La construcción del hospital público de Burgos ha costado a los ciudadanos el doble de lo que estaba previsto: las obras se han disparado hasta los 528 millones de euros, mientras que presupuesto inicial era de 242 millones. El PSOE ha acusado al Gobierno de Juan Vicente Herrera de mentir y ha anunciado que denunciará ante el Tribunal de Cuentas el sobrecoste de este contrato, adjudicado a un consorcio de empresas entre las que se encuentra una constructora de Miguel Méndez Pozo, el condenado por corrupción que se iba a encargar del bulevar que provocó la protesta de los vecinos de Gamonal.
El Hospital Universitario de Burgos -inaugurado tres años después de lo prometido- no se financió con el “presupuesto ordinario”. El pago del “canon anual” a 30 años por la “administración” del centro -fijado al principio en 1.000 millones de euros- “será de más de 2.000 millones de euros”, según ha explicado el diputado socialista Luis Tudanca.
“La mayor parte del sobrecoste se deriva de compensaciones por los retrasos, del reequilibrio financiero de la concesionaria y de otros gastos”, ha añadido Tudanca. “Se compensa de forma millonaria a las empresas incluso por el retraso de dos años y medio en la puesta en marcha del hospital”, ha añadido.
La Comisión Europea investiga posibles “irregularidades” en la financiación del proyecto. El estudio de Bruselas deriva de la denuncia de un particular que señalaba la “situación de ventaja y privilegio hacia la concesionaria, como la ampliación del plazo para construir sin tener justificación, el incremento del coste de la obra, la concesión de créditos y avales por parte de la administración adjudicadora, en detrimento de candidatos a los que se ocultó estas condiciones y ayudas”.
“La Junta ha dado trato de favor a las empresas. Se trata de un negocio redondo (...) me gasto mucho más dinero, les garantizo la rentabilidad por contrato y, además, los avalo ante el Banco Europeo de Inversiones para que puedan financiarse. Ningún riesgo, todo beneficio para las empresas”, ha reprochado Tudanca, que también ha denunciado la falta de transparencia en todo el proceso. De hecho, el PP rechazó la creación de una comisión de investigación sobre el hospital de Burgos.
El caso será ahora elevado también al Tribunal de Cuentas para que fiscalice el proceso de ampliaciones presupuestarias concedidas a la UTE de la que es accionista Méndez Pozo. “Probablemente estemos ante uno de los mayores escándalos de nuestro país en lo que se refiere a contratos públicos del que ya veremos qué responsabilidades se pudieran derivar”, ha advertido el diputado.