y llegaron incluso a detallar la fórmula para llevarlo a cabo. “La fórmula para retocar puntualmente esos efectos indeseados se va a sustanciar en un aumento de las penas de los agresores sexuales”, explicó en rueda de prensa la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que puntualizó que la vía para hacerlo sería el impulso de una proposición de ley en el Congreso de los diputados.
Los socialistas insisten en que esa reforma no altera el reconocimiento a que el consentimiento de la mujer siga siendo “el corazón de la ley”, una de las líneas rojas marcadas por el ministerio de Igualdad. Por eso, confían en Ferraz en que esa proposición de ley sea apoyada también por su socio de Gobierno. Por si acaso, aclaran que, de no hacerlo, seguirán igualmente adelante con sus planes.
“Intimidación y violencia”
Sin embargo, la propuesta de Justicia vuelve a hablar de intimidación y violencia, de manera que serían los ‘medios comisivos’ los que volverían a diferenciar entre penas más y menos graves (como sucedía con el Código Penal anterior, cuando existía una diferencia entre agresión —con castigo más severo— y abuso en función de si se había ejercido intimidación o violencia) y no la mera existencia o no de consentimiento. En Justicia defienden que no se pueden elevar las condenas sin una justificación técnica y afirman que la discrepancia no está en la subida de penas sino en la fórmula que se utiliza para justificarla.
Igualdad rechaza de plano esa idea porque, apuntan, implica renunciar al espíritu de la ley, que puso en el centro el consentimiento, y volver al sistema anterior. Aunque en la práctica el artículo en el que se define el consentimiento no se toque, explican, el hecho de introducir de nuevo la violencia y la intimidación como manera de diferenciar penas implica aplicar el mismo automatismo judicial que diferenciaba entre abuso o agresión sexual. El Ministerio de Igualdad alega que es una forma de desnaturalizar la ley y de eliminar toda la filosofía que tiene detrás.
Desde que empezaron las reuniones entre Igualdad y Justicia a comienzos de diciembre, el ministerio de Irene Montero ha puesto sobre la mesa tres propuestas diferentes. Una de ellas tenía que ver con la reubicación de la disposición transitoria en el Código Penal para dejar más clara la interpretación de la norma, otras dos con las penas y los agravantes. En esta última es donde figura ese punto de encuentro con Justicia: Igualdad estaría dispuesta a tocar los tipos mínimos de las penas.
Podemos acusa a Justicia de querer volver “al modelo anterior” a la ley
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, insistía este lunes por la tarde en el rechazo de su ministerio a la propuesta de Justicia por la manera de abordar ese cambio en los tipos aludiendo a la violencia y la intimidación, “que supone volver al modelo anterior, que implicaba un calvario probatorio para las mujeres”. Según Rodríguez, aceptar el planteamiento de Justicia es volver a que los tribunales “vuelvan a preguntar a las mujeres si se resistieron”. El matiz es importante porque lo que pretendía esta ley es revertir ese aspecto: que baste con que la víctima no haya dado su consentimiento, en lugar de probar su resistencia.
La secretaria de Estado ha admitido -en realidad lo asumen las dos alas del Gobierno- que su propuesta de tocar algunas penas mínimas no solucionaría las interpretaciones judiciales que están concediendo rebajas de condenas, pero sí ayudaría a estrechar el margen de interpretación en un futuro.
En pleno choque entre las dos almas de la coalición, Igualdad abogaba todavía este unes por poner en marcha una batería de diez medidas urgentes que ponían el acento en concienciar a los jueces.
El ministerio de Irene Montero hace un paralelismo entre lo que está sucediendo con la ley del solo sí es sí y lo que ocurrió después de que en 2004 se aprobara la Ley contra la Violencia de Género. Igualdad explica que frente a los 200 recursos de inconstitucionalidad que entonces presentaron los jueces contra la norma —y que hicieron que muchas mujeres vieran sus procedimientos paralizados—, el Gobierno de Zapatero apostó por dar más recursos para que esa norma pudiera aplicarse adecuadamente en lugar de recortar la ley o echar marcha atrás en algún sentido.
De ahí que esa batería que propone Igualdad contenga, por ejemplo, la especialización en violencia sexual de los operadores jurídicos, que se dupliquen los juzgados especializados en violencia sobre la mujer para que una parte estén dedicados exclusivamente a violencia sexual, o que la Fiscalía de violencia sobre la mujer amplíe sus competencias a este tipo de delitos y tenga más recursos.
El departamento de Irene Montero está decidido a lograr un acuerdo pero “blindando el corazón de la ley”. “Queremos llegar a un acuerdo”, subrayaba la secretaria de Estado de Igualdad. En Podemos aseguran que trabajan sobre la base de ese acuerdo y no contempla un escenario en el que el PSOE presione con una ley en el Congreso que solo podría aprobar con la derecha. Para adelantarse a una hipótesis así, Serra afirmó que hay “sectores conservadores” que están presionando a su socio de gobierno “para volver al modelo anterior y echar para atrás el sentido de la ley”.
Los de Ione Belarra temen un escenario complejo como este, en el que podrían verse votando en contra de una reforma del PSOE a la ley insignia de Montero, con la incógnita hasta ahora de la posición al respecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que no se ha manifestado públicamente. Mientras tanto, la mayoría de los socios del Gobierno han hecho también llamadas a retocar el texto, temerosos de las consecuencias que puedan tener en un año electoral que decidirá todo el poder político en España.
Colau pide un ajuste técnico “sin tocar el consentimiento”
Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido hacer un ajuste técnico en la ley del 'solo sí es sí', pero que “no se toque el consentimiento” porque ve la medida como un paso muy necesario que recoge el consenso del feminismo.
Colau ha expresado que lo suyo es que este cambio se lleve a cabo a través de un acuerdo en el Gobierno y que se haga lo antes posible, para no “alimentar a la derecha y a la extrema derecha, que están haciendo juego sucio”. “Sin peleas, ponerse de acuerdo por si puede haber una mejora técnica que se haga ya”, ha lanzado a PSOE y Unidas Podemos en una entrevista de Ràdio 4 y La 2.
La regidora ha pedido además al PSOE no hacer una “batalla partidista” y ha afirmado que las rebajas de penas de agresores sexuales no son consecuencia directa de la ley.