El PSOE y las derechas tumban la reforma del Código Penal para juzgar los crímenes del franquismo

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con el voto en contra de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, la toma en consideración de una proposición del movimiento memorialista, llevada al Pleno por la CUP, a la que se sumaron el resto de fuerzas nacionalistas e independentistas y que apoyaron después también Unidas Podemos y Más País, que buscaba reformar el Código Penal para poder juzgar los crímenes franquistas en base al derecho internacional, al considerarlos delitos de genocidio o de lesa humanidad. La iniciativa ha sido tumbada con 70 votos a favor, 269 en contra y ninguna abstención.

El texto, que no ha contado con los apoyos suficientes y, por tanto, concluye hoy mismo su tramitación parlamentaria, señalaba que no se podía impedir “el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional”, esos delitos de genocidio o lesa humanidad. La normativa buscaba, según sus proponentes, “reforzar jurídicamente el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

La nueva norma sí ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición del Gobierno, y de los aliados habituales del Ejecutivo, como ERC, PNV, EH Bildu o Compromís, además de la propia CUP, Junts y el BNG. Pero el PSOE la ha rechazado argumentando que el texto “vulnera” los “principios” de “legalidad penal, irretroactividad y seguridad jurídica”, según ha explicado durante el Pleno de este martes el diputado socialista Indalecio Gutiérrez.

“Esta proposición de ley pretende establecer una excepción al principio de retroactividad de las leyes penales”, ha denunciado, argumentando así las razones para no apoyarla. Gutiérrez, no obstante, ha querido remarcar que “nadie puede dudar del compromiso” del PSOE “con las víctimas del franquismo” recordando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la primera Ley de Memoria Histórica hace ya varios lustros y que el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una Ley de Memoria Democrática “cuyo objeto es el reconocimiento de quienes padecieron violencia” en la Guerra Civil y la dictadura.

“Al PSOE lecciones ninguna. Nadie tiene más muertos en fosas comunes y en cunetas que el PSOE y UGT”, ha señalado el diputado socialista, que ha pedido el respaldo del resto de la cámara a la citada ley de Memoria Democrática que se encuentra paralizada en el Congreso en parte por las discrepancias de los socialistas con sus socios parlamentarios.  

Botran: “La memoria no es venganza”

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de la CUP Albert Botran ha asegurado que “la memoria no es venganza”, sino “un derecho a la identidad de las personas, a ver reconocida la legitimidad de una trayectoria de lucha y es un ingrediente para el futuro, clave para las garantías de no repetición”. Según ha explicado, la “posibilidad de acudir al derecho internacional” para enjuiciar los crímenes del franquismo se debe a que se parte “de la consideración de la violencia franquista como un delito de lesa humanidad”, por lo que son “imprescriptibles e inamnistiables”.

Botran también ha considerado como una “paradoja” que “se quieran perseguir delitos en Ucrania y no se haya celebrado ni un solo juicio a criminales del franquismo” en España. 

Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, ha querido “mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas del franquismo” y ha asegurado que con la iniciativa no se le piden “cuentas a la dictadura”, sino que se le exigen “a la democracia, la única en Europa que no ha rendido cuentas” con las víctimas de una dictadura. A su juicio, la “lucha por romper la continuidad entre el franquismo y la democracia” es “una exigencia moral, política y jurídica”. “Que no fueran delitos a la luz de las leyes franquistas no las convierten en legales, no son actos de derecho son de barbarie”, ha remarcado.

En la misma línea se han manifestado otros grupos independentistas con presencia en el Congreso. Bel Pozueta, de EH Bildu, ha asegurado que la propuesta buscaba “apuntalar el derecho a la verdad, justicia y reparación” de los delitos “cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, porque “los cambios supondrían un avance importante para poner fin a la impunidad”. “España no ha investigado ni investiga los crímenes de derecho internacional cometidos durante el franquismo”, ha denunciado, haciendo mención a los distintos organismos internacionales como Amnistía Internacional, que han urgido al Estado a investigarlos.

“Se trata de resolver un caso de justicia y votaremos favorablemente”, se limitaba a señalar Aitor Esteban, del PNV, mientras el portavoz del BNG, Néstor Rego, recordaba que las víctimas “llevan esperando más de 80 años que se haga justicia”, algo que, según él, “negó el régimen de la Constitución”. “Es urgente actuar. Se lo debemos a las víctimas y a la decencia democrática”, ha zanjado. 

Una iniciativa impulsada por CEAQUA

La diputada de ERC Carolina Telechea ha asegurado, por su parte, que la que se debatía esta tarde en el Congreso era una iniciativa “del movimiento memorialista”. De hecho, en el hemiciclo estaban presentes miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) que han impulsado la investigación del franquismo en el país sudamericano y que llevan años tratando de que el asunto pase a manos de los tribunales españoles.

En contra de la iniciativa se han mostrado también PP, Vox y Ciudadanos, utilizando en sus argumentaciones alusiones a ETA o a “dictaduras” como la de Venezuela o Cuba con las que han vinculado a la izquierda y a las fuerzas proponentes.