La ministra de Educación y nueva portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, ha defendido en nombre del partido a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, después de que el Tribunal Supremo ratificara este martes sus condenas por su participación en el caso de los ERE de esa comunidad autónoma.
“Queremos manifestar el respeto a la justicia como siempre hemos hecho. Lamentamos los hechos, que nunca deberían haberse producido, y hubo individuos con conductas reprochables, pero ni Griñán ni Chaves en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada, y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores”, ha señalado Alegría en un rueda de prensa.
El PSOE, ha continuado la ministra, ha expresado su convencimiento de que “ninguno se benefició de un solo céntimo de euro”. De hecho, Alegría ha destacado la “integridad” de ambos expresidentes autonómicos al considerar que renunciaron “a cualquier responsabilidad pública” cuando fueron imputados, un hecho que contrasta, a su juicio, con otros políticos que “sí está demostrado que se lucraron con dinero de procedencia ilegítima”, ha añadido sin citar a ninguno en concreto.
Alegría, quien ha recordado que el procedimiento judicial se inició hace ya once años, también ha defendido que en el PSOE se asumieron las responsabilidades políticas: “No obstruimos a la justicia”, ha señalado, al tiempo que ha aclarado que analizarán el tema en profundidad en cuanto se conozcan los términos exactos de la sentencia.
El fallo del Supremo ha provocado una ola de solidaridad de los socialistas, que han insistido en que no hubo un enriquecimiento por parte de los expresidentes andaluces. Así lo ha reconocido incluso la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, a pesar del esfuerzo que ha hecho Moncloa por separar la reacción del partido, pronunciada por Alegría en declaraciones improvisadas en Ferraz antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El Gobierno muestra respeto por todas las decisiones judiciales. En este caso no conocemos los términos exactos de la sentencia y el sentido de los votos particulares si los hubiera”, ha empezado Rodríguez antes de rematar: “Todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal, esto es concluyente, está en todos los pronunciamientos”.
Lo que intenta alejar el Ejecutivo es la posibilidad de conceder un indulto. “No nos podemos pronunciar sobre hipótesis”, ha respondido Rodríguez: “Es avanzar muchas pantallas”. “El trámite de indulto requiere de muchos trámites previos para empezar la solicitud al Gobierno. Estamos avanzando muchas pantallas. No conviene aventurarse en hipótesis en estos momentos”, ha contestado la portavoz del Gobierno, que ha obviado, no obstante, pronunciarse sobre si considera que lo cometido por Chaves y Griñán es corrupción dado que Pedro Sánchez se comprometió a no conceder medidas de gracia a personas condenadas por ese tipo de delitos.
Críticas a Feijóo
Tras conocer la sentencia del caso de los ERE, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que el caso demuestra “la mayor corrupción de la historia democrática”, pero ha dicho que no piensa utilizarla contra el PSOE.
Alegría, por su parte, ha pedido “pudor” tanto a Feijóo como al PP, pues “es el único partido que está condenado por financiación ilegal y no hemos escuchado una sola explicación por parte de Feijóo”, ha dicho. “Le reitero prudencia porque ha hecho declaraciones en una sede -la de la calle Génova- pagada con dinero ilegal”, ha recalcado la ministra.
En el caso de Chaves, los jueces de la sala de lo penal han confirmado su condena de nueve años de inhabilitación y en el de Griñán de seis años de prisión, lo que implicará su entrada en prisión. La defensa de este último ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional y pedirá suspender la ejecución de la condena.
El fallo no se ha aprobado por unanimidad sino “por mayoría” de tres a dos de los miembros que han integrado la Sala, informa el Tribunal Supremo. Las dos magistradas Susana Polo y Ana Ferrer han anunciado que dictarán un voto discrepante, en el que harán constar que deberían haber sido estimados cinco recursos, entre ellos el de José Antonio Griñán. Ha presidido el tribunal Juan Ramón Berdugo y le han acompañado en el fallo que se ha impuesto Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
Cabe recordar que fue en 2019 cuando la Audiencia de Sevilla declaró probado que en los años noventa la Junta de Andalucía y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas de dinero público para las empresas que contratasen a trabajadores con una edad cercana a la jubilación y también a empresas en crisis.