Un “problema acuciante”. Es el diagnóstico al que había llegado el PSOE sobre la situación de sus cuentas, lastradas por la enorme deuda hipotecaria contraída para la adquisición de inmuebles durante décadas que han completado un emporio inmobiliario: casi 800 locales por toda España. Tras la derrota electoral de 2011, la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba puso en marcha un “plan de gestión del patrimonio” que ha incluido la venta de algunos de esos bienes inmuebles, entre ellos el despacho que el partido había asignado para José Luis Rodríguez Zapatero desde que salió de La Moncloa.
La venta de esa oficina situada en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede federal del PSOE, ha supuesto unos ingresos de 900.000 euros para la organización que lidera Pedro Sánchez y que aparecerán reflejados en los presupuestos que se cerrarán el próximo mes de diciembre.
Zapatero ha sido reubicado en otro piso que los socialistas tienen desde hace años en esa misma calle y que hasta hace un año fue la sede de la Fundación Pablo Iglesias, que ahora dirige la exministra Beatriz Corredor. Hace unos meses, la dirección socialista instaló la histórica fundación en la que fue la sede del equipo de campaña de Sánchez durante las primarias en las que batió a Susana Díaz –a quien apoyaba Zapatero– y Patxi López.
Con unas propiedades cuyo valor superó los 94 millones de euros en 2018, el PSOE está en plena “adecuación” para deshacerse de aquellas “que no son lo suficientemente aprovechadas”, según fuentes de la formación. Una de las principales operaciones inmobiliarias de los socialistas fue la venta en 2017 de la sede del partido en la Comunidad Valenciana por un importe de 5,8 millones de euros. Además, el PSOE tiene en el escaparate desde hace años otras dos posesiones a las que no consigue dar salida: un edificio en la calle Gobelas –al lado de la carretera de A Coruña, en el extrarradio de Madrid, y que fue la sede de una de sus fundaciones y a donde Felipe González se trasladó al abandonar la Moncloa– y un terreno en la Avenida de Alfonso XIII, en una zona acomodada en el norte de la capital.
El PSOE ha conseguido reducir sustancialmente la deuda en los últimos años. Así, en 2015, ascendía a 75,73 millones de euros y en el último ejercicio era de 40,22. En este año, la pretensión de los socialistas es cerrar con 32 millones de euros y que caigan a 27,7 al acabar 2020. La dirección de Sánchez aspira a que la deuda no hipotecaria sea cero en un plazo inferior a cinco años (actualmente asciende a 17 millones de euros), según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El estado de las finanzas ha condicionado la financiación del último ciclo electoral, en el que el partido ha tenido que recurrir a microcréditos de los militantes. Según ha publicado en su página web, el carrusel de elecciones de este año ha supuesto un gasto de 34,77 millones de euros en las generales, municipales y europeas –las autonómicas las contabiliza cada federación–. El grueso de la inversión se cubrirá con las subvenciones públicas, pero los socialistas también lograron financiarse con préstamos bancarios y microcréditos entre la militancia.
La gerencia del PSOE puso en marcha una campaña para recibir fondos de particulares con un interés del 2% de la que obtuvo más de tres millones de euros (2,4 millones para las generales; 438.700 euros para las europeas; y 591.401 euros para las municipales). Fuentes socialistas apuntan a que la cifra supera los cuatro millones teniendo en cuenta las autonómicas.
La decisión de emprender un crowdfunding se tomó ante las dificultades para lograr préstamos bancarios, que hasta ahora habían financiado las campañas de los grandes partidos. La campaña consistió en un sistema de microcréditos. Aún así, el PSOE logró créditos –de “cinco entidades pequeñas” y un “banco grande”, según las mismas fuentes, que aseguran que se publicarán los nombres una vez disipado el horizonte respecto a una hipotética repetición electoral–. En total, percibió de entidades de crédito 18,98 millones de euros para el 28A y el 26M.
No obstante, en Ferraz ponen el énfasis en el esfuerzo que han realizado para reducir el gasto electoral. Según la información que han enviado a los emisores de microcréditos, la organización hizo unos presupuestos muy a la baja con respecto al techo legal que pueden gastar (en función de la representatividad). Así, en las generales tenían un tope de 14,5 millones de euros y se fijaron 8,9 de presupuesto (finalmente se invirtió algo más). Lo mismo sucedió en las europeas (con un techo de 8,87 millones, presupuestaron un gasto de 4,4 y finalmente pagaron 4,8 millones). En el caso de las municipales, se gastaron 5,5 millones frente a los 7,6 presupuestados y los once que la ley permitía.
En una versión anterior de esta información se afirmaba que el despacho del expresidente se trasladaba a la actual sede de la Fundación Pablo Iglesias, en la calle Marqués de Riscal; pero el traslado será a otro piso en la calle Ferraz, propiedad del partido, en la que dicha fundación estuvo ubicada recientemente.