El PSOE se prepara para el 40º Congreso, que servirá para reagruparse en torno a Pedro Sánchez y la dirección espera que sea un cónclave tranquilo y de unidad. Sin embargo, en Ferraz tienen ya sobre la mesa más de 10.500 enmiendas al texto de la ponencia que los 1.082 delegados debatirán repartidos en cinco comisiones. La dirección socialista, mandatada por Adriana Lastra y Santos Cerdán, trabaja en el análisis de esas propuestas para ver cuáles son aceptables o si, por el contrario, hay alguna “bomba” que desactivar, como la tradicional enmienda para abrir el debate sobre la monarquía o la república o la que plantea la “eliminación” del concordato con la Santa Sede frente a la versión descafeinada planteada por la dirección de Sánchez.
Los temas de igualdad y feminismo se han convertido en uno de los asuntos más delicados para los socialistas y más tras la cesión de la cartera a Unidas Podemos. Una de las iniciativas que preocupa ante la cita congresual de los próximos días es la que aboga por derogar la instrucción que permite registrar en embajadas y consulados españoles a niños nacidos en otros países a través de vientres de alquiler.
Hace cuatro años el debate en el cónclave socialista fue el posicionamiento a favor o en contra de esta práctica prohibida en España y el resultado fue un rechazo categórico: la propuesta de regular la “maternidad por sustitución” apenas logró un respaldo del 20% de los delegados de la comisión política. “Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres. El Partido Socialista no puede abrazar ninguna práctica que pretenda socavar los derechos de mujeres ni de niñas ni apuntalar la feminización de la pobreza. Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción”, recogió entonces la resolución del 39º Congreso.
En la actualización de su ideario, el PSOE reitera el posicionamiento “en contra de la llamada gestación por sustitución, alquiler de vientres, vientres de alquiler o cuerpos alquilados”. Ni siquiera Juventudes Socialistas, que en su último congreso se posicionaron a favor de la maternidad subrogada, ha planteando el debate sobre su aceptación en esta ocasión. “Debemos poner el énfasis en las empresas y agencias que mercantilizan con los cuerpos de las mujeres, y aquellas que actúan como intermediarias, prohibiendo esta actividad, fruto de la instrumentalización de la función reproductora de las mujeres”, apostilla el texto de la ponencia. Pero la militancia ha planteado ir un paso más allá al apoyar enmiendas impulsadas por el sector feminista del partido en contra de elementos que terminan facilitando que los españoles se beneficien de los vientres de alquiler gracias a la legislación de otros países, como Ucrania o Estados Unidos, entre otros.
Una de esas piezas es la instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno que establece las directrices para que se puedan inscribir en los servicios consulares menores nacidos “como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución”. El requisito fundamentalmente es la existencia de una resolución judicial del país de origen.
Las impulsoras de la enmienda sostienen que esa instrucción es un “agujero”, según las fuentes consultadas, que “permite de facto la legalización de los menores nacidos por gestación subrogada fuera de nuestro país” –de acuerdo al texto de la propuesta– y por eso abogan por trabajar para “derogarla”. Fuentes de la dirección socialista admiten que la iniciativa es compleja dado que, aunque estén de acuerdo en el fondo, tienen que encontrar una redacción que no suponga la derogación inmediata de la instrucción por el problema que puede suponer para quienes hayan iniciado ya el proceso. Así, reconocen que tendrán que proponer una transaccional genérica del tipo de que no haya beneficio de los vientres de alquiler en el extranjero o establecer un plazo para la derogación de la directriz. “No podemos derogarlo mañana sin proponer una solución intermedia. Hay un interés del menor que hay que proteger. Hay que tener claro que el objetivo es que se derogue, pero hay que establecer un tránsito”, dice una dirigente que apoya la medida.
La otra propuesta para endurecer el rechazo a los vientres de alquiler pasa por clarificar el texto de la ponencia respecto a la prohibición de la práctica de las agencias que proporcionan este servicio. “Propondremos la modificación del Código Penal para la sanción de las agencias mediadoras y personas que lleven a cabo esta práctica en el extranjero o en nuestro país”, dice una de las enmiendas. “¿Por qué estamos permitiendo a las empresas captar o hacer publicidad? Planteamos que hay que hincar el diente a quienes están fomentando esas prácticas”, explica esa socialista.
La batalla que se libró dentro del Gobierno en la preparación de la denominada 'ley trans' se traslada en buena medida al 40º Congreso del PSOE. Hay enmiendas que plantean reabrir el debate interno y posicionarse en contra de la autodeterminación de género que reconoce la norma impulsada por Unidas Podemos frente a otras que apuestan por que el partido se muestre favorable a la misma.
En ese marco se tendrá que abordar un paquete de enmiendas impulsado por un sector feminista del partido para “corregir en el texto la utilización sinonímica que se hace de género y sexo”. “El género es una convención social y existe una discriminación y desigualdad por razón de sexo”, explica una de las impulsoras de ese debate, que considera que una vez que se “ha abierto la puerta a la eliminación jurídica del sexo registral” a través de la ley trans “no es casual que aparezca tantas veces un uso incorrecto y sinonímico del género y el sexo”. En este caso, desde la dirección socialista sostienen que no habrá problemas para sustituir esos términos cuando no estén correctamente utilizados.
Otra de las propuestas es cambiar el concepto “trans” por “personas transexuales”. “El término genérico ”trans“ invisibiliza a las personas transexuales. Además es un genérico inespecífico cuya falta de claridad atenta contra la seguridad jurídica exigida en el artículo 9.3 de la Constitución Española”, según señala la justificación de la enmienda. Igualmente, incluyen la eliminación del '+' en las siglas LGTBI al entender que no es “descriptivo de ninguna tipificación legal concreta”. “El símbolo + es jurídicamente inestable, indefinido e impreciso, lo que genera inseguridad jurídica”, argumentan.
Mientras que la ponencia del PSOE apuesta por que “las personas trans” tengan garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida que el Gobierno de Sánchez recuperó para las mujeres solas y lesbianas que les había quitado el PP, las enmiendas apuestan por incluir un genérico “independientemente de su condición” al entender que la alusión a las personas trans “sin especificar que se hace referencia a las trans-masculinas invisibiliza a quienes tienen capacidad de gestar y abre la puerta a interpretaciones de dudosa intencionalidad ya que podría deducirse, por ejemplo, que se garantiza a personas trans-femeninas el acceso a prácticas como el alquiler de mujeres con fines reproductivos, práctica de explotación del cuerpo de las mujeres”.
Transparencia en las cuentas de Casa Real y banca pública
Pero no son los únicos asuntos en los que Ferraz tendrá que remangarse. Aunque la dirección da por hecho que cortocircuitará (como en todas las ocasiones anteriores) las aspiraciones republicanas, en esta ocasión se han presentado enmiendas que van más allá de la genérica apuesta por la “transparencia y rendición de cuentas” que figura en la ponencia con la propuesta de una ley de la Corona a la que el Gobierno ya ha renunciado o de una mejora de “la trazabilidad de su presupuesto, unificándolo bajo el paraguas de un único ministerio y bajo partidas específicas e inequívocas de la Casa Real, rindiendo además cuentas de sus gastos periódicamente al Tribunal de Cuentas”. Los escándalos del rey emérito también se colarán en el debate a instancias de Juventudes Socialistas, que en contra de lo defendido por el PSOE en el Congreso, defiende una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas comisiones que recibió por el AVE a La Meca.
Las bases socialistas también piden ir un paso más allá en algunos temas económicos. Por ejemplo, varias federaciones quieren impulsar una banca pública y comprometerse a estudiar la planteada por UGT y también por establecer un impuesto a las grandes fortunas, que en el caso del acuerdo programático figura como una posibilidad a estudiar. La financiación autonómica -un asunto que tensiona de manera transversal a PSOE y PP-, también se plantea tanto en la ponencia como en las enmiendas, aunque de manera genérica. Hay varias enmiendas a favor de la armonización fiscal entre comunidades para evitar la competencia desleal de la que se quejan algunos territorios que apuntan directamente a la Comunidad de Madrid. Y es precisamente la federación madrileña una de las que se ha posicionado más claramente al plantear que “la necesaria reforma de la financiación autonómica debe pasar por la armonización de las bonificaciones, deducciones y tipos impositivos en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas”.
Otro de los asuntos en los que el PSOE tiene distintas sensibilidades internas estará presente en el debate. A pesar de que la ponencia dejó fuera la tauromaquia, a la que no hacía ninguna alusión más allá del bienestar animal, hay cuatro enmiendas en contra de los toros: dos apuestan por la extinción de esa actividad y el fin de las subvenciones; otra por que se deje de considerar cultura y otra por prohibir la entrada de los menores de 16 años a los espectáculos taurinos. De nuevo será uno de los temas en los que la dirección tendrá que estar alerta para transaccionar las distintas posiciones.