Acuerdo entre el PSOE y las formaciones independentistas para retocar la referencia que se hace a los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Según las enmiendas transaccionales a las que ha tenido acceso elDiario.es, el pacto supone incluir en la norma de olvido penal del procés los delitos de terrorismo que no hayan generado violaciones graves de derechos humanos.
Esta era una de las líneas rojas de ERC y Junts, que consideran que es la manera de amnistiar a los implicados en el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democràtic. Esas enmiendas también llevan la rúbrica de Sumar, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG. Esto es, de los aliados de la investidura. No las respaldan ni el PP ni Vox. El acuerdo ha trascendido poco después de que se iniciara el debate en la Comisión de Justicia del Congreso, que finalmente ha aprobado el dictamen que recoge este cambio por 20 votos a favor, 17 en contra —los de PP y Vox— y ninguna abstención.
En la anterior redacción del artículo 2, estaban excluidos de la aplicación de la ley de amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre y cuando hubiera sentencia firme. En el nuevo texto únicamente quedan fuera de la norma los actos de terrorismo que “hayan generado una violación de los derechos humanos” que, además, tiene que ser “manifiesta y con intención directa”.
La otra enmienda pactada por el Gobierno de coalición, los independentistas catalanes, EH Bildu, PNV, Podemos y el BNG trata de blindar los “efectos” de la ley una vez aprobada. Así, modifica el artículo 4 para establecer que la suspensión “por cualquier causa” de un procedimiento relacionado con el procés “no impedirá el alzamiento” de las medidas cautelares acordadas antes de la entrada en vigor de la amnistía. Por ejemplo, una orden de detención.
La anterior redacción recogía que, en todo caso, “se alzarán las medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones”. El nuevo texto, al no acotar las causas de suspensión que posibilitan levantar medidas cautelares, deja abierta la puerta a que esas medidas también se levanten si se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para ver si la norma es compatible con el derecho de la UE.
“Intencionalidad” y “gravedad”
En lo relativo al terrorismo se trata de un cambio sustancial que fuentes socialistas atribuyen a un intento de “homologar” el régimen de exclusión de este tipo penal al resto de conductas que también quedan fuera de la aplicación de la amnistía, como los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte o las torturas. Para ello, sostienen estas fuentes, se tienen en cuenta dos nuevos parámetros: la “intencionalidad” y la “gravedad” de la conducta realizada.
El nuevo texto, sostienen en el PSOE, recurre a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, con el fin de ofrecer “una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión”. Antes, el terrorismo era el único delito cuya exclusión venía determinada por el momento procesal en el que estuviera la causa en cuestión, pues lo limitaba a la existencia de una sentencia firme.
Con la nueva redacción, la estructura de la excepción cambia y pivota sobre los dos elementos citados: la gravedad, esto es, la existencia de “violaciones graves de derechos humanos”; y la intencionalidad, que tiene que ser “directa” y “de forma manifiesta”. Los socialistas defienden que esta redacción más “homogénea” de las conductas que quedan excluidas de la aplicación de la amnistía también da más “seguridad jurídica” a la norma.
En los últimos días, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se había mostrado abierto a “dialogar” en el Congreso sobre las enmiendas a la ley de amnistía, aunque siempre que se dejaran fuera de su aplicación los “delitos graves”. “Es un principio en el que estamos muy convencidos”, dijo la semana pasada.
Durante el debate en la Comisión de Justicia, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha afirmado que la voluntad de su formación es “seguir mejorando la ley” y “blindarla” para que “incluya todos los casos de persecución sin excepciones” y tenga “efectos inmediatos en su aplicación”. “Una amnistía en diferido no es una amnistía”, ha aseverado.