El veto del PP a Unidas Podemos frustra la renovación del Poder Judicial

Todo roto. Otra vez. “Es imposible”. Gobierno y PP dieron por zanjada la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a las 00:22 horas del viernes tras una jornada intensa de negociaciones. El primer intento había fracasado. Las conversaciones que arrancaron la semana pasada tras una llamada telefónica entre Pedro Sánchez y Pablo Casado dieron sus frutos para la elección del Consejo de Administración de RTVE, que se votó con éxito este jueves. Pero la actualización del resto de instituciones se vuelve a frustrar. El veto del PP a las propuestas formuladas por Unidas Podemos para el órgano de gobierno de los jueces ha dinamitado las posibilidades de acuerdo.

“El Gobierno y el Partido Popular han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante el día de hoy para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto”, afirmaba el comunicado enviado por la Secretaría de Estado de Comunicación pasada la medianoche. El PP enviaba un mensaje casi idéntico, pero remarcaba que los contactos habían sido entre “el Partido Popular y el Partido Socialista”, dejando claro que la parte de Unidas Podemos del Gobierno había quedado fuera del diálogo. Ambas partes lo daban, en cualquier caso, todo por roto. ¿El motivo? “Nuestras líneas rojas y las suyas son irreconciliables”, admiten fuentes gubernamentales. “No es fácil, porque el PP ha hecho un caballo de batalla con esto”, añadía este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista en Canal Sur Radio.

El PP rechazó la entrada en el CGPJ de los dos nombres propuestos por Unidas Podemos: Vicky Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. 

Llegado ese punto el PSOE, que hasta tres horas antes de la ruptura confiaba en poder llegar a un entendimiento, se encontraba en una encrucijada: aceptar la negativa de los de Pablo Casado a los nombres que planteaban los de Pablo Iglesias en aras de lograr un acuerdo o mantener la propuesta previamente pactada en el seno de la coalición. Unidas Podemos sostuvo desde que se retomaron las negociaciones que no aceptarían vetos a sus candidatos. No obstante, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran a elDiario.es que los de Pablo Iglesias llegaron a aceptar que solo estuviera De Prada. Pero el 'no' del PP se mantuvo. “No admitimos que veten a Unidas Podemos”, afirman fuentes socialistas.

Con la ruptura de las negociaciones, apenas doce horas después de que el Congreso alumbrara el primer gran acuerdo entre Gobierno y PP de la legislatura con la elección de seis vocales de RTVE, se vuelve a la casilla de salida: el órgano de gobierno de los jueces sigue caducado más de dos años después. Y con él otras instituciones como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, que requieren de una mayoría de tres quintos de las Cortes para ser renovados. También ha saltado por los aires la negociación que más cerca ha estado de prosperar desde que en 2018 un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” la sala más delicada del Tribunal Supremo frustrara la renovación del CGPJ.

PSOE y Unidas Podemos tienen en el cajón la proposición de ley para cambiar las mayorías requeridas para elegir a una parte del CGPJ y permitir así su renovación pese al bloqueo del PP. En las filas socialistas siempre ha habido reticencias a llevar a cabo esa modificación legislativa que se presentó como fórmula para presionar a Casado y se congeló apenas una semana después con el pretexto de darle una nueva oportunidad, tras su viraje durante la moción de censura de Vox. La aspiración de Pedro Sánchez siempre ha sido lograr un acuerdo con el PP, de ahí que la oferta para el reparto del órgano de gobierno de los jueces haya sido generosa para los conservadores, que iban a tener más asientos de los que proporcionalmente les correspondería de acuerdo a la composición del Parlamento. 

En Unidas Podemos apuestan por “pasar a la segunda fase” y aprobar el mecanismo para “desbloquear nombramientos” por mayoría absoluta, en lugar de los tres quintos actuales, según las fuentes consultadas por elDiario.es. 

Mientras tanto, la reforma que sí ha encauzado su tramo final en el Congreso, aunque todavía debe pasar por el Senado, es la que prohíbe a un CGPJ con el mandato caducado, como el actual, hacer ningún tipo de nombramiento. En Unidas Podemos sostienen que el riesgo de que un Poder Judicial de mayoría conservadora siga posicionando a jueces al frente de los tribunales se desvanece con esa reforma, por lo que la capacidad de presión del PP también se vería mermada. Esa reforma sí cuenta con el respaldo del PSOE y del resto de partidos del bloque de la investidura, por lo que su aprobación se da por seguro.

A pesar de que ha tensado la cuerda hasta el final, el PP había defendido su primer entendimiento con el Gobierno este jueves. “Nuestra apuesta es el acuerdo, y así lo hemos trasladado durante esta legislatura con propuesta de pactos de Estado en materia sanitaria, judicial, económica y social”, decía la dirección a todos sus cargos a través de un argumentario favorable al entendimiento con el PSOE –el único interlocutor de los dos partidos que conforman el Gobierno al que reconocía Pablo Casado–. Fuentes de la dirección popular celebraron la renovación de la radiotelevisión pública al considerar que habían logrado colocar a todos los afines que pudieron en el nuevo consejo y tratando de restar importancia al hecho de que algunos de los integrantes pactados fueran propuestos por Unidas Podemos o PNV. “Nuestro acuerdo es con el PSOE y seguiremos negociando con este partido para alcanzar un acuerdo que permita el desbloqueo de los órganos constitucionales e institucionales”, explicaban desde el equipo de Casado este jueves. El PSOE siempre sostuvo que negociaba en nombre de los dos socios de la coalición.

Una puerta giratoria constante

La justificación del veto del PP a Rosell es la relación de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género con Unidas Podemos, Rosell fue diputada de Podemos por Las Palmas en la primera legislatura de 2016, pero tuvo que dimitir acosada por un supuesto escándalo que luego se demostró un montaje de otro juez, Salvador Alba. 

El veto del PP por la filiación política de Rosell se produce a pesar de que las puertas giratorias entre la política y el CGPJ han sido una constante amparada por el bipartidismo en las últimas décadas: exdiputados, ex altos cargos autonómicos e incluso un exministro han formado parte del órgano de gobierno de los jueces, informa Elena Herrera. 

El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue vocal en el CGPJ del 2001 al 2008 (el mandato se alargó dos años por el bloqueo del PP a la renovación) tras haber sido director general en la Junta de Andalucía. En ese mismo periodo, el PP colocó a José Merino Jiménez, que ocupaba el mismo cargo en la Comunidad de Madrid. En el siguiente mandato eligió al que había sido consejero de Justicia con Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Fernando de Rosa. El exministro socialista de Presidencia (1982-1986) Javier Moscoso del Prado y Muñoz también tuvo un asiento en el Poder Judicial entre 1996 y 2001. Álvaro Cuesta, actual vocal, fue diputado y concejal socialista en Oviedo. 

Pero ese modus operandi no se ha limitado al bipartidismo, sino que PNV y CiU, que son las formaciones que tradicionalmente han entrado en el reparto, también tiraron de los suyos: Margarita Uria y Ramón Camp, parlamentarios de esas formaciones, respectivamente, se sentaron en el CGPJ de 2008 a 2013. Años antes lo había hecho el exdiputado nacionalista vasco Emilio Olabarría Muñoz. Otro caso paradigmático fue el de la exdiputada de CiU Mercè Pigem, que dimitió del actual consejo tras ser encontrada en la frontera con Andorra con 9.500 euros.