Las “noticias perturbadoras” –según la definición acuñada por el propio Pedro Sánchez cuando empezó la última oleada de escándalos sobre la fortuna opaca de Juan Carlos I– y cada mensaje que a través de intermediarios manda el rey emérito sobre sus ansias de volver a España incomodan cada vez más en Moncloa. Hace tiempo que el anterior monarca se convirtió en un elefante en la habitación no solo para el Gobierno, también para Zarzuela y el Congreso de los Diputados. Mientras intenta sobrellevar el ruido y aumenta el malestar entre las bases socialistas que reclaman una ruptura más tajante con las actitudes de la monarquía y sobre todo en sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, el presidente tiene claro que el cortafuegos con la evasión de impuestos de Juan Carlos I y todas sus prácticas dudosas es el actual jefe del Estado, Felipe VI.
El PSOE no se sale del guion en su reacción a cada una de las novedades relacionadas con la situación del rey emérito. Y el archivo de la investigación que realizaba la Fiscalía suiza de la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a una cuenta del exjefe del Estado a través de testaferros no es una excepción. “Respeto a las decisiones judiciales” ha sido el mantra que han repetido todos los portavoces socialistas y miembros del Gobierno.
“Absoluto respeto a la Justicia de otros estados y en este caso a la Fiscalía de Suiza”, respondió una vez más la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que tampoco quiso referirse al previsible archivo de las pesquisas del Ministerio Público español, que ha decidido conceder validez a las regularizaciones fiscales hechas por Juan Carlos I, a pesar de producirse después de conocer que había una investigación sobre sus finanzas. “En el caso de la Fiscalía de nuestro país, es autónoma y el Gobierno no debe manifestarse al respecto”, agregó.
El Gobierno elude siempre que puede las preguntas sobre los desmanes del rey Juan Carlos, más allá de determinados gestos como cuando admitió que debe dar explicaciones, pero sobre lo que sí deberá contestar es sobre si el emérito sigue considerándose miembro de la Casa Real. Es lo que quiere saber el juez inglés que instruye la denuncia en que la examante del monarca Corinna Larsen denuncia coacciones y acoso por su partes y de los servicios secretos. De acuerdo a la normativa británica, si está considerado miembro de la Casa del Rey goza de inmunidad. Ese será un importante pronunciamiento por parte del Ejecutivo, que deja claro siempre que su relación es con el actual rey y jefe de la Casa Real, Felipe VI.
Es a Felipe de Borbón, según el Ejecutivo, al que corresponde tomar una decisión sobre la hipotética vuelta de su padre, que periódicamente envía recados sobre su deseo de volver. Ya cuando emigró se produjo división en el Gobierno, al igual que en las filas socialistas reconocían que Emiratos Árabes Unidos no era el mejor destino que podría haber elegido. Pero públicamente el PSOE evita decir una palabra más alta que otra.
“No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión. Corresponde al rey emérito. Por supuesto seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto”, se limitó a responder la portavoz este martes. Fuentes gubernamentales aseguran que no se ha abordado nada relacionado con el regreso del monarca, que supondría, entre otras cuestiones, una movilización del dispositivo se seguridad, del personal desplazado a Abu Dabi y la decisión sobre si regresaría a una residencia pública que supondría un acondicionamiento por parte de Patrimonio Nacional.
La salida de Juan Carlos I de España ya supuso un encontronazo del entonces vicepresidente, Pablo Iglesias, con Sánchez, según reconoció el exlíder de Podemos, que consideró la decisión una “huida” ante la situación judicial a la que se enfrentaba el emérito. No obstante, el socio minoritario de la coalición asumió que en los asuntos de Estado prevalece la posición de los socialistas.
Unidas Podemos, en cualquier caso, tiene claro que seguirá exigiendo una comisión de investigación parlamentaria sobre los desmanes del exjefe del Estado a la que el PSOE siempre se ha opuesto. Y también en la reacción ante el archivo de la investigación en Suiza la respuesta del grupo confederal ha sido distinta a la de Moncloa, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene en ese tema un perfil mucho más bajo que Iglesias.
“Desde el Parlamento no vamos a dejar de batallar para que esos casos sean investigados”, advirtió el portavoz de En Comú, Gerardo Pisarello. Para Unidas Podemos “la decisión de la Fiscalía suiza no desmiente en ningún caso las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre Juan Carlos I” y sostiene que esa investigación “ha puesto luz sobre operaciones irregulares que en España no se habían investigado poniendo como excusa la inviolabilidad de la corona”. Los aliados parlamentarios de la coalición comparten esa posición frente al PSOE, que en los asuntos de la Corona está más próximo a PP, Ciudadanos e incluso Vox.