El grupo socialista ha presentado hoy en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama la nulidad de la sentencia de muerte contra el presidente de la Generalitat Lluis Companys dictada en 1939 y 1940 durante el régimen franquista al término de la Guerra Civil.
La iniciativa fue acordada el pasado 14 de julio por el secretario general del PSOE y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en una reunión celebrada en Barcelona, en la que también pactaron una “oferta política” para Cataluña que evite el “choque de trenes” en el referéndum del 1 de octubre.
El texto de la proposición de ley, registrada hoy por la diputada del PSC, Meritxell Batet, declara que las sentencias dictadas por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el 13 de diciembre de 1939, y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, en octubre de 1940, contra Companys, son “ilegítimas, radicalmente nulas e injustas y carecen absolutamente de eficacia y validez”.
Asimismo, se reitera la “ilegitimidad” del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, “constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa”.
También considerada ilegítimas las “condenas y sanciones dictadas por éstos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura, contra quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.
“Condenas -prosigue la proposición no de ley- todas ellas también radicalmente nulas e injustas y carentes absolutamente de eficacia y validez”.
En la exposición de motivos, se recuerda que el pasado 29 de junio el propio Parlament de Cataluña declaró ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamó la nulidad de las sentencias de los mismos, una aprobación que se produjo, por primera vez, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Precisamente hoy, el PDeCat ha propuesto la modificación del artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica para que los juicios “políticos, ideológicos o de creencia” ejecutados durante la dictadura franquista se declaren nulos, y no tan solo ilegítimos, como establece la actual normal aprobada en 2007.
En una rueda en el Congreso, el coordinador parlamentario del PDeCat, Jordi Xuclá, se ha mostrado convencido de que la proposición de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica que ha presentado su partido tiene futuro porque la aritmética parlamentaria lo permite.