Una batalla política más que llega al Tribunal Constitucional. El PSOE ha recurrido la decisión de PP y Ciudadanos de bloquear en el Congreso la fórmula con la que los socialistas pretendieron modificar por la vía exprés la ley de estabilidad para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit. Para los socialistas, esa norma es la única que da a la Cámara Alta la última palabra gracias a una modificación que llevó a cabo el PP en 2012, cuando gozaba de mayoría absoluta.
Así lo ha anunciado este jueves el portavoz adjunto del PSOE, Rafael Simancas, quien ha asegurado que lo hacen “para defender el derecho de la mayoría de los españoles y las españolas representadas en el Pleno a tramitar leyes que beneficien al bienestar del conjunto”. Simancas ha criticado las “maniobras arteras de la minoría de bloqueo que forman el PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso”.
El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la artimaña por la que PP y Ciudadanos boicotearon con su mayoría en la Mesa del Congreso la tramitación en lectura única de una reforma de la Ley de Estabilidad para que, como en el resto de trámites parlamentarios, el Congreso tuviera la última palabra.
La aprobación en lectura única, bloqueada por la Mesa antes incluso de permitir siquiera su debate en el Congreso, evitaría que el PP pudiera enredar la reforma en el Senado.
Para los socialistas, la maniobra de PP y Ciudadanos es inconstitucional puesto que la Mesa del Congreso, que pilota la actividad de la Cámara, impuso su criterio a la Mesa de la Comisión de Justicia, donde la izquierda tiene mayoría. Según el PSOE, ese comportamiento es inconstitucional porque el órgano de gobierno del Parlamento habría hurtado el derecho al debate de los parlamentarios españoles. Se basan en la doctrina de la presidencia del propio Congreso, que así lo estipuló ante un conflicto semejante en 1986.
El Constitucional no se pronunciará a tiempo para la tramitación de la actual senda de déficit aprobada por el Gobierno para el periodo 2019-2021. Los socialistas han hecho coincidir el registro del recurso -anunciado en septiembre, cuando PP y Ciudadanos se opusieron a la tramitación exprés de la reforma de la ley.
El Congreso aprobó la semana pasada esos objetivos de déficit, autorizados por Bruselas, que dan un margen de endeudamiento del 1,8% a las administraciones públicas frente al 1,3% que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para 2019. Esas cinco décimas suponen unos 6.000 millones de euros que se repartirían entre las comunidades (dos décimas), la Seguridad Social (otras dos décimas) y la Administración General del Estado, es decir, los presupuestos (que obtenían otra décima de flexibilización).
Unidos Podemos y los independentistas hicieron un gesto al Gobierno de Pedro Sánchez sacando adelante los objetivos de déficit que rechazaron con una abstención en el mes de julio. Entonces se quejaron de que el Ejecutivo no lo había negociado con sus aliados parlamentarios. Ahora le dieron el 'sí' conscientes de que no tendría mayor recorrido por el 'no' en el Senado y entre advertencias de que ese apoyo no supondría un respaldo automático a los Presupuestos Generales del Estado que María Jesús Montero tiene previsto llevar al Parlamento en enero.
Tras la primera negativa del Congreso a los objetivos de déficit, los grupos parlamentarios comenzaron a buscar fórmulas para sortear el veto del Senado a la senda de déficit. PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís registraron una proposición para modificar la ley de estabilidad. Sin embargo, PP y Ciudadanos la tienen bloqueada en el trámite de enmiendas, como varias decenas de iniciativas en lo que va de legislatura.
Los socialistas intentaron a medidas de septiembre sortear ese bloqueo con una enmienda a la ley del Poder Judicial cuyo plazo expiraba ese mismo día. Sin embargo, la Mesa que preside Ana Pastor lo impidió con el argumento de que ya había una modificación normativa de esas mismas características en el Parlamento.
No es la primera vez en lo que va de legislatura que el alto tribunal tiene que emitir jurisprudencia ante los conflictos partidistas. Recientemente dictó una sentencia sobre el control al Gobierno después de que el PSOE recurriera la negativa de los miembros del gabinete de Rajoy a acudir a las sesiones de control y las comisiones en el Congreso mientras estaba en funciones -el periodo desde que se celebran las elecciones hasta que se configura un nuevo Gobierno-. Fue la primera vez que el Ejecutivo plantaba al Parlamento y el Constitucional le dio la razón a los socialistas: el Gobierno debe someterse al control parlamentario aunque sea en periodos de interinidad.
En este sentido, Simancas ha asegurado que “PP y Ciudadanos decidieron bloquear la ley de estabilidad y 37 leyes más”, en referencia a todas las normas paralizadas en la Mesa del Congreso en esta legislatura. “Leyes tomadas en consideración por la mayoría de los españoles representados en el Pleno y que son paralizadas por el PP y Ciudadanos en la Mesa. No hay derecho”, ha lamentado. “¿De qué leyes hablamos?”, ha proseguido. “De la ley que reconoce el derecho a una muerte digna. De la ley que establece un registro de entrada y salida en las empresas para que no se explote a los trabajadores. O De la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para no limitar el tiempo de instrucción en los casos de corrupción”, ha enumerado.
Simancas ha recordado que “el PSOE ha ganado dos recursos ante el Tribunal Constitucional” en las últimas fechas. “El que reconoce la capacidad de la oposición apra controlar a Gobiernos en funciones. Y el que evita los abusos en la utilización del veto parlamentario”, ha explicado.
El dirigente socialista ha puesto como ejemplo el reciente archivo de la causa abierta contra el expresidente del PP de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. “Fue exonerado en una causa por el bloqueo de la reforma del enjuiciamiento criminal”, ha sostenido. “De facto, Casado y Rivera indultaron al expresidente de Murcia, encausado por corrupción”, ha zanjado.
El portavoz del PSOE ha aprovechado para arremeter contra Rivera. “Se está luciendo. Venía a regenerar la vida pública y ahora está pactando de forma semioculta las poltronas del Parlamento andaluz con un partido franquista, machista, xenófobo y antieuropeo”.