PSOE y Junts cierran el pacto que garantiza la investidura de Sánchez

PSOE y Junts han terminado de cerrar definitivamente el acuerdo político que negocian desde hace tres meses para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, aunque la ley de amnistía, el principal punto del mismo y el más polémico, será presentada la próxima semana. “La ley de amnistía está acordada”, ha explicado este jueves el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha matizado que antes de su registro “la tienen que ver el resto de grupos”, que la van a apoyar. “Por eso no lo la presentamos”, ha matizado. El debate de investidura se producirá los días 15 y 16 de noviembre.

Aún faltaría por cerrar el acuerdo del PSOE con el PNV, después de los alcanzados con Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Junts. Fuentes de la formación nacionalista vasca aseguran, no obstante, que siguen “negociando” con los socialistas y que hasta que no se cierre el pacto de forma oficial van a mantener una “discreción total”, informa Iker Rioja.

Tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, han rematado los flecos pendientes y han acordado la oficialidad del pacto de investidura.

Lo que ha sucedido durante la semana por las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont ha sido determinante para obligar a las partes a hacer una relectura de la ley de amnistía. No obstante, Santos Cerdán ha asegurado que “ley está acordada”. Ahora son “el resto de partidos” que apoyarán la investidura “los que tienen que revisarlo”, informa Irene Castro.

En el texto, adelantado por La Sexta, PSOE y Junts asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio “existe una oportunidad” para una “resolución” del conflicto entre el Estado y Catalunya que “debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad”. Ambas fuerzas “apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.

El contenido del acuerdo

En primer lugar, el PSOE y Junts “reconocen sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. Y es que Junts considera “legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017”, mientras el PSOE “niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”.

Sin embargo, las dos fuerzas “constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”. PSOE y Junts han acordado dotarse “de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

Es en ese marco en el que ambas partes tendrán que acordar, en su caso, “la metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre, en la que el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento del que se han dotado, desarrollará la negociación entre las partes”. “En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos”, añaden en el texto.

En el primero de esos encuentros, que será este mismo mes, Junts “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Y el PSOE “defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.

Financiación de Catalunya y amnistía

Por otro lado, “Junts propondrá de entrada una modificación” de la ley de financiación autonómica que “establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”. El PSOE, apunta el acuerdo, “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”. La idea es impulsar “un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.

Respecto a la ley de amnistía el acuerdo se limita a señalar que el objetivo de la misma es “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”. “Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, apunta.

También se contempla que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse “situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Todo ello facilitará la investidura de Pedro Sánchez “con el voto a favor de todos los diputados de Junts”, que son siete. Pero también se recoge un compromiso por “la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”.

Los escollos finales

Con los trabajos ya muy adelantados desde hace semanas, una presión que arreciaba por tierra, mar y aire, y una vez Junts había dejado claro que ya había trastocado el calendario inicial de Pedro Sánchez, que contaba con que las negociaciones irían más rápido, era cuestión de horas que se formalizase el anuncio.

A la ofensiva judicial del CGPJ y de la Audiencia Nacional se ha sumado en los últimos días las protestas alentadas por Vox en las calles de Madrid y hasta una carta del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en la que pide información al Gobierno sobre la ley de amnistía antes de que se presente. PP y Ciudadanos se han arrogado el mérito de esta inédita petición.

Ahora, el acuerdo deberán avalarlo las bases de Junts, aunque en la dirección consideran que no debería haber problema para que lo hagan porque no solo se tratará de un pacto que ha negociado Puigdemont, el nombre con mayor ascendencia en este espacio, sino que además se ha implicado a Laura Borràs en las conversaciones y confían en que eso pueda frenar las tentaciones de desmarque de los sectores más duros del partido.

Sobre el retraso en las negociaciones durante los últimas días a cuenta de los escollos encontrados sobre la dimensión de la ley de amnistía, los independentistas insisten en que las prisas del PSOE nunca fueron las de Junts. El equipo de negociadores, con Puigdemont al frente, han insistido siempre en que, por más que se especulase con las fechas sobre la presentación de la proposición de ley sobre la amnistía o la convocatoria del pleno de investidura, la presión no les afectaba.

La foto del ministro Félix Bolaños con Oriol Junqueras, con ERC atribuyéndose avances en la ley de amnistía que Junts consideraba que los republicanos no debían apropiarse, ralentizaron las conversaciones. A la competición entre Junts y ERC se sumó un elemento no previsto: la decisión del juez Manuel García Castellón de vincular un muerto por infarto con el “terrorismo” de Tsunami Democràtic.

Pero lejos de hacer zozobrar las posibilidades de pacto, las dos partes negociadoras han mantenido intactas sus intenciones de salvaguardar las conversaciones de cualquier influencia externa para concretar el pacto.

El propio Pedro Sánchez había lanzado este miércoles una llamada a ese acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, apuntó. El mensaje, remitido en una carta a la militancia del PSOE, sirvió para reafirmar la voluntad intacta del presidente en funciones de rematar con Junts el entendimiento de cara a un acuerdo.

“Si algo demuestran estos días tan aciagos que estamos pasando es la necesidad de que salga adelante, que este país sea gobernado por el PSOE desde la razón y desde los principios que siempre hemos defendido: la libertad, la democracia y la convivencia”, les dijo también en persona a los trabajadores de la sede de la calle Ferraz, a los que quiso trasladar su apoyo ante unas “intimidaciones” que, según apuntó, “no conseguirán amedrentar a los socialistas”.