Nada se ha roto pero todo se ha enfriado. Ese es el resumen que hacen en el PSOE de la situación actual en la relación con Junts tras el choque por la tramitación de la ley de amnistía. Después de que los de Carles Puigdemont impidiesen con su voto en contra que la norma pasara el filtro del Congreso por discrepancias con el redactado, los socialistas han impuesto un 'impasse' que en la práctica mantiene congeladas las negociaciones desde la semana pasada. Y la idea es que no se retomen de manera inminente.
Para desbloquear esas negociaciones, el propio presidente del Gobierno llegó a poner sobre la mesa esta semana una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pudiera contentar al independentismo catalán. Una iniciativa que supone enmendar la postura mantenida hasta ahora por el Partido Socialista. “Hay elementos de mejora que podemos incorporar y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, dijo Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta en relación a los recelos de Junts con la aplicación de la amnistía por parte de los jueces.
Sánchez se refirió expresamente al recorte de los tiempos de instrucción. “Hay instrucciones que se prolongan y eso es algo que los propios fiscales han puesto en cuestión”, afirmó en esa misma entrevista. Al día siguiente, la portavoz del Gobierno incidió en el asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es un tema que está sobre la mesa. En ocasiones las instrucciones se alargan mucho y esa reforma va en línea de los pasos dados por el Gobierno y el Congreso para tener una justicia más eficiente”, expuso Pilar Alegría.
Esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal planteada públicamente por Pedro Sánchez genera dudas, sin embargo, en el seno del propio Gobierno. Fuentes del Ejecutivo consultadas por elDiario.es ya enfriaban este miércoles ese escenario, que además tampoco garantizaría la validación de Junts a la ley de amnistía en sus términos actuales.
Sobre esa reforma, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también se mostró escéptica este miércoles. “Por lo que conocemos, parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener”, dijo Díaz en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.
Si se termina por descartar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la estrategia de los socialistas pasa por trasladar la presión del bloqueo de la medida de gracia al seno del propio independentismo catalán. Después de las críticas de ERC a la postura de Junts, en Ferraz aseguran que también existen contradicciones internas entre los de Carles Puigdemont. Y señalan incluso al posible malestar generado en buena parte las bases independentistas, deseosas de ver hacerse realidad la amnistía, por la postura de fuerza de Junts llevada hasta el extremo de votar en contra junto al PP y Vox por no haber visto cumplidas sus exigencias en la redacción del texto respecto a los posibles encausados por terrorismo.
Los puentes no se han roto entre el PSOE y Junts y la sensación generalizada en el Gobierno es que la amnistía saldrá adelante finalmente en términos muy parecidos a los que ahora contiene el redactado de la norma y con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Pero las negociaciones como tal no se han retomado desde el pleno del día 30 de enero y no se espera que sean reanudadas, al menos, hasta después de las elecciones gallegas.
Tras esa votación del día 30 en el Congreso que escenificó la falta de acuerdo entre el PSOE y Junts para sacar adelante la norma más trascendente de la legislatura, la consigna desde la Moncloa fue clara: frenar en seco la dinámica de una humillación semanal con negociaciones al límite que acaban en permanentes cesiones al independentismo.
Con antecedentes como el de las propias enmiendas a la ley de amnistía o como el acuerdo 'in extremis' para delegar competencias en materia migratoria a cambio del apoyo a decretos económicos, los socialistas intentan ahora recuperar la iniciativa en la negociación y hacer valer su principal posición de fuerza: que en el pacto cerrado entre el PSOE y Junts es Sánchez quien ya está en la Moncloa y Puigdemont quien aún debe ser amnistiado.
El siguiente paso en la tramitación parlamentaria será que la Comisión de Justicia del Congreso vuelva a elaborar un nuevo dictamen. La Mesa ha dado de plazo para ello hasta el próximo 21 de febrero, aunque todas las partes prevén que pueda prorrogarse ese plazo otros quince días más en la búsqueda de un acuerdo.