“Nada”. Fue todo lo que escribió en su diario Luis XVI el 14 de julio de de 1789, en plena toma de la Bastilla, pese a que aquel día empezó la Revolución Francesa y el fin del Antiguo Régimen. La anotación se refería al resultado de la jornada de caza del mismo día en que cayó la monarquía absolutista.
“Nada” es lo que también podrían haber anotado en los últimos días Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, de tener los suyos propios, para el inventario informativo, a pesar de que cada día ha habido conversaciones, decisiones y documentos susceptibles de convertirse en titulares a toda página. Claro que una cosa es lo que se cuenta o se escribe y otra, lo que realmente ocurre. Y lo que pasa exactamente en estos momentos es que socialistas y republicanos están preparados para un acuerdo inminente que desbloquee la investidura de Pedro Sánchez antes del día de Reyes.
La incertidumbre sobre el calendario se mantiene, pero las que siguen son horas decisivas, a tenor de lo que llega desde ambos lados de la mesa de negociación. El fin de semana ha sido clave para avanzar en el documento del acuerdo que, si Sánchez cumple con su palabra, tendrá que conocerse antes de que tenga lugar el pleno de investidura. Y lo mismo con el contenido del pacto de gobierno suscrito con Unidas Podemos.
La previsión es que en las próximas horas se anuncie la “buena nueva” para que ERC pueda convocar a su Consell Nacional y el PSOE, a su dirección federal, para darles cuenta de lo pactado y que sea ratificado. En paralelo, este lunes la Abogacía del Estado ha dado a conocer el esperado informe sobre la inmunidad de Junqueras: los servicios jurídicos han pedido al Tribunal Supremo que permita al líder independentista salir de prisión para cumplir con los trámites para adquirir la condición de eurodiputado.
La ofensiva de la derecha política y mediática sobre presuntas presiones a la Abogacía del Estado ha obligado a la asociación que les representa a emitir este domingo un comunicado “ante las recientes informaciones publicadas” en el que rechazan “cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar” el ejercicio de sus funciones.
“Los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une”, han insistido en el escrito.
En realidad, la Abogacía tenía de plazo hasta el día 2 de enero para pronunciar sus alegaciones ante el Tribunal Supremo respecto a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras. Al final ha sido este lunes, si bien los últimos flecos de la negociación entre republicanos y socialistas nada tenían que ver con la resolución del Supremo, sino más bien con el formato de la mesa de negociación entre gobiernos para encauzar el conflicto político catalán, el calendario de trabajo de la misma y las garantías para el cumplimiento de los acuerdos que en ella se adopten durante los próximos meses. Y eso es lo que se intenta sortear en estos momentos decisivos en una negociación que se ha prolongado demasiado en el tiempo y ha permitido a la derecha instalar el relato de un Sánchez genuflexo ante el independentismo por haber aceptado las exigencias gestuales y políticas impuestas por ERC tales como el reconocimiento de un conflicto político, la creación de una mesa de diálogo entre gobiernos de nuevo cuño o la superación del frente jurídico como respuesta al independentismo, más allá de la paradoja de que quienes más defienden la llamada vía política son quienes más pendientes estaban de un escrito de la Abogacía del Estado que, dicho sea de paso, no es vinculante para la decisión que finalmente tome la sala de lo Penal del Supremo sobre la excarcelación temporal de Junqueras.
Lo cierto es que en todo este proceso ERC es quien ha marcado los tiempos de la negociación en todo momento. De algún modo, debido a su pugna por la hegemonía del independentismo, ha necesitado exhibir que eran ellos quienes marcaban el paso y elevaban el precio para pasar del no a la abstención en la investidura. No en vano, su acuerdo con el PSOE marcará un punto de inflexión respecto a la que ha venido siendo su posición política en el último año desde que tumbaron los presupuestos y arrastraron a Sánchez a una convocatoria anticipada de elecciones.
A nadie se le escapa además que tanto en el independentismo como en el autodenominado constitucionalismo –incluso dentro de las filas del PSOE– hay quien recela de que la estabilidad del país dependa de los votos de los republicanos. Unos por convicción y pura esencia de su ideario político y otros porque quieren desgastar a quienes van a rubricar el pacto. Aun así, si en algo estaban de acuerdo los negociadores es en que debía haber acuerdo y en que no había otra alternativa de Gobierno salvo la explorada por Sánchez.
Sin ratificación de ERC antes de acabar el año
La propia portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, reconoció el viernes que el PSOE carecía de plan B. Y así es. El acuerdo con los republicanos está prácticamente cerrado. El propio Sánchez dijo la noche del sábado a algunos socialistas que era “inminente” e idem Lastra la tarde del viernes, tras su última reunión con ERC. Solo falta que se formalice el cuándo y se conozcan los detalles del documento. En eso andan. El resto está cerrado. Así que estén preparados para el anuncio porque es inminente. En La Moncloa ya lo están para activar la liturgia parlamentaria y que el pleno de marras tenga lugar los próximos 2, 3 y 5 de enero, si bien advierten para curarse en salud: “Puede ser hoy, puede ser mañana… o puede caerse todo y volver a empezar”. Todo es posible, pero esta vez parece que no solo hay avances significativos, sino un texto ya cerrado y bendecido por las partes, si bien ERC ha querido matizar que “analizará internamente los próximos días la propuesta y el estado de las negociación” y, aunque ha convocado a su Ejecutiva para este lunes a las 5 de la tarde, no prevé celebrar el Consell Nacional antes de acabar el año.
Lo que se desconoce también es la respuesta que los post convergentes puedan dar a la nueva entente entre republicanos y socialistas, si se sienten concernidos por lo que diga el texto o si lo utilizarán o no contra ERC en su batalla electoral. De momento, la Junta Electoral decidirá el día 3 -posible fecha para la primera votación de la investidura- si inhabilita a Torra antes de que el Supremo se pronuncie al respecto tras ser condenado por el TSJ de Catalunya por no retirar los lazos amarillos de algunos edificios oficiales. Y la decisión determinará en buena medida la batalla por la presidencia de la Generalitat. Pero esa ya es otra historia.